Reformas al Código de Recursos Minerales: ¿qué cambios se plantean?

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional discutió en primer debate el proyecto de ley 579, que busca modificar disposiciones del Código de Recursos Minerales y actualizar la normativa sobre minería no metálica.

La iniciativa, presentada por la diputada Dana Castañeda, plantea incorporar criterios sociales y ambientales como requisitos prioritarios al momento de otorgar nuevas concesiones de canteras, con el fin de proteger comunidades, áreas turísticas y bienes públicos.

En la sesión se expusieron conflictos recientes, como la oposición comunitaria a la cantera en Cerro San Cristóbal, en Natá, y la concesión otorgada en los Chorros de Olá.

El proyecto propone modificaciones específicas a varios artículos del Código. En el artículo 1 se establece que las áreas de reserva para concesiones de minerales no metálicos incluirán todas las tierras ubicadas a menos de 250 metros y hasta 2 kilómetros de viviendas y barriadas habitadas; a menos de 1 kilómetro de escuelas, centros médicos, iglesias y centros culturales; dentro de lugares turísticos a 2 kilómetros; y a menos de 2 kilómetros de carreteras, 3 kilómetros de autopistas y 2 kilómetros de poblados.

El artículo 2 señala que estas disposiciones aplicarán tanto a nuevas solicitudes como a prórrogas o renovaciones de concesiones, prohibiendo al Ministerio de Comercio e Industrias otorgar permisos en áreas de reserva.

El artículo 3 establece que todas las solicitudes en trámite que recaigan sobre áreas comprometidas quedarán rechazadas y deberán ser archivadas en un plazo de tres meses. Finalmente, el artículo 4 obliga a las concesiones vigentes a adecuar sus operaciones y establecer zonas de amortiguamiento conforme a las distancias mínimas, con el fin de disminuir el impacto ambiental y social.

Severo Sousa Gómez, nuevo presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), comentó a este medio que están a favor de reformar el código minero, el cual data ya de varias décadas. “Es un decreto ley de 1963, por lo tanto, presenta muchas desactualizaciones con las buenas prácticas de hoy día en minería responsable”, afirmó Sousa.

Sin embargo, agregó que “debe ser una reforma integral y no por parches, donde participe el sector privado, así como el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) como responsable directo por el Ejecutivo, los gobiernos locales y la parte civil interesada”.

La discusión sobre la reforma del Código Minero en Panamá se ha intensificado desde finales de 2023, tras la suspensión de operaciones de Cobre Panamá, y ha vuelto a la Asamblea Nacional en 2026 con propuestas de actualización del marco jurídico. Aunque el Gobierno inicialmente descartó una reforma inmediata, el tema ha estado en debate público y legislativo desde entonces.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, por su parte, sugirió que el tema se lleve a una mesa técnica, poniendo a disposición el equipo legal y el departamento de recursos minerales del ministerio para revisar las distancias y atender las preocupaciones planteadas. Moltó reiteró que el MICI está dispuesto a colaborar tanto en el segundo debate como en el análisis técnico previo.

El diputado Julio de la Guardia sugirió enviar el proyecto a una subcomisión, advirtiendo que la inclusión de distancias respecto a iglesias podría generar conflictos, dado que muchas funcionan en viviendas. Señaló además que en comunidades como Agua Blanca, en Penonomé, las canteras han deteriorado las calles sin asumir responsabilidades.

El diputado Jamis Acosta presentó el informe del MICI, que no se opone al proyecto y lo considera viable, destacando que puede pasar al segundo debate y ser modificado allí si es necesario. El diputado Jhonathan Vega también respaldó la iniciativa, señalando que refleja problemáticas que se viven en el interior del país y que el tema de las distancias puede revisarse en el segundo debate.

En su comparecencia, el titular del MICI también aclaró el mecanismo jurídico que permite la presencia de la empresa Cobre Panamá, pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato de concesión minera. Moltó enfatizó que lo declarado inconstitucional fue el contrato, no la empresa. En ese sentido, explicó que la compañía sigue en el área bajo la obligación de ejecutar el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), cuyo objetivo es eliminar condiciones peligrosas y riesgos ambientales derivados de los 38 millones de toneladas de material mineralizado ya extraído y expuesto al ambiente. “La Constitución y las leyes obligan al gobierno a eliminar condiciones peligrosas y riesgos ambientales. Lo ilegal sería no hacer nada frente a un riesgo comprobado”, afirmó el ministro.

El titular del MICI recalcó que no se trata de una reapertura de la mina ni de nuevas concesiones, sino de medidas técnicas y legales para mitigar el riesgo de drenaje ácido y contaminación de agua y suelos. Añadió que la empresa está obligada a cubrir los costos de estas acciones y que el Estado recibe regalías por el material procesado y exportado, las cuales serán invertidas en obras de beneficio social, según disposición presidencial.

El ministro reiteró que la actuación del gobierno se basa en la Constitución, el Código de Recursos Minerales y el Decreto Ejecutivo 5 de 2026, que establecen la obligación de eliminar condiciones peligrosas en operaciones mineras.