El objetivo principal de este equipo interinstitucional, según el Ejecutivo, será gestionar la crisis social y laboral que enfrenta la provincia

- 30/05/2025 00:00
La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) emitió ayer una advertencia sobre los peligros que implica transitar por la única vía terrestre que conecta con la provincia de Bocas del Toro, conectada por los tramos entre Hornitos, Chiriquí Grande, Almirante y Changuinola, tras un mes de protestas y bloqueos por parte de los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana).
Los tramos antes mencionados son zonas de alto riesgo para la seguridad de personas, transportistas y proveedores.
Ante la persistente situación de inestabilidad en estos puntos, la Apadea exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, a extremar las precauciones al momento de desplazarse y, fundamentalmente, a evitar cualquier acción que pueda poner en peligro su integridad personal.
“Si bien reconocemos y defendemos el derecho a la libre expresión y a la protesta como parte fundamental de una democracia, hacemos un llamado al respeto por los derechos individuales y colectivos. El derecho al libre tránsito, al trabajo y a la educación de nuestra juventud son derechos inalienables que deben ser protegidos con firmeza. Por ello, hacemos un llamado urgente a todos los sectores del país, gobierno, sociedad civil, gremios y empresa privada a buscar el diálogo responsable que permita la solución de los conflictos”, indicó la Apadea en su comunicado de prensa.
El Sitraibana viene advirtiendo que la aprobada Ley 462, que reformó la Ley 51 de 2005 de la Caja de Seguro Social, afectó las conquistas de la Ley 45 de 2017, enfocada en la protección de los trabajadores bananeros en relación con riesgos laborales y la invalidez.
La paralización de labores por parte de los trabajadores bananeros empezó el 28 de abril, llevando a Chiquita Panamá —principal empleador privado de la provincia y responsable del 90% de la producción del banano de exportación de Panamá— a anunciar la pérdida “irreparable” de unos $75 millones, producto del cese laboral.
Además, la empresa decidió despedir a 4.500 empleados, pero hasta el miércoles, 28 de mayo, cerca de 20 trabajadores habían retirado su liquidación, mientras que los más de 4.000 restantes sigue en protesta, la cual afirman es legal.
Francisco Smith, secretario general del Sitraibana, manifestó a Radio Panamá: “Nosotros tenemos la Constitución, el Código de Trabajo y las convenciones colectivas y ninguna empresa pública o privada está por encima de la ley. El proceso que hizo la empresa no es legal y ya nuestros abogados están en eso. Nosotros estamos en una huelga legal porque las reformas de la CSS afectaron nuestra Ley 45”.
Mientras tanto, ayer 30 de mayo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su conferencia matutina expresó: “Si no levantan el paro, no habrá ley”. Y agregó: “Al minuto que levantan los paros de forma permanente esa ley va para la Asamblea, no voy a mandar una ley cuando Bocas del Toro, Changuinola, sigue trancado”.
Mulino planteó que han conversado con Smith del Sitraibana sobre el levantamiento del paro y abrir las vías. “Nosotros cumpliremos nuestra palabra” se refirió el presidente sobre el envío del proyecto de ley para los trabajadores bananeros a la Asamblea Nacional. “La palabra mía empeñada vale”, acotó.
Hoy, 30 de mayo, una comisión especial que atenderá la protesta de los bananeros se dirige a isla Colón, en Bocas del Toro, para analizar con los comerciantes y empresarios la afectación comercial y económica de la huelga. Además, el lunes 2 de junio dicha comisión se trasladará al distrito de Changuinola, con la intención de reunirse con los miembros de Sitraibana.