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- 23/04/2026 00:00
El Ejecutivo vuelve a autorizar compras externas con arancel de importación al 3% por desabastecimiento del grano
El Gobierno Nacional volvió a recurrir a la importación de café oro para enfrentar el déficit de producción nacional, una medida que, aunque busca garantizar el abastecimiento, evidencia las debilidades estructurales del sector cafetalero panameño.
El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N. 4-26 que autoriza la importación de 90,000 quintales de café oro o en grano bajo un contingente arancelario por desabastecimiento. La medida permite el ingreso del grano hasta el 30 de septiembre de 2026 con un arancel de 3%, bajo la condición de que sea utilizado como materia prima.
La decisión fue adoptada luego de una reunión de la Cadena Agroalimentaria de Café, celebrada el 5 de marzo pasado, en la que participaron productores, intermediarios, exportadores, tostadores y autoridades. El análisis de la producción correspondiente al periodo 2025/2026 y el comportamiento de las exportaciones e importaciones concluyó que no habrá suficiente café oro para cubrir la demanda de la industria procesadora.
Según el propio Ejecutivo, el objetivo es “solventar el déficit existente sin afectar la producción nacional”, en un contexto en el que la cosecha del presente año agrícola ya fue adquirida en su totalidad por la industria local.
Sin embargo, esta no es una situación aislada. En julio de 2025, el Gobierno aprobó una medida similar mediante el Decreto N. 31-25, también por 90,000 quintales, ante un escenario en el que la producción nacional —estimada en 148,000 quintales— resultaba insuficiente frente a un consumo anual de 230,000 quintales.
Ese déficit estructural, cercano a los 80,000 quintales, refleja problemas persistentes en el sector, asociados a la falta de mano de obra y otros factores que han reducido la capacidad productiva en los últimos años.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene una política de protección al café tostado nacional. El pasado 14 de abril pasado, el Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N. 3-26, que prorroga por seis meses adicionales las medidas de control a la comercialización de este producto, vigentes desde 2021.
La prórroga busca, según el Gobierno, “garantizar el desarrollo de las relaciones comerciales internacionales del Estado en un marco de certeza y previsibilidad”, al tiempo que protege los intereses del mercado interno.
Estas medidas de control no son nuevas. Desde el año pasado, el café tostado ha sido objeto de restricciones debido a incumplimientos detectados en normas de salud pública, lo que llevó a su clasificación como un “producto sensitivo” para la economía nacional.
De hecho, el sector cafetalero involucra a unos 7,700 trabajadores y genera cerca de 230,000 quintales anuales, lo que lo convierte en un componente relevante de la actividad agropecuaria y de la canasta básica familiar.
El uso recurrente de instrumentos como contingentes arancelarios por desabastecimiento y prórrogas de control plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas públicas para fortalecer la producción nacional. Mientras se permita la importación de materia prima para sostener la industria, es restringido el ingreso de productos terminados como el café tostado, en un intento por equilibrar el mercado.
Este doble enfoque —apertura para la materia prima y control para el producto final— busca evitar el desabastecimiento del grano sin afectar a los productores nacionales. No obstante, también evidencia una dependencia creciente de las importaciones para suplir la demanda interna.
Las autoridades han reiterado su compromiso de “fortalecer e incentivar la producción agropecuaria nacional en términos de competitividad, eficiencia, sostenibilidad y equidad”, así como garantizar el abastecimiento de alimentos para la población.
Pero los datos dialogados en la Cadena Agroalimentaria de Café sugieren que las medidas adoptadas hasta ahora han sido más reactivas que estructurales, centradas en corregir déficits puntuales en lugar de resolver las causas de fondo que limitan la producción.
En este escenario, el sector cafetalero enfrenta el desafío de aumentar su productividad y reducir su dependencia de factores externos, mientras el Estado mantiene un delicado equilibrio entre proteger a los productores y asegurar el suministro para la industria y los consumidores.
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