El impacto laboral de los proyectos turísticos

El turismo sigue siendo un medio importante para generar ingresos, es una fuente considerable de empleo y está ligado a otros sectores de la economía, por lo que su impacto es significante para el crecimiento de los países.

“El turismo ofrece una enorme oportunidad de generación de empleo incluyente”, en especial en el segmento de la población donde se está teniendo un enorme problema de desempleo en Panamá...”, afirmó el consultor laboral René Quevedo.

Pero sobre todo “el sector turístico está generando empleo formal, no empleo informal como la mayoría de la economía”, aseveró Quevedo. Sin embargo, lamentó que en Panamá se están enviando mensajes totalmente “contradictorios “ al “satanizar” los incentivos fiscales, pese a que se han utilizado para crecer en los últimos 30 años.

Para Quevedo la satanización, no solo es a los incentivos fiscales, sino también a la iniciativa privada, afectando la contratación laboral formal. Entre enero y julio de 2022 se reportaron 59 mil trabajadores asalariados menos y 249 mil informales más que en el 2012, y un 42% menos de contratos laborales que en 2019, porque “no hay confianza para invertir en el país”.

“La evidencia es absolutamente contundente: si no hay inversión privada no habrá generación de empleo formal, y sin empleos formales la Caja de Seguro Social (CSS) está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos”, sentenció el experto.

Quevedo se refirió al respecto, luego de que este 27 de septiembre, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (RD), rechazó el proyecto de ley 844, sobre los incentivos turísticos.

A través del proyecto de ley 844 se deroga la Ley 314 del 20 de junio 2022 y la Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, ambas que modifican la Ley 80 de 2012, que dictan normas de incentivos a la actividad turística.

En opinión de Quevedo, el sector turístico “sigue secuestrado”, y con lo poco que se ha hecho está reaccionando a través de la generación de trabajo formal, pero hay que “estimular la confianza” de los inversores extranjeros.

Sugirió reestablecer la “confianza de que invertir en Panamá es un buen negocio” y comprender que “el capital y el trabajo no son enemigos, y que si no se genera inversión privada que genere empleos formales, se pone en riesgo a la CSS. “La peor amenaza que tiene la CSS es el aumento de la precariedad laboral”, advirtió Quevedo.

Para Quevedo se ha llegado a un momento crítico en el que hay que decidir el país que queremos y para ello “necesitamos liderazgos que nos unan: el sector privado es el camino. El futuro de la CSS depende de la inversión privada, tan sencillo como eso. No estamos hablando de un debate ideológico, sino de matemáticas claras, contundentes y concluyentes”.

El recién publicado informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el Sistema de Pensiones, ratificó la insostenibilidad financiera del subsistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).

En un extenso documento de 182 páginas, el organismo precisó que la reducción progresiva de los cotizantes activos, y la consecuente caída de los ingresos por contribuciones, el agotamiento en 2024 de la reserva total del programa y el incremento acelerado de nuevas pensiones, crearán una fuerte presión en el creciente gasto del IVM.

“El indicador tasa de informalidad del empleo muestra una tendencia al alza muy preocupante en términos de su correlación con el deterioro de la base de financiamiento del Régimen de IVM. De no tomarse medidas de intervención de política para revertir esta tendencia, el país corre con el riesgo de una profunda afectación de la sostenibilidad económica del Régimen, que podría alcanzar niveles críticos, con alto costo social”, añade el informe textualmente.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre agosto 2012 y abril 2022, la población en edad productiva (más de 15 años) se incrementó en 632,940 personas, de las cuales, 360,125 empezaron a buscar empleo (57%).

Sin embargo, para este año, el número de trabajadores asalariados del sector privado se redujo en 59,252 unidades, al tiempo que se generaron 249,633 nuevos informales más que en el 2012. Es decir, en esta década, por cada empleo formal privado que se perdió se generaron 4 nuevos empleos informales, mientras que de cada 5 nuevos empleos que se agregaron a la economía, 4 fueron informales y el otro fue en el Gobierno.

