Precalificación del Canal abre paso a proyectos que redefinen su modelo logístico

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) dio ayer el primer paso formal hacia una de las licitaciones más ambiciosas de su historia reciente, al publicar los documentos de precalificación para un gasoducto interoceánico y dos nuevas terminales portuarias, Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico. Se trata de proyectos estratégicos que apuntan a diversificar el modelo de negocios del Canal y reforzar la posición de Panamá como hub logístico y energético de alcance global.

La publicación de los pliegos, aprobada por la Junta Directiva del Canal, marca el inicio del proceso para seleccionar a los futuros concesionarios de estas iniciativas, consideradas pilares de la Visión Estratégica 2025–2035 de la vía interoceánica. La ACP aclaró que este proceso de precalificación no guarda relación con el reciente fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia sobre la concesión de Panama Ports Company, y responde exclusivamente a la planificación estratégica de sus nuevos proyectos.

Sobre la publicación de los documentos de precalificación, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, adelantó el miércoles 28 de enero que estos permitirán avanzar de forma ordenada hacia la fase de licitación. “En las próximas semanas vamos a estar anunciando el inicio del proceso de precalificación para luego invitar a las empresas a participar, con la expectativa de que todo el proceso pueda culminar en 2026”, indicó.

Jorge Barnett, especialista en el sector logístico panameño calificó la publicación como positiva, debido a que el gasoducto es un proyecto de infraestructura que complementa los tránsitos por el Canal de Panamá.

“El gasoducto no compite con el tránsito marítimo del Canal, sino que lo complementa, al abrir un espacio operativo paralelo para el movimiento de gas natural y otros graneles líquidos, sin necesidad de usar esclusas ni consumir agua”.

Barnett planteó que la idea es contar con un canal paralelo como lo hace el ferrocarril. “Así como el ferrocarril permite a las navieras mover contenedores entre océanos sin transitar por el Canal, el gasoducto crea una alternativa dedicada que libera capacidad y aporta flexibilidad operativa”, dijo.

El componente energético del plan contempla la construcción de un gasoducto de unos 76 kilómetros, diseñado para transportar propano, butano y etanol entre ambas costas, con una capacidad estimada de hasta 2.5 millones de barriles diarios. Según la información técnica divulgada, el proyecto no requerirá tránsito por las esclusas del Canal ni implicará consumo adicional de agua dulce.

Sin embargo, el movimiento de estos tres gases requiere de un sistema de tuberías individuales, así como su almacenamiento. El margen del costo es amplio y aún no está definido, pero podría oscilar de $4 mil millones a $8 mil millones. Para su construcción estiman la generación de más de 6,500 plazas de trabajo y cerca de 9,600 empleos en su fase operativa.

El corredor energético permitiría a la ACP capitalizar la posición geográfica del país en el comercio global de hidrocarburos y derivados. El aporte estimado para el Estado es de unos $160 millones durante la construcción y más de $1,500 millones anuales en su fase de operación.

Durante la fase de acercamiento al mercado, el Canal sostuvo reuniones con más de 20 empresas internacionales de los sectores energético, logístico y financiero, entre ellas gigantes del comercio de energía, operadores de infraestructura y fondos de inversión, lo que evidencia el interés global que despierta la iniciativa.

En septiembre de 2025, el presidente de la República, José Raúl Mulino recibió a más de 30 empresas del sector energético japonés interesadas en el proyecto.

El segundo eje del plan apunta al desarrollo de dos terminales portuarias de contenedores, previstas en las áreas de Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, con el objetivo de incrementar la capacidad nacional de trasbordo entre 5.0 y 6.0 millones de TEU anuales. El proyecto contempla una inversión estimada de $2,600 millones para ambas terminales, con un impacto económico calculado entre el 0.4 % y el 0.8 % del Producto Interno Bruto.

La ACP informó que, como parte del proceso de precalificación, sostuvo reuniones individuales con operadores portuarios de alcance global, interesados en evaluar su eventual participación en la licitación.

