Dilema del nuevo gobierno: contención o reforma fiscal

El nuevo gobierno heredará una caja menuda que quizás se asemeje más a una caja de Pandora. Y es que la incertidumbre sobre las finanzas públicas mantiene en alerta al gobierno entrante. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará un informe actualizado esta semana, según el presidente saliente, Juan Carlos Varela.

La deuda que heredará el gobierno contabilizada hasta el 30 de abril da cuenta de un saldo de $26,971.74 millones (ver desglose en la gráfica) .

Pero el economista Francisco Bustamante explicó que ese informe omite la deuda no documentada, entre ella las vigencias expiradas, los montos de fallos adversos a Panamá, etc. ‘No sólo es lícito, sino indispensable' que el gobierno que se inicia, las conozca, afirmó.

Varela aumentó el margen de déficit en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para obtener un endeudamiento adicional por encima de los $300 millones. También deja importantes proyectos pactados —licitados y abonados— en las postrimerías de su mandato, como el cuarto puente sobre el Canal y la Línea 3 del Metro, que representan desembolsos importantes para la próxima administración.

En esa línea, según Bustamante, si no hay ahorro o superávit corriente, el financiamiento del gasto de capital y las inversiones del actual gobierno, sumados a los compromisos llave en mano y los adquiridos al final del período ‘definitivamente restringen la capacidad de inversión del nuevo gobierno'.

Además, el economista señala que para poder cumplir un plan de inversión se requieren fondos que se obtienen por deuda e impuestos. He aquí el dilema del gobierno entrante.

El economista Marcos Fernández planteó aumentar el ITBMS de 7% a 10% en el programa televisivo Debate Abierto del pasado domingo, algo que ha levantado las alarmas en algunos sectores. Aunque Fernández fue parte del gobierno de Martín Torrijos, la receta no fue comentada por el equipo de Laurentino Cortizo.

Felipe Argote, economista agremiado de Apede, también pone en duda la transparencia de las finanzas públicas. ‘El gobierno tiene que dar información actual específicamente de las cuentas por pagar para calcular el déficit', sostiene.

Aun así, Argote no es partidario de aumentar los impuestos, sino de que el gobierno reduzca sus gastos.

La ministra Eyda Varela de Chinchilla no emitió comentarios al ser contactada por este medio, tanto directamente a su celular —mensaje que leyó y no respondió— como a través de la agencia de relaciones públicas externa del MEF.

Al panorama también se añade otra manzana de la discordia: la deuda a proveedores del gobierno. Cortizo aseguró que dentro de los primeros 100 días de su gobierno, procesaría el pago de $1,000 millones a proveedores, cifra que el MEF ‘desmintió' en abril diciendo que hasta el 31 de diciembre esa deuda era de $357 millones.

El actual presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Jorge de la Guardia, indicó que sumando las vigencias expiradas y la deuda que aún no ha contabilizado el gobierno pero que sí existe en los libros de los proveedores, bien podría sobrepasar los mil millones.

Para el gerente del Banco Nacional, Rolando de León de Alba, la economía aún tiene capacidad de deuda ‘completamente aceptable' y ‘no pondría en peligro la calificación del país'.

Otro duro golpe a la deuda es el nivel de crecimiento económico, que se pronosticó por encima del 5% y solo llegó al 3.7% el año pasado, ya que mucha de esa deuda se contrajo en base a esa expectativa. Y es la misma sombra que encararía el nuevo gobierno: endeudarse con un crecimiento desacelerado.