Venezolanos claman justicia ante arremetidas represivas

Puerto Ordaz, una ciudad venezolana en la que reinó la calma ausente en la grandes capitales, con el aire propio de una urbe planeada en la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Gobierno, vive hoy tras la sombra del abatir sociopolítico frente a las protestas que claman una salida a la crisis social que enfrenta el país.

Y es que la emblemática localidad, perteneciente a la provincia de mayor extensión geográfica en Venezuela (Bolívar), revive hoy los hechos que marcaron huellas profundas en la memoria de sus habitantes en 2014 y que renacen para remover las fibras del miedo ante el poder del Estado, desde que iniciaron las protestas contra Nicolás Maduro en abril.

Uno de los hechos más cercanos ocurrió el pasado 26 de mayo, despertando nuevamente el llamado de la colectividad al respeto de los derechos humanos. La Estrella de Panamá en el lugar, conversó con varios de sus protagonistas.

Merlin Morales, madre de dos infantes y habitante de las residencias Villa Latina, relató que alrededor de las 10 p.m., mientras dormía en compañía de su familia, escuchó golpes en las puertas de seguridad del domicilio, acompañados del ingreso de aproximadamente 20 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quienes irrumpieron sin presentar una orden de allanamiento.

redes socialesFuncionarios del SEBIN lograron irrumpir en algunos domicilios.

Durante aproximadamente 4 horas, los efectivos del SEBIN, golpearon las puertas de algunos departamentos con objetos contundentes, destruyendo lámparas para dejar en penumbras el lugar. “Fue totalmente inesperado, algo que jamás pensamos que nos iba a ocurrir”, señaló Morales, mencionando que los funcionarios no se marcharon sin antes dejar escritos en el suelo y las paredes mensajes de intimidación.

“Lo que hicimos esa noche fue rezar y llorar, nos sentíamos como unos niños cuando son abandonados sin papá ni mamá”, explicó.

Pero lo ocurrido el 26 de mayo, es solo un hecho que se suma a los acontecidos en 2014, cuando seis meses de protestas ininterrumpidas a nivel nacional dejaron un saldo de centenares de detenidos, además de decenas de fallecidos y violaciones a los derechos humanos. Para la también educadora, la situación es de total indefensión al no saber a qué instancia acudir ya que “la supuesta autoridad que te debe respetar como ciudadano, protegerte y darte seguridad”, es la misma que irrumpe en los hogares.

El escritor Carlos Yusti, también residente del lugar, expresó que los efectivos del SEBIN ingresaron a la residencia, “haciendo uso de un vandalismo extremo”, arrojando objetos al vacío desde varios pisos que ocasionaron daños a los vehículos.

germán damVehículos afectados durante el allanamiento.

Comentó que el hecho lejos de ser un allanamiento, fue una viva muestra de “vandalismo puro practicado por el Estado” y que como venezolano, vivió la “impotencia” de no tener a quién acudir en una situación en la que el estado de derecho fue “violentado en todas sus etapas”.

El periodista Germán Dam, con 10 años de cobertura en la fuente de sucesos, advirtió que “jamás había visto allanamientos con semejante saña”, manifestando que además de la arbitrariedad que cometieron, los efectivos “causaron destrozos en la propiedad privada y dejaron mensajes amenazantes”.

De acuerdo con Dam, “se trató de un total atropello por parte de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado” como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el SEBIN y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en el que no hubo una orden de allanamiento.

Procedimientos irregulares

Sobre los hechos, Ezequiel Monsalve, coordinador general del Foro Penal Venezolano (FPV), aseguró que los ciudadanos vivieron momentos de terror por un “supuesto procedimiento judicial que carece de todas las normas constitucionales” y que fueron violados el derecho a la propiedad y a la privacidad, ampliamente regulados en la Constitución.

Conforme al allanamiento ilegal, se consolidó la aprehensión de tres ciudadanos, entre ellos un menor de edad y dos adultos. El menor fue puesto en libertad en la mañana del jueves mientras que a los tres adultos se les presentó en Tribunales y se les formularon diversos cargos, siendo posteriormente liberados con una medida sustitutiva a la privativa de libertad.

