Acodeco advierte que acuerdos para fijar precios entre competidores pueden ser sancionados con hasta $1 millón

El polémico pacto de las escuelas de manejo para unificar sus tarifas terminó por activar las alarmas del brazo fiscalizador del Estado. En medio de la creciente controversia por la supuesta fijación de un suelo tarifario de $300, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) rompió el silencio con una contundente advertencia legal: aunque sin mencionar explícitamente al sector, recordó que la concertación de precios entre competidores es una flagrante violación económica que puede ser castigada con multas de hasta $1 millón.

En su pronunciamiento la Acodeco no menciona explícitamente a las escuelas de manejo, la advertencia se alinea con precedentes recientes. En marzo pasado, en medio de una investigación por posibles prácticas monopolísticas, la entidad ordenó la suspensión provisional de los aumentos en los planes de prepago y pospago de las empresas Tigo Panamá y Cable & Wireless Panamá (+Móvil).

La controversia se originó el pasado 4 de julio en Penonomé, provincia de Coclé, donde la mayoría de las empresas del sector aprobaron un “Acuerdo Nacional de Autorregulación”. Los promotores de la iniciativa argumentaron que el ajuste busca estandarizar la calidad de la formación vial y garantizar la sostenibilidad de sus negocios, los cuales operaban bajo un esquema de precios libres.

Sin embargo, el consenso fijó los $300 como el cobro base e indiscutible para quienes tramitan su licencia por primera vez. Gina Tursi, representante de la escuela de manejo Shaloon, detalló a Telemetro Reporta que antes de este pacto su centro aplicaba descuentos sobre su precio de lista de $350 para beneficiar la economía estudiantil, una flexibilidad que desaparece por completo con el nuevo suelo tarifario. Actualmente, el registro oficial de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) contabiliza 99 escuelas de manejo autorizadas en el territorio nacional que buscan blindarse bajo este esquema de tarifas fijas.

Ante este escenario, la Acodeco recordó con firmeza a la ciudadanía y al sector empresarial que cualquier acto, combinación, arreglo, convenio o contrato entre competidores, reales o potenciales, entre sí o a través de asociaciones, cuyos objetos o efectos sean para fijar, manipular, concertar, acordar o imponer el precio de venta de bienes o servicios constituye una práctica monopolística absoluta, prohibida por el artículo 13 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

El administrador de la institución, Ramón Abadi Balid, señaló que la entidad mantiene una vigilancia permanente para detectar posibles prácticas que afecten la libre competencia, y recordó que la apertura de una investigación se realiza cuando existen indicios que ameritan un análisis técnico y jurídico, según indica la nota de prensa.

Y agrega el documento:

“La Dirección Nacional de Libre Competencia es la autoridad competente para investigar este tipo de conductas y, cuando existan elementos suficientes, presentar las acciones correspondientes ante los tribunales de justicia”.

Como ejemplo, la autoridad explicó que si varias empresas del mismo rubro acuerdan vender al mismo precio, el usuario pierde la posibilidad de encontrar mejores ofertas, rompiendo el ciclo natural del mercado.

Para demostrar la severidad de la fiscalización, la Acodeco trajo a colación un precedente legal clave en el país. La institución obtuvo una decisión favorable en los tribunales tras demandar y sancionar a 16 lavanderías y lavamáticos de Panamá Oeste. En dicho proceso, se comprobó un acuerdo concertado entre los locales para uniformar los precios de lavado y planchado de ropa, afectando las opciones de los consumidores en esa región.

El pronunciamiento del regulador deja claras las severas consecuencias jurídicas y financieras a las que se exponen las 99 escuelas de manejo de comprobarse el pacto de tarifas:

La postura de la Acodeco valida las advertencias gremiales. Pedro Acosta Insturaín, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), había calificado la medida de “ilegal”.

A criterio de Acosta, regular la calidad es positivo, pero fijar un precio único es inaceptable. “Ahí tiene que haber libre oferta y demanda, libre competencia. Si yo te cobro 100 dólares por enseñarte a manejar, está bien, pero ¿por qué tiene que ser todo el mundo 350? Eso no puede ser. Eso viola la Ley 45 y viola a todos. No debe haber acuerdos. Solamente la palabra acuerdo ya es ilegal”, sentenció de forma tajante, comparando la gravedad del asunto con un hipotético e ilegal acuerdo de tarifas entre todos los colegios privados del país.

A pesar de la contundencia de la Ley 45 y la advertencia de la Acodeco, la ATTT ha mantenido una postura de cautela y evaluación. El director de la institución, Nicolás Brea, cuando las escuela de manejo manifestaron su intensión de acordar el tope de la tarifa conductores principiantes confirmó que espera la entrega formal del documento de estos negocios para analizar la viabilidad de la propuesta y decidir si el Gobierno Nacional otorga el visto bueno a la tarifa unificada.

En su momento, Brea vinculó esta evaluación a un plan de reestructuración que busca sustituir los registros anuales vigentes de las escuelas de manejo por contratos de concesión formalizados. Dichos acuerdos estatales garantizarían a las empresas la exclusividad y permanencia del servicio por un período de 10 años, prorrogables por un tiempo idéntico.

Con el pronunciamiento oficial de la Acodeco sobre la mesa, la pelota queda en el terreno de la Dirección Nacional de Libre Competencia. Corresponderá a esta instancia determinar si el anunciado esquema de precios privados de las escuelas de manejo constituye un cartel económico suspendible, lo que frenaría en seco los planes de la ATTT de convalidar el polémico suelo de $300 mediante concesiones a largo plazo.