Para Quevedo, estas cifras revelan un “acelerado proceso de precarización y estatización del empleo, agravado por la pandemia, producto de la pérdida de confianza en el clima para la inversión privada en el país”.

En su consideración, la precarización de empleo se ha acelerando porque hay “alto nivel de incertidumbre. El peor enemigo de la generación de empleo es la incertidumbre. Si no hay confianza no va a haber generación de empleo formal porque no va a haber inversión”.

Indicó que “la tendencia se está acentuando, a pesar de los nombramientos en el Gobierno”. Entre enero y julio 2022, el Mitradel tramitó 137,308 nuevos contratos laborales, cifra 42% inferior a los procesados en el mismo período del 2019 (236,260).

Según el más reciente informe laboral del INEC, en números redondos, entre octubre 2021 y abril 2022 se generaron unos 109 mil empleos, 60 mil de ellos informales y 11 mil de funcionarios. Se generaron 38 mil empleos asalariados privados.

Registros de Mitradel (2022) indican que 75% de los nuevos contratos laborales son definidos y por obra terminada, lo que plantearía que sólo unos 9,500 son empleos permanentes, versus 60,047 informales.

Es decir, la economía está generando se están generando 8,578 nuevos empleos informales por mes (60,047/7) y agregando 6 nuevos empleos informales por cada empleo formal privado que se crea.

De acuerdo con Quevedo, la precarización está focalizada en sectores que históricamente han representado importantes cantidades de plazas laborales. 80% de los nuevos empleos que se están generando en el sector de la construcción son informales, 85% en logística, 57% en industria, 44% en el comercio y 89% en otros servicios.

Paradójicamente, añadió Quevedo, en el sector turismo (hoteles y restaurantes) se ha dado una “reducción de empleos informales” entre octubre 2021 y abril 2022. Precisó que la industria sin chimeneas generó, más de 6 mil empleos, de los cuales el 72% fueron en Coclé y Panamá Oeste, el resto, dividido en mitad y mitad, en Chiriquí y Bocas del Toro.

Según el INEC, en ese período, 3,103 nuevos trabajadores (as) se incorporaron a la fuerza laboral del sector, registrándose una disminución de 1,190 trabajadores informales y la contratación de 4,293 nuevos trabajadores asalariados (formales). Este patrón (reducción de informales) difiere del resto de los sectores claves de la economía.

Estas cifras (previas a las protestas de julio) indicarían que el sector turismo estaría respondiendo a la mejora en el clima de negocios generando empleos formales, a diferencia del resto de la economía.

Lamentablemente, el tema de los incentivos fiscales en general ha sido satanizado (más allá de la polémica ley de incentivos turísticos), cuando ha sido un instrumento usado por Panamá y todos los países para atraer Inversión Extranjera Directa (IED).

Inclusive, se introdujo una demanda de Inconstitucionalidad al Artículo 13 de la ley 57 de octubre de 2018 que crea el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), y que ha traído al país a 181 empresas, más de $3 mil millones en IED y más de 7 mil empleos. El Artículo 13, específicamente, se refiere a incentivos fiscales, lo cual en opinión de Quevedo “manda un mensaje contradictorio a la comunidad inversionista internacional”.

En recientes declaraciones, el ex ministro de economía, Frank de Lima, advirtió que “trastocar esto incluso pone en riesgo la seguridad jurídica del SEM, lo cual genera miles de empleos bien remunerados y a la vez estos extranjeros alquilan casas, consumen tiendas, restaurantes y súper”.

Las empresas acogidas a este régimen cuentan con incentivos fiscales como el no pago de impuesto sobre la renta, solo si la oficina funciona como un soporte administrativo, sin hacer ventas directas en Panamá. El retail, sí debe pagar impuesto.