MIDES defiende su gestión con $436.8 millones desembolsados en programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) defendió su gestión, mediante un comunicado, asegurando que en dos años de administración ha desembolsado $436.8 millones en los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), beneficiando a 185,791 panameños en condición de vulnerabilidad.

Sin embargo, una publicación de La Estrella de Panamá revela que, entre 2024 y 2025, los subsidios a las familias se redujeron un 47%, según el informe de la Cuenta General del Tesoro publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la vigencia fiscal 2025.

En cifras reales, las ayudas destinadas a los hogares pasaron de $1,365 millones en 2024 a $728 millones en 2025, lo que representa una disminución de $638 millones en términos absolutos (-47%). Entre los programas que sufrieron recortes importantes destacan los del MIDES: Ángel Guardián (asistencia social para personas con discapacidad y en extrema pobreza), cuyo subsidio se contrajo un 89%, y la Red de Oportunidades, con una reducción del 23%.

De acuerdo con el documento del MEF, otros subsidios recortados en este período fueron el Fondo Solidario de Vivienda, con una disminución del 99% —lo que eliminó por completo el aporte de $10,000 para la adquisición de la primera vivienda de interés social (de hasta $70,000)—; el programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), que se redujo a la mitad al pasar de $415 millones en becas pagadas en 2024 a $216 millones el año pasado; y el subsidio eléctrico, que se restringió un 11%.

No obstante, en su comunicado difundido este lunes 27 de julio, el MIDES aseguró que ha mantenido la asignación de recursos para garantizar la entrega continua de sus programas: Ángel Guardián, Redes Territoriales, 120 a los 65 y el Bono Alimenticio Nutricional.

La entidad también afirmó que trabaja en agilizar los procesos para incorporar a más de 13,000 personas que esperan ingresar a los PTMC. Esta medida surge tras una reunión estratégica liderada por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, con los 17 directores regionales, provinciales y comarcales del país. La ministra instruyó a los equipos territoriales a intensificar y dinamizar los procesos de inclusión con rigor técnico, a fin de avanzar en la atención de la población en pobreza y pobreza extrema.

Por su parte, la directora nacional de Inclusión y Desarrollo Social, Magalys Araúz, junto con el equipo del Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB), enfatizó la importancia de alinearse a las directrices institucionales, optimizar la aplicación de la Ficha Única de Protección Social (FUPS) y agilizar la verificación de documentos para garantizar que los recursos lleguen de forma oportuna a los sectores más vulnerables. Araúz reiteró que la FUPS es un instrumento clave para caracterizar la situación socioeconómica de los hogares, verificar la elegibilidad y generar información confiable para la toma de decisiones.

A mediados de 2025, los promotores sociales del MIDES habían aplicado la FUPS al 81% de los beneficiarios que carecían de este requisito. Según la institución, este avance permitió validar la condición socioeconómica de 151,176 panameños que recibían transferencias monetarias condicionadas.

La entidad destacó que estos esfuerzos representan un avance significativo respecto a la situación recibida al inicio de la administración, cuando más de 100,000 beneficiarios no tenían la FUPS registrada en la plataforma del RENAB —lo que dificultaba verificar los criterios de elegibilidad— y solo el 25% de la población atendida contaba con esta herramienta.

Como resultado de este proceso de fortalecimiento de la protección social, el MIDES reiteró que, en sus dos años de gestión, ha alcanzado a 185,791 panameños vulnerables y ha desembolsado $436.8 millones para asegurar el pago oportuno de los programas Ángel Guardián, Redes Territoriales, 120 a los 65 y el Bono Alimenticio Nutricional. Finalmente, la institución detalló que se han incorporado 11,433 nuevos beneficiarios con desembolsos superiores a los $3.5 millones, ampliando así la cobertura y el respaldo estatal a las familias necesitadas.