Panamá busca blindarse ante el GAFI con ley de activos virtuales

Abogados panameños presentaron una propuesta de anteproyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio integral sobre activos virtuales, con miras a cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) antes de la revisión que realizará al país en 2027.

La iniciativa, elaborada por los abogados Belisario Castillo y Oliver Muñoz, cuenta con el respaldo de la Asociación Panameña del Mercado de Capitales (Apamec) y busca promover una discusión amplia entre el sector financiero, los reguladores y el Ejecutivo.

“La propuesta no pertenece a una institución en particular, sino que surge de una iniciativa privada con respaldo del sector. Apamec la apoya como un aporte técnico que busca generar consenso y elevar el nivel del debate”, explicó Muñoz.

El documento de la iniciativa fue dado a conocer este 28 de octubre ante representantes del sector financiero, autoridades regulatorias y líderes del ecosistema digital y legal, marcando el inicio del proceso de diálogo sobre el futuro de los activos virtuales.

Patricia Boyd, presidenta de Apamec, comentó a los presentes que la organización promoverá activamente este anteproyecto de ley ante las autoridades competentes, con el objetivo de posicionar a Panamá como una de las jurisdicciones líderes en innovación financiera en la región.

“Panamá no puede quedarse atrás. Es necesario generar reglas claras, fomentar la transparencia, atraer inversión responsable y abrir paso a un entorno digital seguro e inclusivo. Por ello, desde Apamec, haremos un llamado a la cooperación público-privada para impulsar esta regulación que beneficiará a todo el ecosistema”, señaló Boyd.

La propuesta plantea la adopción de un marco regulatorio inclusivo, innovador y sostenible, alineado con los más altos estándares internacionales y tomando como referencia los avances normativos de la Unión Europea, Brasil y Argentina.

Según Muñoz, el documento busca ofrecer definiciones claras sobre la clasificación de activos virtuales y establecer de forma precisa quiénes serán los reguladores competentes y cómo se aplicará el enfoque basado en riesgo que recomiendan los organismos internacionales.

“No todos los activos virtuales son iguales. Es necesario clasificarlos de forma clara para evitar vacíos legales y garantizar que las empresas del sector financiero tradicional puedan participar bajo una regulación efectiva”, señaló.

Entre los principales componentes de la propuesta destacan la creación de un sandbox regulatorio para la experimentación de proyectos tecnológicos supervisados, el impulso a la inclusión financiera, la atracción de talento digital y reformas puntuales al marco vigente.

El jurista subrayó que la iniciativa busca que Panamá cumpla con las recomendaciones 15 y 16 del GAFI, relacionadas con la regulación de proveedores de servicios de activos virtuales y la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en este mercado.

“Si Panamá no cumple con esas recomendaciones antes de la visita del GAFI en 2027, corre el riesgo de volver a ingresar en la lista gris”, advirtió Muñoz.

Agregó que la experiencia de Argentina —que adoptó una regulación acelerada para salir de observación internacional— demuestra la importancia de actuar con tiempo y consenso.

“No debemos esperar a que llegue 2027 para improvisar una norma. Estamos a tiempo de hacer nuestro traje a medida, bien pensado y funcional”, sostuvo.

En 2023, Panamá salió de la “lista gris” de GAFI, que fue anunciada durante la reunión plenaria de este organismo internacional, y en julio 2025, logró histórico al salir oficialmente de la lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de la Comisión Europea al cumplir con el plan de acción del GAFI.

No obstante, el país todavía tiene temas pendientes por lo que inició un proceso de fortalecimiento institucional con miras a la visita de GAFI en 2027 y tiene el reto de mantener los avances alcanzado en materia de transparencia, prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Los proponentes han compartido la iniciativa con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las superintendencias de Bancos de Panamá y del Mercado de Valores promueven su discusión técnica entre los distintos actores del sistema financiero y regulatorio.

Muñoz enfatizó que la intención es fortalecer los proyectos existentes en la Asamblea Nacional, algunos de los cuales presentan deficiencias técnicas y jurídicas. “Lo que buscamos es una discusión amplia, constructiva y con visión de país. No se trata solo de criptomonedas, sino de todo el ecosistema de activos virtuales, que incluye otros instrumentos digitales con usos financieros legítimos”, concluyó.