Reformas al Código Fiscal violan el debido proceso

PANAMÁ. El cambio al Código Fiscal aprobado el sábado por el Ejecutivo es inconstitucional y atenta contra el sistema económico panameño. Los expertos coinciden en que es poco beneficio a cambio de consecuencias catastróficas.

‘Panamá está tirando por tierra la columna vertebral de su sistema de servicio’, manifestó Adolfo Linares, miembro de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). ‘Esto es grave. Va a afectar durísimo la economía’.

Linares se refiere al artículo 2 de la Ley 120 del 30 de diciembre de 2013, que modifica el Código Fiscal. El mismo reza de la siguiente manera: ‘El artículo 694 del Código Fiscal queda así: Artículo 694 - Es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, dentro o fuera de la República de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba’.

Lo que esta modificación significa es que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) será aplicado aunque los ingresos provengan de fuera de Panamá.

NO HAY QUE COPIAR

El modelo de cobro del ISR a ingresos obtenidos fuera del país no es nuevo, de hecho se aplica en varios países alrededor del mundo. Pero este sistema no es el que le conviene a Panamá, señala Linares.

‘Panamá no es un país de grandes transnacionales’, afirmó. ‘Los únicos beneficiados son la OCDE y especialmente Estados Unidos’.

El abogado condena realizar un cambio ‘de la noche a la mañana, de forma inconsulta y escondida’. Lo que es peor —añadió— es que se está atentando contra la Carta Magna. ‘Se necesita una explicación’, apostilló.

INCONSTITUCIONAL

El Código Fiscal de Panamá es una Ley Orgánica dentro de la Constitución Política. Para ser modificado es necesaria una iniciativa del Órgano Ejecutivo, en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas o de una Comisión establecida por la Asamblea Nacional. Ninguno de estos dos requisitos se cumplió. El otro elemento que crea suspicacia sobre la medida implementada es que la modificación se encuentra dentro de una ley sobre zonas francas y fue añadida a última hora.

Para Linares, incluir esta modificación que no se encontraba en agenda representa aún otra violación al debido proceso constitucional y es ‘un delito gravísimo’.

DAÑO A LA COMPETITIVIDAD

La competitividad —clave del desarrollo económico del país— sería la mayor víctima de este cambio. Para el abogado José Rivera, perjudicaría la habilidad del país de atraer capitales. Las sociedades de capital extranjero y el sector marítimo serían algunas de las víctimas, señaló el experto en materia tributaria.

‘No hay ningún beneficio’, declaró Rivera. ‘El cambio debió ser discutido’. Añadió que la flota mercantil sería una de las perjudicadas, ya que los propietarios de los barcos realizan su actividad económica fuera del país y ahora esos ingresos serían gravados.

La matemática económica es fría y clara. Si hay que pagar más por establecerse en Panamá, las empresas y sociedades considerarán destinos más competitivos.

HAMBRE DE INGRESOS

Para Rivera la explicación detrás de todo el embrollo es la necesidad del gobierno de aumentar sus ingresos fiscales para cubrir las inversiones realizadas.

‘Necesitas recursos para las obras, para los subsidios’, acotó. ‘Están buscando recursos’.

Señala que otros países lo hacen ‘por las empresas multinacionales’, pero que en el caso de Panamá no traería ningún tipo de ventajas ni beneficios.

QUÉ DICE EL PRESIDENTE

El presidente Ricardo Martinelli manifestó en su cuenta de Twitter que existe mucho ‘bochinche’ y ‘desinformación’ sobre el tema de territorialidad fiscal. Sin embargo, reconoció por ese mismo medio que está dispuesto a derogar la ley y que es necesaria una mayor discusión sobre el tema.

‘Con la territorialidad y los impuestos si hay que derogar se deroga, o lo que haya que definirse se define. Pero debe haber un debate amplio’, tuiteó el mandatario la mañana de ayer.