Barclays: riesgo de rebaja para Panamá sigue ‘evidente’, pese a aval de Moody’s

Luego de que Moody’s reafirmara la calificación crediticia de Panamá en Baa3, con perspectiva negativa, Barclays advirtió que “el riesgo de rebajar” la nota del país “sigue siendo evidente”.

La firma señaló que, aunque las autoridades panameñas han tomado medidas en la dirección correcta, la perspectiva negativa indica que se requiere un mayor esfuerzo, además de cumplir con la meta de déficit fiscal y atender la rigidez presupuestaria.

Barclays destacó que el ajuste fiscal de este año se ha basado principalmente en fuertes recortes del gasto de capital, lo que —advirtió— “podría no ser sostenible”, mientras que el déficit del Gobierno Central, por encima del 5 %, hará que la deuda y las tasas de interés “sigan deteriorándose”.

No obstante, espera que las autoridades presenten iniciativas fiscales a principios de 2026. “La ausencia de iniciativas oportunas o una dilución de las propuestas, en medio de un capital político limitado y una agenda política cargada, incluida la discusión sobre la mina, nos lleva a mantener una calificación decreciente como nuestro escenario base”, indicó.

En cuanto a la estrategia de crédito soberano, Barclays afirmó que, pese a la reciente ratificación de Moody’s de la calificación Baa3 de Panamá, siguen “preocupados” por la permanencia del grado de inversión, dadas la durabilidad del proceso de consolidación fiscal, la resistencia legislativa a las reformas y el creciente nivel de deuda.

“En las valoraciones actuales, no creemos que los bonos de Panamá ofrezcan un margen suficiente de seguridad, dado el riesgo de deslizamiento fiscal, mayores necesidades de financiamiento bruto, factores políticos y geopolíticos, y la posible reapertura de Cobre Panamá”, pronosticó.

La firma también cuestionó la sostenibilidad de los recortes en gasto de capital aplicados desde el año pasado y analizó cómo gobiernos anteriores han diseñado estructuras para postergar el impacto presupuestario de dichos proyectos.

Barclays mencionó que Moody’s probablemente busca una visión completa antes de decidir, lo que podría implicar un fallo en noviembre de 2026, aunque mayo sería la primera prueba. “Los esfuerzos de las autoridades han ganado tiempo antes de una posible rebaja, pero aún se necesitarán reformas estructurales a inicios de 2026, y no solo cumplir con la meta de déficit fiscal. El calendario es incierto, pero el capital político limitado mantiene vivo el riesgo de rebaja hasta 2026”, agregó.

Esto adquiere mayor relevancia en Panamá, donde —en ausencia de política monetaria— el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que “la política fiscal es, de facto, el único instrumento de estabilización macroeconómica disponible”.

El 14 de noviembre, una misión del FMI realizó una visita oficial a Panamá para revisar el Artículo IV, el análisis anual que evalúa el desempeño macroeconómico y financiero de cada nación miembro. Los delegados de la organización internacional se reunieron con el superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong.

Se necesitan medidas estructurales

En un comunicado, Moody’s reiteró la necesidad de implementar medidas estructurales para abordar las rigideces presupuestarias, como las presiones persistentes sobre el sistema de pensiones, la legislación que obliga a destinar el 7 % del PIB a educación, las leyes que imponen aumentos salariales y las ineficiencias en la asignación de subsidios, según recordó Barclays.

La firma subrayó que un plan claro para contener el crecimiento de la masa salarial o redirigir las subvenciones podría contribuir a frenar el gasto a mediano plazo. Añadió que, si bien reducir la asignación presupuestada para educación podría mejorar la credibilidad fiscal, su impacto en el gasto real sería limitado, pues las autoridades ya vienen ejecutando por debajo de ese mandato.

Moody’s también señaló debilidad por la baja recaudación, aunque actuar sobre este aspecto parece “poco probable” porque el Gobierno ha descartado reformas fiscales. “Es probable que se presenten propuestas legislativas, y el 2 de enero será la primera fecha clave para darles seguimiento”, indicó.

