Discordia por el aporte de salarios públicos al fondo solidario

Luego que el presidente anunciara que en la próxima semana daría a conocer las reducciones de salario a funcionarios que devengan más de mil dólares mensuales y que contribuirán al fondo solidario de Panamá, distintos sectores reprocharon la iniciativa, ya que consideran que existen otros mecanismos económicos para suplir el fondo. 

Los abogados Ariel Corbetti, José Alberto Álvarez, y el secretario general de Convergencia Sindical, Eduardo Gil, coincidieron en que si el Estado quiere realizar reducciones puede empezar por aplicar medidas de austeridad temporales en las planillas de forma porcentual, por categoría (especialmente en los altos ingresos), así como eliminar los gastos de representación, bonos, viáticos y otros beneficios que pueden ser destinados al fondo, ”antes de afectar el bolsillo de los trabajadores”. 

Álvarez recordó que otra disponibilidad que tiene el país es el subsidio electoral y del que destacó que si la Asamblea Nacional (AN) aprueba tal mención, daría razones al Estado para no tocar los salarios de los trabajadores. 

Los sueldos de los funcionarios públicos se encuentran protegidos por la Ley 92 de 1974, así como en el artículo 71 de la Constitución.  

Gil, dirigente de Convergencia Sindical, por su parte, expresó que "la clase trabajadora no debe pagar los daños que ocasiona el COVID-19 en el país".

Corbetti explicó que un funcionario que gana nominalmente $1,000 por mes, en realidad recibe menos de eso luego de aplicadas las deducciones legales.  “Hay que ver si cuando el presidente habla de salarios de $1,000 era en nominal o real”, comento. Así mismo dijo que en lo personal no hubiera recomendado modificar los salarios de $1,000 sino los de $5,000. 

El Partido Panameñista, en un comunicado mostró su preocupación de cómo esta iniciativa puede llegar a violar normas y preceptos constitucionales, medidas legales e incluso convenios internacionales suscritos por Panamá. 

El diputado, Luis Ernesto Carles, durante su participación en el pleno de la AN este miércoles, advirtió al presidente sobre las posibilidades de que su equipo legal lo esté asesorando mal sobre el tema, al conocerse que a los funcionarios no se les puede descontar salario, ya que la Ley 92 y el artículo siete de la Constitución no lo permiten.

El presidente Cortizo, por su parte, a través de su cuenta de Twitter informo que los únicos que quedarán exento de la propuesta serán el personal del Ministerio de Salud, la Policía Nacional, educadores, entre otros. 

Sobre este punto, Augusto Berrocal asesor legal de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) manifestó que espera que en ese listado se incluya a los colaboradores del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, las juntas comunales, alcaldías y gobernaciones. 

Berrocal indicó el presidente debe formalizar la idea en la asamblea con una ley que permita un debate de todas las partes involucradas y esperar si se aprueba o no. 

El diputado independiente Juan diego Vásquez, recomendó  dar oportunidad al presidente para que explique de forma detallada  todas las disposiciones que busca realizar antes de poder emitir un juicio.