Proyecto de bioetanol detenido: gremios alertan por pérdida de empleos e inversión privada

La decisión de la Asamblea Nacional de suspender hasta julio el segundo debate del proyecto de ley No. 443, que crea el Programa Nacional de Biocombustibles, ha generado fuertes reacciones en sectores industriales y en el Ejecutivo.

La Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (AZUCALPA) reconoció la potestad constitucional del Legislativo para definir el curso de los proyectos, pero advirtió que cada mes de retraso implica “menos inversión, menos crecimiento y menos empleos para el país”.

Según estimaciones del gremio y autoridades nacionales, la implementación del programa permitiría la creación de 10,000 empleos directos y 20,000 indirectos, con impacto en zonas rurales y en la economía del interior.

El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) también manifestó su preocupación, señalando que el proyecto de bioetanol representa una “oportunidad concreta e inmediata” para generar 30,000 empleos directos e indirectos, dinamizar la agroindustria y atraer inversión privada al interior del país.

El gremio advirtió que la dilación en la aprobación de este tipo de iniciativas tiene consecuencias reales: inversiones que no se ejecutan, empleos que no se generan y oportunidades que se pierden para miles de panameños.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino reaccionó al debate público y aseguró que la iniciativa quedó “sacada de contexto” por la controversia política y mediática.

El mandatario sostuvo que la discusión del etanol “se sacó completamente del contexto técnico de este producto para llevarlo estrictamente al ámbito de la especulación y la maledicencia”.

Mulino lamentó que el debate se desviara del análisis técnico hacia la confrontación política y advirtió que la decisión de no avanzar por ahora tendrá efectos económicos.

“Por lo pronto no va a haber etanol, con el consiguiente perjuicio a la enorme cantidad de empleos que esa industria hubiera generado para el país”, dijo.

El presidente subrayó que el desarrollo del sector implicaba inversiones “multimillonarias” y la posibilidad de que productores de caña diversificaran su producción hacia variedades especializadas para etanol.

Sin embargo, insistió en que el debate quedó dominado por “el bochinche, la maledicencia y la especulación”, dejando el destino del proyecto en manos del Legislativo.

Un proyecto rodeado de intereses

El proyecto de ley que obliga a mezclar 10% de bioetanol con gasolina ha puesto bajo la lupa a ingenios azucareros con vínculos históricos con el poder económico y político del país.

Cuatro centrales manifestaron interés ante la Secretaría de Energía: Azucarera Nacional (Ansa), Compañía Azucarera La Estrella (Calesa), Ingenio La Victoria y Central Azucarero de Alanje (Cadasa).

Entre los nombres que orbitan el debate aparecen figuras de peso político: el ministro de Economía Felipe Chapman, cuyo hermano figura como directivo suplente en Calesa; el asesor presidencial Aníbal Galindo Navarro, vinculado familiarmente a la empresa; y el ingenio La Victoria, ligado a la familia del expresidente Ricardo Martinelli, que ha promovido públicamente el potencial económico del etanol con estimaciones de hasta 30,000 empleos y $400 millones en inversiones.

En el caso de Cadasa, el actual contralor Anel Flores fue apoderado legal y director de la sociedad hasta antes de asumir el cargo.