Entre los actores que han manifestado interés en el componente portuario del plan figura Ocean Network Express (ONE), una de las principales navieras del mundo, que ha señalado su intención de evaluar su participación en los procesos de licitación para ambas terminales, tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Para finales de octubre de 2025, la ACP tuvo el primer acercamiento en el que participaron APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals–CMA, DP World, Hanseatic Global Terminals, MOL, PSA International, SSA Marine–Grupo Carrix y Terminal Investment Limited, CMA CGM, Evergreen, Hapag Lloyd, HMM, Maersk Line, MSC, OOCL, COSCO, Yang Ming, Port of Houston y ZIM.

El impulso político al componente portuario del plan también ha sido respaldado desde el Ejecutivo. En julio de 2025, el presidente Mulino calificó el tema de “necesidad urgente”, haciendo referencia al proyecto de Corozal, y aseguró que su administración está dando prioridad a que el proceso de licitación avance con celeridad.

“Yo le tengo el acelerador puesto al Canal de Panamá para que esa licitación se concrete lo antes posible”, afirmó el mandatario durante su conferencia semanal, al subrayar que el Canal constituye una pieza central de la estrategia marítima y logística de su visión integral para el país.

El proyecto de Corozal fue impulsado sin éxito a mediados de la década pasada, pero cuenta hoy con un escenario distinto. Según explicó, el mandatario existe una demanda identificada por parte de usuarios y operadores internacionales, que anticipan un incremento significativo en el movimiento de carga en el Pacífico. No obstante, reconoció la complejidad del desafío. “Construir un puerto no es hacer una piquera de taxis; es un proyecto de gran escala que requiere licitaciones altamente técnicas”, señaló.

Por su parte, Barnett resaltó que esto se centra en un tema de competitividad y confiabilidad. En cuanto al tema de los puertos, Barnett reiteró que Panamá compite principalmente en el negocio del trasbordo, y en ese mercado la confiabilidad es clave: las navieras necesitan saber que el muelle estará disponible en el momento programado, igual que ocurre con las reservas del Canal”.

Advirtió que “con la capacidad actual se puede crecer marginalmente, pero si el país quiere dar un salto y atraer nuevos servicios, necesita espacio adicional; de lo contrario, la carga termina yéndose a otros puertos de la región”.

“El reto de estas licitaciones es lograr un equilibrio: que las concesiones sean beneficiosas para el país, pero sin afectar la competitividad del trasbordo, que es un negocio altamente transaccional”, acotó el especialista en logística.

Los documentos de precalificación, disponibles en el sistema de contrataciones del Canal, establecen los requisitos técnicos, financieros y legales que deberán cumplir las empresas interesadas. La documentación será evaluada por una Junta Técnica de Evaluación, que determinará qué participantes avanzan a la fase de licitación.

Desde el Ejecutivo se ha señalado que este proceso busca avanzar de manera ordenada y transparente, con la expectativa de que las licitaciones puedan concluir a lo largo de 2026.

Como parte del fortalecimiento de estas iniciativas, la Junta Directiva de la ACP autorizó una operación de compraventa de terrenos con el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de asegurar áreas estratégicas necesarias para el desarrollo de los proyectos. La medida apunta a garantizar la viabilidad logística y operativa de las inversiones a largo plazo.

La ACP ha indicado que los proyectos incorporan desde su diseño un enfoque social y ambiental, reconociendo que el desarrollo de infraestructura debe avanzar de la mano con el bienestar de las comunidades ubicadas en las áreas de influencia del Canal.

La publicación de los pliegos de precalificación se produce en un momento clave para el Canal de Panamá, que busca reducir su dependencia exclusiva del tránsito de buques, ampliar sus fuentes de ingresos y reforzar su resiliencia frente a los cambios del comercio global y las presiones climáticas.

Más allá de su dimensión técnica, el proceso abre un debate de fondo sobre el futuro del modelo logístico del país, la gobernanza de las concesiones estratégicas y el papel de Panamá en las cadenas globales de energía y comercio.

Con la precalificación ya en marcha, el país entra en una fase decisiva para definir qué actores participarán en proyectos que podrían marcar el rumbo del Canal y del sistema logístico nacional en las próximas décadas.