El Banco Mundial tomará acciones contra la corrupción

PANAMÁ. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, estimó que la corrupción le cuesta a los países en desarrollo de $20,000 millones a $40,000 millones anualmente.

Las afirmaciones las hizo durante su discurso: ‘Medidas de lucha contra la corrupción en un medio global: Un compromiso de actuar en consecuencia’ en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) celebrado a finales de enero de este año. Así, anunció las acciones que tomará el organismo internacional en contra del flagelo.

Kim reveló que de 609 investigaciones realizadas por el organismo, resultaron 250 inhabilitaciones en los últimos cuatro años y medio.

Incluso el ejecutivo del Banco Mundial (BM) mencionó como ejemplo que en el proyecto del puente del río Padma (Bangladesh), en el cual la falta de la reacción debida por parte de las autoridades ante las pruebas de corrupción dieron como resultado que se cancelara un crédito por $1,200 millones en junio del año pasado, aunque indicó que siguen apoyando al país.

Kim inició su discurso señalado cómo ha cambiado la percepción. ‘No hace mucho en círculos del desarrollo se aceptaba que era poco lo que se podía hacer respecto de este problema’, dijo.

Afirmó que en la década de 1990 dichas actitudes empezaron a cambiar en respuesta a muchos factores, incluidos el fin de la Guerra Fría, y el crecimiento de las organizaciones no gubernamentales mundiales, como Transparencia Internacional.

Con el tiempo se empezó a subrayar que la corrupción asesta un golpe pernicioso al desarrollo.

Kim dio a conocer que las investigaciones del Banco y otros actores han demostrado que existe una relación negativa entre el crecimiento y la corrupción.

‘La corrupción actúa como un impuesto regresivo, y castiga a los ciudadanos más pobres y a las empresas más pequeñas’.

Afirmó que la corrupción restringe el acceso de los ciudadanos más vulnerables a los servicios y se la vincula con una menor calidad de los servicios públicos. Representa un gran costo para las empresas. Según una estimación, a los países en desarrollo se les roba entre $20,000 millones y $40,000 millones.

En 1996 el presidente de ese entonces del BM, Jim Wolfensohn, expresó: ‘La corrupción desvía recursos de los pobres a los ricos, aumenta el costo de administración de las empresas, distorsiona el gasto público y desalienta a los inversores extranjeros… es un gran obstáculo al desarrollo sólido y equitativo’.

Ahora, 16 años más tarde, Kim anunció las acciones que tomará el organismo como parte de la lucha contra la corrupción.

‘Empezaré con dos reservas. La primera es que la agenda de la lucha contra la corrupción es un subconjunto importante de un movimiento más amplio a favor del buen gobierno y debe considerársela dentro de este contexto’, dijo

Hizo énfasis en los problemas sociales que traen como consecuencia la corrupción debido a que las instituciones públicas prestan servicios cruciales —como los de salud y educación— de los que dependen en especial los pobres.

‘Cuando la corrupción penetra en los sectores sociales, significa que los hospitales se edifican sin equipos que permitan salvar vidas o que las escuelas se construyen sin que ofrezcan un sueldo adecuado a los maestros’, dijo. Esto significa que los caminos se construyen sin barreras de protección o que en algunos casos ni siquiera lleguen a construirse. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? Los pobres y, a veces, lo hacen con sus vidas.

‘La corrupción les roba a los pobres. Les roba la promesa de un futuro mejor’.

Como segundo punto indicó la última actualización de la estrategia relativa al buen gobierno y la lucha contra la corrupción, gran parte de la labor del Banco respecto de esta agenda se refiere a la administración del riesgo y no a evitar el riesgo.

‘Debemos participar en situaciones y lugares que no ocupan un alto puesto en los índices mundiales de buen gobierno. Debemos luchar contra la pobreza en esferas en que los marcos legales para luchar contra las conductas corruptas e ilícitas son imperfectos y las instituciones de rendición pública de cuentas tal vez no funcionen bien o ni siquiera existan’.