Panama Ports Company rechaza fallo de la Corte Suprema y evalúa acciones legales

Panama Ports Company, S.A. (PPC) manifestó este 29 de enero de 2026 su desacuerdo con la decisión anunciada por el Órgano Judicial, según la cual la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley N.° 5 de 16 de enero de 1997 y otras normas relacionadas con la concesión portuaria que sustenta las operaciones de la empresa en los puertos de Balboa y Cristóbal.

En un comunicado oficial, la compañía señaló que, aunque aún no ha sido notificada formalmente del fallo, la decisión resulta incompatible con el marco jurídico vigente y con la ley que aprobó el contrato de concesión, el cual ha servido de base para sus operaciones durante casi tres décadas, de acuerdo con la evaluación preliminar realizada por sus asesores legales.

PPC calificó este pronunciamiento como el más reciente episodio de una serie de acciones del Estado panameño que, según la empresa, se han desarrollado durante más de un año y han impactado tanto a la concesión como a su inversionista. En ese contexto, advirtió que estas medidas generan incertidumbre jurídica sobre el futuro de la actividad portuaria bajo su administración.

La empresa destacó que, a lo largo de 28 años de operación, ella y su inversionista han realizado inversiones superiores a los 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano. Según PPC, este monto supera ampliamente la inversión de otros operadores portuarios en el país y ha contribuido a la generación de miles de empleos directos e indirectos, así como al posicionamiento de Panamá como un hub logístico y portuario de referencia mundial.

En el comunicado, PPC recordó que la concesión fue adjudicada mediante una licitación internacional, y afirmó haber cumplido de forma sostenida con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías efectuadas por el Estado panameño. Asimismo, aseguró haber mantenido una actitud de transparencia y cooperación con las autoridades.

La compañía sostuvo que el fallo anunciado carece de fundamento jurídico, según la información disponible hasta el momento, y advirtió que podría afectar no solo a PPC y a su contrato, sino también al bienestar de miles de familias panameñas que dependen directa o indirectamente de la actividad portuaria. Además, señaló que la decisión sería contraria a precedentes previos de la Corte Suprema sobre contratos de naturaleza similar.

PPC también alertó sobre un posible impacto negativo en la reputación internacional de Panamá, al considerar que la situación podría debilitar la percepción del país como una jurisdicción confiable y como un centro logístico competitivo a nivel global, en un momento en que la estabilidad institucional y el respeto a los contratos son considerados factores clave para atraer inversión.

Finalmente, la empresa reiteró su compromiso con Panamá, con sus trabajadores y con las comunidades de Balboa y Colón, y confirmó que se reserva todos sus derechos, incluyendo la posibilidad de recurrir a instancias legales nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la coordinación y al diálogo respetuoso con el Estado para evitar disrupciones y proteger la continuidad de la concesión.