La Estrella de Panamá
Panamá,25º

18 de Oct de 2019

Economía

Se activa debate sobre la penalización de evasión fiscal en la Asamblea

El órgano legislativo debe pisar el acelerador de cara a la revisión país pautada para fines de año

La asamblea discute la penalización de la evasión fiscal por montos mayores a $300 mil.

La Asamblea Nacional inició ayer el debate del proyecto de  Ley Nº 591 que propone la penalización de la defraudación fiscal, una iniciativa  que permitirá blindar al centro financiero así como a las actividades logísticas y de servicios legales  de Panamá contra el posible uso de la evasión fiscal y el lavado de dinero a juicio del gobierno.

El Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, señaló que la tipificación de  defraudación fiscal como delito "es urgente" debido a que el incumplimiento de las normas internacionales establecidas  conlleva serias consecuencias para una economía basada en servicios legales, financieros y logísticos como la panameña.

El comunicado oficial hizo referencia a la recomendación número 3 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para que se incluyan una gama de crímenes fiscales entre los delitos que deben tipificarse como  precedentes al blanqueo de capitales.

Aunque Panamá ha adoptado mayoritariamente los estándares internacionales en esta materia, al menos aprobando las leyes, aun no cumple con la recomendación que requiere que se tipifique el delito fiscal como precedente al blanqueo de capitales, dijo el gobierno en un comunicado.

En 2014,  tras la inclusión de Panamá  en una “lista gris” de GAFI,   la banca nacional perdió relaciones de corresponsalía, lo que provocó que  muchos bancos  no pudieran realizar transacciones internacionales. El gobierno impulsó nuevas leyes con el propósito de adaptar al país a los estándares internacionales y eventualmente salir de las listas.

De La Guardia subrayó que la penalización de la defraudación fiscal es controversial, pero que el debate "debe hacerse responsablemente,  para ser abordado como un tema de Estado".

La propuesta establece como delitos aquellos montos que superan los $300 mil dentro de un periodo fiscal. El gobierno dijo que la ley "no tiene como fin privar de libertad a nadie en particular"  y  se establece que "será el Tribunal Administrativo Tributario, la instancia que referirá los casos al Ministerio Público".