CADE 2026: Adhesión de Panamá a la OCDE depende de reformas fiscales

El tercer día de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2026, organizada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), concentró uno de los debates más intensos del evento, con el tema fiscal y la eventual adhesión de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como ejes centrales de discusión.

El presidente de CADE 2026, Carlos Ernesto González Ramírez, resumió el ambiente de la jornada con una frase contundente: “Hoy ha sido el día más candente”. Según explicó, el intercambio entre panelistas, sector privado y asistentes alcanzó un nivel más profundo, especialmente en torno a las reformas que el país debe adoptar para cumplir con estándares internacionales.

“Hemos tenido un debate más profundo, nos hemos enfocado en el tema fiscal, que es lo que llevamos hasta este momento”, indicó. Parte de esa discusión se centró en la conveniencia de las reformas que exige la Unión Europea, un tema que, a su juicio, no puede analizarse de forma aislada.

“El argumento de fondo es que eso que nos pide la Unión Europea, al final acaba siendo también de la OCDE, porque no vamos a entrar a la OCDE sin (cumplir con) la Unión Europea”, explicó González Ramírez. Añadió que se trata de un planteamiento válido que debe ser escuchado dentro del debate nacional.

Uno de los puntos clave abordados durante la jornada es la propuesta del Gobierno de introducir cambios en la sustancia económica para efectos del impuesto territorial, una medida que busca sacar a Panamá de la lista negra de la Unión Europea.

“El tema del debate que lleva a eso es la propuesta del Gobierno, que quiere lograr un cambio en la sustancia económica para efecto del impuesto territorial”, señaló.

El dirigente empresarial explicó que actualmente existe un borrador de proyecto de ley que se encuentra en consulta con diversos actores económicos. “Hay un borrador que está consultando y se está circulando con bastantes actores. Yo no tengo claro en qué etapa está”, precisó.

A esta discusión se suma un elemento clave en el calendario internacional. El presidente de la República, José Raúl Mulino, indicó que la Unión Europea fijó octubre como fecha límite para evaluar el cumplimiento de Panamá en materia de sustancia económica, por lo que el Ejecutivo considera prioritaria la aprobación de esta ley. “Esa ley la tenemos que pasar para sacar al país de esa lista”, expresó el mandatario el pasado viernes 17 de abril, al advertir que incluso evalúa convocar a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para asegurar su trámite.

Sin embargo, el presidente de la CADE 2026, subrayó que la intención oficial es clara: cumplir con las exigencias internacionales para mejorar la posición del país. “El Gobierno pretende hacerlo porque si no, no salimos de la lista negra de la Unión Europea”, afirmó.

González Ramírez advirtió que el principal reto será lograr ese objetivo sin afectar la economía nacional. “Lo que esperan los actores de este tema es que se haga con el menor daño posible a la economía”, sostuvo.

Más allá del impacto económico, el presidente de CADE hizo énfasis en las implicaciones políticas de las reformas necesarias para avanzar hacia estándares internacionales.

“Depende mucho de los cambios que hay que hacer algunos al Gobierno que son políticamente difíciles”, señaló al referirse al proceso de adhesión a la OCDE.

En ese contexto, explicó que muchas de las exigencias apuntan a transformar prácticas arraigadas en la administración pública. “Atacan el clientelismo, atacan la falta de profesionalización de la administración pública, exigen más transparencia”, indicó.

Estas condiciones, agregó, suelen generar mayor resistencia que otras medidas. “Son cosas que no son un problema de los ciudadanos y de la economía directamente, sino un problema de los políticos. Porque a veces eso es más difícil que imponerle cosas a los ciudadanos”, afirmó.

Panamá mantiene actualmente un acercamiento con la OCDE a través de un memorándum de entendimiento que abre la puerta a asistencia técnica, aunque el país aún no cuenta con una invitación formal para iniciar el proceso de adhesión.

“Hay un memorándum de entendimiento que ya se firmó que abre la puerta a una asistencia técnica para el proceso. Pero necesitamos una invitación”, explicó González Ramírez.

A su juicio, esa invitación no llegará hasta que el país resuelva sus compromisos con la Unión Europea. “Esa invitación no se va a dar, en mi opinión, hasta que no se resuelva el problema de la Unión Europea”, enfatizó.

Sin embargo, mostró cierto optimismo sobre los plazos si se logran avances en el corto plazo. “Asumiendo que se llegue a la aprobación de una norma de sustancia económica este año, deberíamos estar recibiendo una invitación pronto”, afirmó.

El proceso de adhesión, añadió, no es inmediato y puede variar considerablemente según el país. “Algunos países lo han hecho en tres años, otros en ocho. Depende mucho de los cambios que hay que hacer”, explicó.

Durante el evento también surgió un llamado a ampliar la discusión sobre la OCDE más allá de los círculos gubernamentales.

“Nosotros creemos que este es un tema trascendental para el país”, expresó González Ramírez. En su opinión, el ingreso a este organismo representa un cambio estructural a largo plazo y no una decisión coyuntural.

“Si nosotros entramos a la OCDE, es un cambio importante para el país a largo plazo. No es un tema coyuntural”, subrayó.

En esa línea, defendió el rol de CADE como espacio de discusión abierta. “Lo que hace APEDE normalmente con los CADE es discutir temas trascendentales”, dijo.

El dirigente insistió en que la decisión debe involucrar a toda la sociedad y basarse en información clara. “Es un tema que involucra a todos los ciudadanos. Entonces, nosotros abrimos la puerta al debate, pero el debate informado”, afirmó.

Uno de los principales señalamientos de los panelistas fue la ausencia de un análisis integral sobre los efectos de ingresar a la OCDE.

“Hoy hemos oído algunos panelistas diciendo que es necesario que el Gobierno le presente al país un estudio serio de los beneficios y los costos de entrar a la OCDE”, indicó.

González Ramírez coincidió con esta postura y consideró que dicho análisis debe construirse de manera conjunta. “Yo creo, yo concuerdo con eso. Eso es algo que el Gobierno debiera hacer”, señaló.

Además, planteó la necesidad de incluir al sector privado en este proceso. “Ese esfuerzo debería participar el sector privado también”, añadió.