Jubilados reclaman fondos de corrupción para pagar 100% del Cepanim

El Movimiento Mundos de Jubilados y Pensionados elevó un reclamo formal ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que transparente los saldos del Fondo Especial de Custodia de dineros decomisados a la corrupción —creado mediante la Ley 15 de 2017—, con el fin de exigir que el pago de los intereses de mora de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) se realice al 100% en efectivo o cheque y no mediante instrumentos negociables en el mercado financiero.

Guillermo Cortés, dirigente del gremio, confirmó en ECO TV que presentó el pasado 1 de julio una solicitud de información formal al ministro del MEF, Felipe Chapman. El objetivo es verificar cuánto dinero ha ingresado a dicha cuenta desde 2017 por condenas en delitos contra la administración pública y exigir que el Estado asuma la responsabilidad presupuestaria de cancelar la totalidad de la deuda sin someter a la tercera edad a pérdidas financieras.

Según la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia), el titular del MEF tienen un plazo exacto de 30 días calendario a partir de la fecha de presentación para responder por escrito a las solicitudes de acceso a la información.

La exigencia surge ante el escenario que enfrentan los beneficiarios al momento de cambiar sus certificados. Mientras la banca pública aplica un porcentaje de descuento del 21.3% por la transacción, opciones del sector cooperativo local como COOFREP R.L. ofrecen tasas de cambio del 13.7%. Según la dirigencia, la alta concurrencia de adultos mayores al Banco Nacional de Panamá para hacer efectivos los títulos responde a la apremiante necesidad económica y no a un consentimiento con las tasas.

Al abordar el motivo por el cual miles de adultos mayores acuden a hacer efectivos los cuatro cheques del Cepanim —cuyo plazo de vencimiento se extiende entre 2029 y 2032—, Cortés rechazó que la negociación masiva responda a un aval a las retención impuestos por el mercado.

“La gran cantidad de personas que están llegando a negociar en el Banco Nacional, el 99%, me atrevo a asegurar que es por necesidad, no porque quisieran cambiarlo. Ellos [los gobernantes] todos los días comen caliente; nuestra gente se está muriendo de hambre”, aseveró el dirigente gremial, al cuestionar la falta de empatía de las autoridades ante las carencias diarias de la población adulta mayor.

Cortés recordó que un magistrado del Tribunal de Cuentas señaló públicamente la existencia de más de 300 resoluciones de responsabilidad patrimonial por faltas contra la administración pública. “¿Cuántos millones puede haber producido esto? El ministro [Felipe] Chapman sencillamente tiene que referirse a la Tesorería del MEF, que todos los meses debe hacer un informe de lo que le reporta el Órgano Judicial sobre estas condenas y cuánto dinero se ha recaudado”, sostuvo. Para el dirigente, resulta llamativo que la gerencia de la banca pública desconozca el estado de estos recursos cuando las cuentas deben estar depositadas en la propia institución fiscal.

La dirigencia mantiene fijado el plazo legal para recibir un informe detallado sobre la disponibilidad presupuestaria. “A mí me tiene muy preocupado esto, porque si ese fondo hubiera sido suficiente, no deberíamos estar en esta odisea. El ministro tiene hasta el 30 de julio, el plazo de 30 días que le da la propia Constitución al funcionario para responder. Yo espero no tener que tomar acciones de otro tipo que no sean el diálogo y el entendimiento”, advirtió.

El origen de la deuda retenida en los certificados se remonta a la dictadura militar, cuando mediante el Decreto Ejecutivo 22 de 1973 el Estado confiscó la segunda partida del décimo tercer mes de los trabajadores entre 1972 y 1983. En Panamá, este beneficio constituye una bonificación especial obligatoria establecida por el Decreto de Gabinete 221 de 1971 para el sector privado y la Ley 52 de 1974 para el público, dividida en tres desembolsos anuales: el 15 de abril, el 15 de agosto y el 15 de diciembre.

Respecto al alcance actual de las entregas del certificado por interese de mora, Cortés precisó que el universo total de beneficiarios asciende a 428,000 ciudadanos, pero el proceso de pago avanza a paso lento. “Se han entregado y negociado certificados, pero el tema es que creo que solamente unas 30,000 personas han recibido el Cepanim. Solo 30,000, cuando somos 428,000 ciudadanos a los que se les debe pagar al final”, concluyó.