Recientemente, el presidente de la República José Raúl Mulino adelantó que durante su discurso anual del 2 de enero presentará nuevas propuestas para abordar los “problemas históricos” del país. Aunque no ofreció detalles, dijo que los pilares serían el sector social, la infraestructura pública y soluciones viales. Para Barclays, un paquete fiscal podría acompañar estos anuncios y aportar claridad sobre los ahorros esperados.

Capital político sigue siendo limitado

Moody’s advirtió que, aunque las autoridades evalúan ajustes para principios de 2026, persisten riesgos de implementación por el poco margen político del Gobierno y la necesidad de apoyo legislativo. Esta limitación fue también motivo para mantener la perspectiva negativa.

Pese a que la popularidad de Mulino se ha estabilizado en el último mes, aún muestra un deterioro significativo respecto al inicio del año, lo que podría dificultar medidas impopulares como recortes en educación —incluso si no se ejecutan plenamente— o modificaciones a los subsidios.

La agenda política a inicios de 2026 también incluirá el tema minero. Se espera que la auditoría ambiental de la mina concluya antes del final del primer trimestre. El ministro de Industria, Julio Moltó, ha señalado que sus resultados serán la base técnica para decisiones posteriores y que, si son favorables, podrían reforzar la campaña pública a favor de la reapertura.

“Aunque las encuestas han mejorado ligeramente, una clara mayoría aún se opone a la reapertura. Para que cualquier plan avance, la moratoria minera vigente deberá ser atendida, ya sea mediante derogación legislativa o por una decisión de la Corte Suprema, y el calendario de cualquiera de los dos es incierto”, señaló Barclays.

La reapertura de la mina: positiva, pero insuficiente

Moody’s reconoce que la eventual reapertura de la mina podría impulsar la economía y los ingresos fiscales, pero no la incorpora en su escenario base por la incertidumbre. Barclays coincide en que, aunque la mina generaría nuevos ingresos —el contrato anterior garantizaba un mínimo de $375 millones anuales en regalías—, su volatilidad, atada a los precios del cobre y a la operación de la empresa, impediría considerarla una medida estructural para reducir de manera sostenible el déficit.

La firma sostiene que “Panamá podría seguir dando pasos en la dirección correcta, pero en ausencia de resultados concretos, mantenemos como escenario base una rebaja”. Aunque esperan que el Gobierno continúe proponiendo medidas a inicios del próximo año, advierten que las necesidades sociales y el bajo capital político podrían dificultar su aprobación o debilitarlas.

Mientras tanto, “los riesgos fiscales permanecerán al alza”, señaló, con las autoridades enfrentando dificultades para cumplir los objetivos de la Ley de Responsabilidad Fiscal y con una deuda que continúa aumentando.

Barclays considera incierta la cronología, con mayo como primera fecha crítica. “Aún menos seguro es cuándo podría producirse una degradación”, apuntó. El próximo examen de Moody’s será en mayo de 2026, y solo habría cambios si se registra una modificación importante en su escenario base.

Si para esa fecha las autoridades han presentado propuestas para abordar las rigideces presupuestarias, mantienen conversaciones con el Congreso y continúan las negociaciones mineras, Moody’s podría aplazar una decisión hasta noviembre de 2026. “Dada la paciencia mostrada hasta ahora, creemos que esto es probable”, estimó Barclays.

La firma prevé que el resto del perfil crediticio de Panamá no cambiará en el corto plazo. Fitch degradó al país a BB+ en abril de 2024 y mantiene una perspectiva estable. Lo hizo antes de las elecciones, anticipando que el deterioro fiscal sería difícil de revertir por la fragmentación política y el malestar social. S&P, por su parte, mantiene una calificación BBB-, igual que Moody’s y a un nivel del grado de inversión, con perspectiva estable.

En noviembre de 2024, S&P bajó la nota del soberano un escalón, aunque las perspectivas estables reflejan su evaluación de que el crecimiento económico sólido y un entorno relativamente estable compensan los riesgos del deterioro fiscal y las expectativas de reducción del déficit este año. Con sus proyecciones de crecimiento para Panamá —3,8 % en 2025 y 3,5 % en 2026—, superiores a las de la región, S&P esperará avances fiscales y definiciones sobre la situación minera antes de revisar nuevamente la calificación.