Gobierno paga alrededor de $300 millones en subsidio de energía

El Estado de Panamá pagará $285 millones durante este año 2020 en concepto de subsidio de la tarifa eléctrica. Así lo confirmó una fuente del Consejo de Gabinete a La Estrella de Panamá.

De este monto, $173 millones forman parte del fondo extraordinario de estabilización tarifaria surgido por la pandemia de la covid-19 y que se ha hecho efectivo entre los meses de marzo a diciembre de este año.

Este sería el tercer anuncio que hace el gobierno en materia de subsidio extraordinario; el primero fue al comienzo de la declaratoria de emergencia en el mes de marzo, el cual se extendió hasta junio; luego se dio una prórroga de tres meses que vencía en el mes de septiembre. Finalmente se anunció la extensión del beneficio hasta diciembre. La propuesta es parte de las acciones para la recuperación económica del país.

Un comunicado de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) informa que el Estado extendió el subsidio extraordinario de estabilización tarifaria por tres meses más, es decir llega hasta el 31 de diciembre. Anteriormente, esta contribución estaba programada a septiembre de 2020.

La nota de la Asep explica que este subsidio beneficia al 95% de los panameños que pagan la tarifa BTS, es decir clientes residenciales que consumen de 0 kwh hasta 1,000 kwh, además se suman pequeños y medianos comerciantes que están en las tarifas BTD y BTH.

Ante el anuncio que ha hecho el gobierno de extender por tres meses el subsidio extraordinario de estabilización tarifaria generado por la pandemia del covid-19, han surgido voces a favor y en contra de la medida.

Víctor Urrutia, experto en el mercado energético y quien durante las administraciones de Martín Torrijos y Juan Carlos Varela fungió como administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y secretario de Energía, respectivamente, asegura que la medida del subsidio extraordinario, además de mal enfocada, es innecesaria.

Las razones de la postura de Urrutia, de una contribución que ha sido vista con buenos ojos por un alto porcentaje de la opinión pública, obedecen, según el experto, a que existen otras necesidades de mayor importancia.

“Creo que el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo de subsidiar y estimular el desarrollo económico del país y me parece que hay materias que son de más alto impacto y mucho más urgentes que subsidiar el costo de la energía eléctrica”, destacó Urrutia.

Urrutia aboga por la inversión del capital del Estado hacia la reactivación de la economía, porque de esta manera se podrían generar más empleos y las personas estarían en la capacidad de afrontar el costo de la energía sin necesidad de subsidios y moratorias.

A juicio del exfuncionario, estos fondos del subsidio eléctrico podrían utilizarse mucho mejor en el incremento del bono solidario, es decir, para la alimentación de la gente y para la reactivación económica, por considerar que gran parte de estos fondos van dirigidos a residencias de lujo, que son el grupo de consumo hasta 1,000 kwh. “Este grupo de clientes no necesita subsidio”, destacó Urrutia.

Rolando Gordón, exdecano de la Facultad de Economía, mira con buenos ojos el incremento de este aporte del Estado y asegura que es un respaldo significativo a una clase media que ha resultado ser la más afectada por la pandemia, debido a la suspensión de muchas actividades comerciales por la cuarentena y que se ha venido recuperando lentamente.

“El impacto del subsidio eléctrico que se da en tiempos de covid ha ayudado bastante; incluso a los sectores de clase media nos ha favorecido”, dijo el economista.

Sin embargo reconoce que se trata de un paliativo, porque después la población seguirá pagando una tarifa que es considerada una de las más altas en la región.

A juicio de Gordón, las autoridades deben ir pensando en la revisión de las herramientas que forman el sistema del mercado energético, para buscar mecanismos que vayan dirigidos a reducir el costo de la tarifa eléctrica.

El economista considera que la situación que hace a Panamá tener una tarifa alta en comparación con otros países de la región, obedece a la forma como fue diseñado el mercado energético ya que promueve el monopolio comercial.

Pedro Acosta, en representación de los consumidores, reconoció como positiva la medida del subsidio extraordinario de la energía, pero asegura que el problema mayor será después del 31 de diciembre cuando quiten este beneficio. “Lo que viene es otra pandemia, porque las empresas vuelven a cobrar lo que se les debe”, agregó Acosta al hacer alusión al tema de la moratoria que también se ha extendido hasta el mes de diciembre.

El representante de los consumidores indicó que la medida ayuda a un gran número de clientes que consume estas tarifas (de 0 kwh a 1,000 kwh), por lo que ve la acción del gobierno como positiva, porque además incentiva a los usuarios a ahorrar, porque de lo contrario pierden este beneficio, sin embargo considera que el problema es que hay que poner orden totalmente, agregó.

Para Acosta, la solución no es solo otorgar subsidios; según el dirigente de los consumidores es necesario revisar los contratos con las empresas eléctricas, porque estos acuerdos son una camisa de fuerza para el ente regulador que en este caso es la Asep.

El resto del monto de la contribución del Estado en la tarifa eléctrica suma $112 millones, que consiste en el pago del subsidio que ha sido otorgado antes de la covid-19, el cual se conoce como Fondo de Estabilización Tarifaria ($60 millones) y Fondo Tarifario de Occidente ($52 millones).

Además del subsidio de energía se suma una disminución en la tarifa promedio del 1,2%; para los clientes de Edemet el 4,9%, y el 8,9% para los usuarios que cubre Ensa.

Cifras estadísticas de la Asep indica que actualmente las empresas distribuidoras cuentan con un total de 1 millón 175 mil 313 clientes, de los cuales la empresa Naturgy –que agrupa a Edemet y Edechi– tiene una cobertura del 60%, mientras que Ensa atiende al 40% de los clientes.