12 de Ago de 2022

Economía

Productores de Barú exigen participación en tierras de la Coosemupar

Un grupo de productores de palma aceitera y papaya, llevan más de 15 años cultivando en los terrenos que el Gobierno incluyó en el contrato

Productores de Barú exigen participación en tierras de la Coosemupar
Los productores sostienen que el proyecto de ley no fue consultado.

Los productores de palma aceitera, plátano y papaya, que llevan más de 15 años utilizando las tierras que le pertenecían a la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar), están en pie de guerra dado que una vez aprobado y promulgado el proyecto de ley 488, que avala el contrato entre el Estado y la empresa Banapiña Panamá, S.A. (Del Monte) será desalojados a más tardar 18 meses.

El contrato que se discute hoy, martes, en tercer debate de la Asamblea Nacional señala que las fincas propiedad de el Estado que se encuentran ocupadas por invasores a la firma del contrato, serán desalojados por la polícia regional.
"Desde las 11:00 a.m. estamos apostados en la Asamblea, pues ayer nos engañaron que nos atenderían y nos tuvieron todo el día esperando esa atención en la Asamblea hasta casi las 11:00 p.m.", indicó Ada Pinzón, representa de las pre cooperativas Rodolfo Aguilar Delgado, de Servicios Múltiples Unión de Productores Agropecuarios y Artesanos y la pre cooperativa Lucha Campesina.

Pinzón manifestó su descontentó con el proyecto, ya que el mismo no fue consultado y no se tomó en consideración los años de acercamiento con los diversas administraciones gubernamentales, las propuestas de compra por parte de los productores ni la inversiones que han realizado los ocupantes.

"Los productores estamos pintados de guerra, porque la nos están metiendo un gol, pues el contrato dice que es de Barú, pero está incluyendo otras áreas de la provincia como Alanje y en Bocas del Toro, Puerto Armuelles. A quén le consultaron este proyecto, si 200 extrabajadores de 1,770 que recibieron una hectárea de forma individual se oponen al contrato".

"Cómo este gobierno no va a sacar si tenemos varios años diciendo que estamos allí", señaló la Pinzón. "Este es un contrato chanchurrío, porque este contrato de ley está entregando todas las aguas a la empresa, también establece que extranjeros vendrán a trabajar, además exoneran a la empresa de impuestos", agregó.

Por su parte, Johnny Martínez Villamonte, miembro activo de la Asociación de Productores e Industriales de Barú (Asprobaru) -grupo de 600 personas que exige se les entregue una hectárea de tierra de la Coosemupar-, señaló que "estamos deacuerdo a la inversión que se vaya hacer en el área, siempre y cuando se tome en consideración nuestras aspiraciones, que está evidentemente esta dirigida en la adjudicación de la tierra a una hectárea por socio".

El planteamiento de Martínez Villamonte se justifica en que en el año 2012, el Gobierno repartió 2,400 hectáreas entre otros extrabajadores de la Coosemupar, este grupo no fue considerado por el censo de la Autoridad Nacional de Tierras.
"La Asprobaru la conformamos 238 extrabajadores administrativos y jornaleros de campo y otros 402 extrabajadores, y surge de forma legal en el año 2014 cuando recibimos la personería jurídica", sostuvo Martínez Villamonte.

El integrante de la Asprobaru, reitera que tiene derecho a la hectárea, ya que es extrabajador y formó parte de la Coosemupar por ocho años, y al momento de la liquidación por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo Ipacoop mantenía una licencia sin sueldo, para administrar la regional en Chiriquí de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Durante la discusión del proyecto el viceministro de Economía, Iván Zarak, expresó que este contrato ley tiene como objeto la reactivación de la actividad bananera en la provincia de Chiriquí, por parte de la empresa Banapiña de Panamá, S.A. (Del Monte), que creará nuevos empleos e inversión económica de impacto directo e indirecto en el aspecto social y económico de la zona.

Zarak señaló que el contrato ley tiene como antecedente legal la Ley 13 de 1998, que aprobó el contrato que permitió operar en la División de Puerto Armuelles. La empresa Chiquita International Limited (CIL) hasta el año 2003 y que en general rige aún en Bocas del Toro y que el cese de las actividades de Chiquita en el distrito de Barú, afectó profundamente a la población de la zona.

"El presidente Juan Carlos Varela instruyó a un equipo interinstitucional la puesta en marcha de acciones tendientes a coadyuvar a la reactivación de la producción y exportación de banano desde el distrito de Barú y que concluyó con el levantamiento del contrato que es sometido a esta cámara para ser aprobada mediante ley, para gestar puntualmente el inicio de labores agrícolas en la zona del corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado y cesar con la zozobra que padece la región occidental del país y muy especialmente el distrito de Barú", apuntó Zarak.