Revisión de la OCDE a Panamá está prevista para el primer trimestre de 2027, confirmó la DGI

La próxima revisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a Panamá está prevista para el primer trimestre de 2027. Así lo adelantó José Almengor, jefe de Intercambio de Información Tributaria de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, durante el conversatorio “Sustancia Económica en Panamá: Claves para entender la Ley 526 de 2026”, organizado por la International Fiscal Association (IFA), Capítulo Panamá.

Almengor aseguró mediante un comunicado que el país presenta un avance del 98% de cumplimiento en transparencia fiscal y que se realizan los cambios necesarios para la evaluación, un paso crucial para salir de la lista de la Unión Europea (UE) de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria.

El jefe de Intercambio de Información Tributaria de la DGI detalló que, entre las mejoras en transparencia fiscal, Panamá pasó de un 69% de incumplimiento en registros contables en 2019 a un 93% de cumplimiento, además de registrar un 98% de cumplimiento en beneficiarios finales y un 97% en propiedad legal.

El pasado 30 de abril, Panamá solicitó formalmente a la OCDE una nueva revisión sobre el intercambio de información a requerimiento, el motivo principal por el cual el país permanece en la lista. Con la evaluación programada para el primer trimestre de 2027, la nación aspira a mejorar su calificación de “parcialmente cumplidor” a “altamente cumplidor”.

Respecto al intercambio automático de información financiera, se espera que para noviembre de este año el Foro Global publique oficialmente a Panamá en la categoría de “largely compliant” (altamente cumplidor), tras superar la categoría de “non-compliant”, señala el comunicado.

En el encuentro también se analizó la aprobación de la Ley 526 de 2026 sobre Sustancia Económica, cuyos beneficios fueron explicados por representantes de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) y de la DGI. Se indicó que uno de los principales puntos a favor de esta norma es facilitar la exclusión del país de los listados internacionales que generan restricciones para las inversiones.

Isabel Vecchio, directora de la DEFFI, explicó que la permanencia de Panamá en el Anexo I ha frenado la expansión de la red de convenios para evitar la doble tributación, un área en la que la DGI trabaja actualmente para lograr su ampliación.

Por su parte, Tatiana Alemán, subdirectora de la DEFFI, señaló que la norma remarca el compromiso del país con la transparencia y ofrece beneficios a la inversión extranjera. Tras la aprobación de la Ley 526, Panamá espera que el Código de Conducta de la Unión Europea evalúe la implementación de la norma para avanzar del Anexo I al Anexo II.

Sin embargo, la aprobación de la ley es solo el primer paso. “El Código de Conducta no solo ve la ley, también revisa cómo se implementa”, explicó Almengor.

En la conferencia magistral “Desafíos Fiscales de las Estructuras Holdings bajo la Ley de Sustancia Económica”, el abogado Ramón Anzola, socio de Anzola Robles & Asociados, señaló que la correcta aplicación de la Ley 526 será uno de los mayores retos.

Anzola destacó la importancia de diferenciar las sociedades holding de grupos multinacionales de aquellas creadas para administrar patrimonios o inversiones personales, a fin de evitar cargas regulatorias que afecten la competitividad nacional.

El especialista planteó la necesidad de aplicar con criterios razonables los requisitos de sustancia económica, la norma antiabuso y los casos de sustancia simplificada.

Asimismo, propuso impulsar reformas para modernizar la legislación societaria, ampliar la red de convenios para evitar la doble tributación y fortalecer la promoción internacional del país como centro de negocios.

Por su parte, el abogado especialista en Tributación Internacional José Andrés Romero explicó que el Reglamento de la Ley de Sustancia Económica debe definir el alcance de la Residencia Fiscal en el ámbito de un grupo multinacional; específicamente, si una entidad que no tiene residencia fiscal en Panamá puede o no ser miembro integrante de dicho grupo.

Adicionalmente, se abordó la interacción entre el régimen de sustancia económica de rentas pasivas y el de precios de transferencia. Durante el debate se reafirmó la plena autonomía de este último, fundamentada en el Código Fiscal y en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, José Luis Galíndez, presidente saliente de IFA, señaló que al celebrarse transacciones intragrupo que generen rentas pasivas, estas deberán cumplir con las obligaciones formales y materiales.

Durante la actividad, la IFA eligió a su nueva junta directiva para el período 2026-2028, la cual estará presidida por Gerardo Herrera Martínez, acompañado por Jony Afú, Jazmín Solís, Madeleine Chalhoub, Alejandro Alemán, Frida Medrano, Jan Christian Brewer, Nicole Fernández y Nelson Gutiérrez.

Herrera anunció que su gestión se enfocará en posicionar al Capítulo de Panamá en la discusión tributaria internacional a través de cuatro líneas de trabajo: fortalecer el congreso anual, incorporar a jóvenes especialistas para promover el relevo generacional, desarrollar una agenda permanente de encuentros académicos y ampliar la producción de publicaciones técnicas para la membresía.

Asimismo, la organización mantendrá el debate tributario durante todo el año mediante conversatorios periódicos sobre temas de actualidad.

Por su parte, Galíndez destacó como hitos del período 2024-2026 la puesta en marcha de los primeros Congresos de Tributación Internacional del Capítulo con expositores internacionales, así como la publicación de la obra Debates Contemporáneos de Derecho Tributario Internacional en Iberoamérica, lo cual, según sus palabras, “ha consolidado a Panamá como el hub tributario por excelencia en la región”.