Según el jurista, en el expediente no se observó ninguna orden de allanamiento que sustentara la aprehensión, “confirmando la tesis de que el procedimiento judicial que finalizó con la irrupción en al menos cuatro apartamentos y los daños a la propiedad además del uso de mensajes amenazantes” estuvo fuera del marco legal.

GERMÁN DAMAmenazas de los efectivos de seguridad.

Con el acompañamiento y la asistencia legal del FPV, las víctimas del allanamiento denunciaron lo ocurrido ante la Fiscalía II del Ministerio Público desde la cual, se libró una inspección técnica que debía ejecutarse por la Policía del estado Bolívar, pero nunca fue practicada.

Monsalve explicó que la Carta Magna venezolana, establece dos mecanismos a través de los cuales la libertad puede ser menoscabada en relación a la comisión de un delito; uno de ellos es la aprehensión en flagrancia y el segundo es a través de una orden judicial que puede ser un allanamiento o una orden de aprehensión material hacia alguien.

Detenciones

A la fecha, solo en el estado Bolívar el FPV ha contabilizado 157 detenciones entre abril y mayo de 2017. A ellos, se suman 12 estudiantes detenidos por la GNB en la tarde de este jueves.

“Al no verse ninguna de estas dos opciones para ejecutar la privación de libertad incluso para ingresar a una morada, evidentemente se están violando varios derechos, incluso, constitucionales como el derecho a la libertad, a la propiedad, a la privacidad, que son los tres pilares de la cantidad de delitos que se cometieron en relación a la ejecución de esos cuerpos de seguridad ciudadana”, recalcó.

Descontrol mortal

“El problema no es controlar el orden público, el problema es la desproporcionalidad en el uso de la fuerza en el control de manifestaciones, que es lo que al final de cuentas determina la violación de derechos humanos”, con estas palabras, Monsalve  resume la que considera ha sido la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, tanto en la localidad como en el país.

Hizo mención especial a los casos de Irma Bello de la tercera edad y Donner Rivas, estudiante universitario quienes el pasado 19 de abril, sufrieron heridas y lesiones graves provocadas por armamento de la GNB.

persecusión

“Las personas en Venezuela son perseguidas políticamente por disentir, por pensar distinto, por pertenecer a un grupo político, por dar informaciones públicas respecto a una situación irregular”, Ezequiel Monsalve, FPV.

Una de las víctimas, que por seguridad prefirió no ser identificada, ni establecer la denuncia, sufrió desprendimiento parcial de la masa encefálica y fractura de cráneo producto del impacto directo de una bomba lacrimógena.

Augusto Puga, un caso emblemático que representa el primer asesinato producto de las protestas en la región, dejó ver todo un entramado de violaciones que conmovieron a la opinión pública nacional, al evidenciarse la violación a la autonomía universitaria con el uso desproporcionado de la fuerza y el empleo de armas de fuego no autorizadas en manifestaciones, “los muchachos fueron reprimidos con armas de fuego calibre 9 mm y muchos fueron heridos de balas”, mencionó y en el caso de Puga, de 22 años, fue herido en la cabeza con un arma de fuego luego de manifestar en el Decanato de la Universidad de Oriente el pasado 24 de mayo.

Refirió que “los funcionarios, lejos de controlar las manifestaciones y aprehender a las personas que participan en las manifestaciones violentas, están buscando herir” y  que la generación de lesionas graves ha sido la constante en las estadísticas que se están registrando por parte del FPV.

Delitos de lesa humanidad

Los delitos de lesa humanidad, están regulados en el Estatuto de Roma, que fue suscrito por Venezuela y tienen carácter de imprescriptibilidad.

“Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles porque así mismo lo acordó el legislador en la Constitución”, mencionó Monsalve,  “la mayoría de estos delitos son cometidos por Gobiernos de turno y es injusto que no sean investigados o enjuiciados en un Gobierno determinado”.

En el caso de Venezuela y específicamente de Puerto Ordaz, “hay una violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos”, cualquier disidencia es castigada de la manera más severa, “privar a las personas de su libertad, someterlos a tratos crueles y degradantes incluso torturar a personas por estas cualidades” representa violaciones de los DDHH, concluyó.