China escala su pulso con Panamá y la Corte defiende su independencia

  • 25/06/2026 00:00
La controversia por los puertos de Balboa y Cristóbal pasó de los tribunales a la diplomacia. Tras conocerse que Pekín intentó influir en el proceso judicial, el gobierno chino endureció su discurso en la OEA y la Corte Suprema respondió defendiendo la autonomía del Órgano Judicial

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La tensión entre Panamá y China por los puertos de Balboa y Cristóbal continúa escalando y ya trasciende el ámbito judicial. Lo que comenzó como una controversia sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) se ha convertido en un nuevo foco de fricción diplomática entre ambos países.

En apenas unos días, tres acontecimientos marcaron esa escalada: Panamá reveló que la Embajada china solicitó intervenir en el proceso constitucional relacionado con PPC; posteriormente, Pekín respondió con dureza durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA); y este martes la CSJ emitió un inusual pronunciamiento para reivindicar su independencia frente a las críticas formuladas por el gobierno chino.

El episodio refleja cómo una controversia originalmente jurídica terminó trasladándose al terreno de las relaciones internacionales.

La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino reveló que la representación diplomática china solicitó participar como tercero interesado dentro del proceso que evaluaba la constitucionalidad del contrato de PPC.

Según explicó el mandatario, la petición fue rechazada por la Corte al considerar que el Estado chino no era parte del litigio.

La revelación abrió un nuevo capítulo en la relación bilateral al evidenciar que Pekín buscó tener participación formal en un proceso judicial interno relacionado con la empresa que opera los puertos ubicados en ambas entradas del Canal de Panamá.

China rechazó posteriormente esa interpretación y sostuvo que su actuación buscaba únicamente proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas.

Pekín responde en la OEA

La tensión aumentó durante la Asamblea General de la OEA celebrada en Panamá.

A través de un comunicado difundido por la Embajada de la República Popular China en Estados Unidos, el embajador Xie Feng calificó de “infundadas” las declaraciones formuladas por autoridades panameñas durante el encuentro hemisférico y defendió tanto la actuación de las empresas chinas como las inspecciones realizadas a embarcaciones de bandera panameña.

El diplomático sostuvo que las críticas contra China carecen de fundamento y afirmó que las compañías chinas que operan en el extranjero respetan las leyes locales y participan en proyectos que, según Pekín, benefician al desarrollo económico de los países donde invierten.

Asimismo, rechazó las acusaciones sobre una supuesta influencia política de China en la operación de los puertos panameños y defendió el papel de las inversiones chinas en el comercio internacional.

El pronunciamiento representó una respuesta directa a los señalamientos realizados por Panamá durante la reunión de la OEA y confirmó el endurecimiento del discurso oficial chino.

La reacción china motivó un hecho poco habitual en Panamá. La Corte Suprema de Justicia publicó un comunicado en el que defendió la independencia del Órgano Judicial y rechazó cuestionamiento externo sobre sus decisiones.

Sin mencionar directamente al gobierno chino en varios pasajes del documento, el máximo tribunal recordó que la Constitución garantiza la autonomía judicial y que sus magistrados actúan conforme al ordenamiento jurídico panameño.

La CSJ sostuvo que las decisiones del proceso constitucional relacionado con PPC obedecen únicamente al análisis jurídico del caso y reiteró que ningún Estado extranjero, organismo internacional o actor privado puede influir en el ejercicio de la función jurisdiccional.

El pronunciamiento representa una respuesta institucional poco frecuente frente a cuestionamientos provenientes de otro Estado.

El intercambio de declaraciones se produce en un momento delicado para la relación entre Panamá y China.

Desde el inicio de la administración Mulino, ambos gobiernos han mostrado diferencias sobre diversos asuntos, entre ellos la revisión de proyectos vinculados a empresas chinas y la situación de PPC.

Aunque ninguno de los dos países ha anunciado medidas diplomáticas concretas, el tono de los comunicados evidencia un deterioro del diálogo político.

Para Panamá, la controversia gira en torno al respeto de la independencia de sus instituciones y la aplicación de su marco constitucional. Para China, en cambio, el caso se ha presentado como un asunto relacionado con la protección de los intereses legítimos de sus empresas y con el rechazo a lo que considera acusaciones sin sustento.

Con la disputa instalada tanto en los tribunales como en el escenario diplomático, el caso de los puertos de Balboa y Cristóbal se ha convertido en uno de los episodios más tensos que han marcado las relaciones entre ambos países desde el establecimiento de vínculos diplomáticos en 2017.

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