El Gobierno debe $92.4 millones por sentencias y arbitrajes

El gobierno de Panamá tiene cuenta por pagar a diversas empresas y personas que ascienden a $92.4 millones, debido a sentencias ejecutadas y arbitrajes en donde se le condenó a pagar, revela un informe al mes de abril de 2017 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el informe del MEF, el Estado panameño adeuda a Jaime Berrocal $24.5 millones por la expropiación de fincas en la Provincia de Panamá. Este compromiso financiero tiene como fundamento la sentencia 46-11 del 6 de diciembre de 2011, ejecutada por el Juzgado Sexto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El gobierno debe también $23.2 millones por una indemnización pendiente a favor del Consorcio Van Dam, Sosa y Barbero, por un laudo arbitral del 20 de mayo de 1999, ejecutado en un tribunal arbitral.

Tiene cuentas por pagar, además, por aproximadamente $10 millones a Inversiones Monedas Consolidadas, por la expropiación de la finca número 651 y 257. La misma tiene como sustento la sentencia 15 del 2 de junio de 2008 del Primer Tribunal Superior de Justicia.

Al mismo tiempo, adeuda $7 millones a los extrabajadores de Air Panama, por un reclamo de cuotas obrero patronal. Este era un derecho adquirido por la Ley No. 51 de 27 de diciembre de 2005, y el caso fue ganado por los trabajadores en los tribunales de Derechos Humano.

También el gobierno debe $5.4 millones a la compañía Java Inversiones, por una indemnización por gastos incurridos en el contrato 23290 JAPAC-FIS, ejecutado por el Programa de Ayuda Nacional. La sentencia de este caso fue ejecutada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia en el año 2013.

Con Mapfre Panamá, el gobierno tiene varios compromisos financieros, se observa en el detalle del reporte gubernamental. El Estado debe a esta compañía más de 12 millones por el incumplimiento de varios contratos, de acuerdo, todas, a sentencias del pleno de la Corte Suprema de Justicia.

A Pablo Rueda Romero y otros, el Estado debe $2.7 millones, por la expropiación de una finca ubicada en Pacora. La sentencia fue ejecutada también por el pleno la Corte Suprema de Justicia, en 1999.

A los extrabajadores de los Casinos Nacionales, el Estado panameño adeuda $2.1 millones, por pagos pendientes del 6% correspondiente a utilidades y bono navideño, según acuerdo entre la asociación de empleados de los Casinos Nacionales y el Gobierno Nacional. Este compromiso fue publicado en la Gaceta Oficial 23469 del 28 de enero de 1998.

El gobierno también adeuda $1.5 millones a Justiniano Cárdenas, por expropiaciones de fincas, un millón de dólares a la empresa Alturas de Cero Campana, por una expropiación que sufrió, $900 mil a la compañía Aguaseo, por una indemnización por terminación de contrato, y $437 mil a Motonave Dorion, para resarcir al dueño por el incendio que sufrió la embarcación en el Puerto de Vacamonte.

Igualmente, debe $385 mil a la compañía Motonave Diana IV, por la pérdida de la embarcación mientras estaba en custodia de AMP, $263 mil a Nacional Hotelera por servicio ofrecido al gobierno por Nacional Hotelera, $216 mil a los trabajadores de carrera administrativa, por pagos de salarios caídos por parte del Ministerio de Obras Públicas y $200 mil a María del Carmen Lezcano, por reintegro.

El Estado también tiene cuentas pendientes por pagar a Roberto Palacios, Ofelina Elena Velásquez de Díaz, Julio Aguilera Bieberach y otros, María Lawson, Edgar Betancourt, María Mela de Patiño, Carlos Danilo Quintanar, Candida Rosa Abre Gonzalez y otros, y Chong Chi Pen y Fan Li Fan.