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18 de Oct de 2019

Economía

Banca teme que al penalizar la evasión, se use para intimidar

Reducen un año a la pena máxima originalmente propuesta. Mientras el sector privado reconoce la necesidad de penalizar, temen por seguridad jurídica

La banca brinda su punto de vista debido a que la norma podría ser ‘mal utilizada para persecución'.

La penalización de la evasión fiscal se encuentra en un laberinto a menos de un año de culminar la actual administración de gobierno.

Durante las negociaciones para la exclusión del país de sus listas negras, los organismos financieros internacionales —entre ellos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI)— pidieron a Panamá que penalizara la evasión fiscal y la catalogara como delito precedente al blanqueo de capitales.

Pero aún el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), promotor del proyecto de ley 591, que contempla la penalización de la defraudación fiscal, continúa consensuando y modificando la propuesta por el temor de los grupos económicos a que sea utilizada como arma de persecución política.

En la iniciativa presentada en enero pasado en la Asamblea Nacional por el entonces titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, se disminuyó de cinco a cuatro años de cárcel el periodo de pena máxima por la evasión de impuestos por encima de los $300 mil. Así, la pena sería de dos a cuatro años por el delito de evasión fiscal.

Carlos Berguido, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), durante un acercamiento con medios en la tercera Cumbre Financiera Internacional de Panamá comentó que ven con buenos ojos los cambios que ha tenido la norma, pues temían que pudiera ser ‘mal utilizada como una herramienta de persecución política'.

‘La norma ahora plantea que aquellos que evadan al fisco, y sea comprobado, paguen con prisión preventiva', indicó Berguido, y acotó que ‘hay consenso entre las partes que estamos discutiendo el borrador final'.

Durante la conferencia de prensa, Carlos Troetsch, presidente de la ABP, señaló que la salud fiscal y macroeconómica de Panamá requiere que se combata la evasión tributaria, la que, según la Dirección General de Ingresos, es de magnitud mayor.

‘Nuestro país se encuentra en una lista de solo tres jurisdicciones en América que no considera aún a la evasión tributaria como delito, y lo justo es que esa situación cambie', apuntó Troetsch .

Además, dijo, se ha convertido en un imperativo para que Panamá no vuelva a ser incluida en las listas discriminatorias de países con quienes mantiene relaciones comerciales, financieras y diplomáticas estratégicas y vitales.

Banqueros, preocupados por tema FECI

En conferencia de prensa, la Asociación de Bancos de Panamá (ABP), en el marco de la III Cumbre Financiera Internacional de Panamá, hizo un llamado para considerar los efectos adversos del proyecto de ley que busca desviar los recursos del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) para apoyar el gasto en instituciones relacionadas con el sector agropecuario.

Carlos Troetsch, presidente de la ABP, aclaró que ‘este proyecto, que ha sido objeto de múltiples observaciones por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá, sin lograr ayudar a los beneficiarios originales, que eran los productores agropecuarios, pretende desviar el producto de una sobretasa de interés para apuntalar los presupuestos de algunas instituciones ligadas al sector agropecuario, pero al hacerlo, se corre el riesgo de quitarle al Ministerio de Economía y Finanzas los recursos que utiliza para apoyar los subsidios a las tasas de interés preferencial que se otorgan a los préstamos hipotecarios residenciales de bajo costo'.

Una ley como esta podría afectar gravemente a uno de los pocos segmentos de la actividad construcción que mantiene su dinamismo, y responde a la demanda habitacional, indicó. Además de que se podría ralentizar el sector de la construcción, que ha perdido dinamismo.

Tratar de ayudar a instituciones relacionadas con el sector agropecuario, afectando al sector construcción y sobre todo a las familias que necesitan vivienda de bajo costo, sería una medida recesiva que afectará la economía y el bienestar de los panameños.