Cierre de la mina podría costar hasta $5,500 millones si se demora el proceso, advierte Miambiente

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, advirtió este 9 de octubre sobre el elevado costo y la complejidad técnica que representará para el Estado panameño el cierre definitivo de la mina de cobre.

Según las proyecciones iniciales entregadas al presidente de la República, José Raúl Mulino, el costo base para un cierre ordenado oscila entre los $1,500 y $2,500 millones de dólares.

Sin embargo, Navarro alertó que, de prolongarse el tiempo o asumir el Estado el proceso en solitario sin contar con el peritaje técnico requerido, la cifra podría dispararse dramáticamente hasta situarse entre los $3,500 y $5,500 millones de dólares a lo largo de unos 17 años.

El ministro recordó que esta evaluación forma parte de un informe integral de recomendaciones elaborado de manera conjunta por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El documento, según explicó Navarro, parte de la premisa de un estricto e irrestricto respeto a la Constitución Nacional, a las leyes de la República y al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato minero.

A pesar de la suspensión de las operaciones, Navarro enfatizó que una infraestructura de esta envergadura no se puede clausurar de manera intempestiva ni improvisada, ya que un cierre desordenado conllevaría gravísimos riesgos ambientales e impactos financieros para el país.

Por ello, dijo, una de las recomendaciones principales presentadas al Órgano Ejecutivo es entablar un diálogo y negociación técnica con la empresa concesionaria para ejecutar una transición ordenada y bajo condiciones estrictamente favorables para el Estado.

Desde la perspectiva de conservación ambiental, el ministro subrayó la urgencia de atender la situación inmediata en el sitio, donde actualmente permanecen expuestas más de 32,000 toneladas de roca ya minada (conocidas en la industria como stockpile).

Debido a los altos niveles de precipitación que caracterizan a la región, la falta de tratamiento de este material representa un riesgo inminente de generación de lixiviados que podrían contaminar las fuentes de agua subterránea y acuíferos locales.

Para garantizar la transparencia e idoneidad del proceso, el informe condiciona el plan de cierre a la supervisión permanente de expertos nacionales e internacionales, instituciones académicas como la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la participación activa de organizaciones comunitarias y ambientales.

Asimismo, se propone la creación de dos esquemas de financiamiento garantizados: en primer lugar, un Fondo de Cierre exigido desde el inicio del proceso para respaldar financieramente cada etapa del cronograma; y en segundo lugar, la constitución de un Fideicomiso Ambiental alimentado con un aporte anual de $100 millones por parte de la empresa.

Este fideicomiso estaría destinado a la protección de parques nacionales, reforestación, generación de empleos verdes, financiamiento de becas científicas internacionales y conservación de cuencas hidrográficas estratégicas.