Quito: licencia para robar

H e visto muchas cosas raras en las últimas tres décadas en Latinoamérica, pero el referéndum del 7 de mayo en Ecuador quizás sea una de las más insólitas: sería la primera vez en que los votantes de un país aprueban medidas que aumentarán la corrupción gubernamental.

No es un chiste. El referéndum de 10 puntos propuesto por el presidente Rafael Correa —que según las encuestas será aprobado— incluye varias cláusulas que en los hechos le daría a los funcionarios gubernamentales una licencia para robar. Las cláusulas restringirían la libertad de prensa, silenciando así lo que ha sido en los últimos tiempos la única arma para combatir la corrupción por parte de funcionarios del gobierno.

Correa, que ha intensificado sus ataques contra los medios desde que los periódicos revelaron que su hermano Fabricio Correa había realizado contratos por más de $300 millones con su gobierno, ha incluido en el referéndum varias preguntas destinadas a inducir a que la gente vote por el ‘sí’.

Una de ellas les pide a los votantes decidir si ‘con la finalidad de impedir la muerte de un animal por simple diversión, ¿está usted de acuerdo en prohibir... los espectáculos públicos donde se mate animales?’. A menos que haya un porcentaje descomunal, todo hace prever que los ecuatorianos votarán por el ‘sí’.

Pero el propósito subyacente del referéndum no es prohibir las corridas de toros, sino legitimar la censura de la prensa y el control gubernamental del sistema judicial, señalan los críticos.

El referéndum contiene una cláusula en que se les pregunta a los votantes si ‘con la finalidad de evitar los excesos de los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo en que se dicte una ley de comunicación?’. El texto propone concretamente establecer un ‘Consejo Regulador’ destinado a examinar los contenidos de la televisión, la radio y los medios impresos.

Otra cláusula propone crear una ley por la cual se prohibiría a los propietarios y directivos de medios de prensa ser propietarios de otras empresas no relacionadas con sus medios.

César Ricaurte, director de Fundamedios, un grupo independiente que defiende la libertad de prensa, me dijo que la aprobación de estas dos provisiones acabaría efectivamente con todas las investigaciones sobre corrupción en Ecuador, porque nadie más en el país está denunciando los casos de corrupción. Sólo después de que los medios denunciaron los negocios de Fabricio Correa con el gobierno de su hermano empezaron las investigaciones de la contraloría sobre esos contratos, agregó. ‘Ni el Congreso, ni ninguna otra institución ha iniciado ningún proceso de juzgamiento de funcionarios públicos con denuncias por su función publica’.

Correa ha presentado una demanda de $80 millones contra el diario El Universo y su editor de las páginas de opinión, Emilio Palacio, por haberlo supuestamente calumniado, y una demanda de $10 millones contra los autores de un libro titulado ‘El gran hermano’, que detallaba los acuerdos de negocios entre Fabricio Correa y el gobierno.