La Estrella de Panamá
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15 de Oct de 2019

América

Gil Pino, el ponente en el proceso contra Maduro

En un acto sin precedentes, Venezuela tiene un Tribunal Supremo en el exilio, que ha sido autorizado por la Asamblea Nacional

El Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela recibió hace tres días la notificación de la Asamblea Nacional en la que se le informa que aprueba los elementos para que continúe con el juicio al mandatario de ese país, Nicolás Maduro.

El proceso, que había iniciado con un antejuicio, tiene como ponente al magistrado de la Sala Electoral Rommel Gil Pino, quien informa que ahora lo que procede es establecer la fecha de audiencia al mandatario, lo que harán en los próximos días.

Gil, que tuvo que refugiarse en Estados Unidos, está en Panamá para asistir a las actividades vinculadas al establecimiento de la oficina del Tribunal Supremo de Venezuela (en el exilio), sede de Panamá, dado que en nuestro país permanecen cuatro magistrados asilados, en tanto que los demás están repartidos entre Chile, Colombia y el país norteño.

La acusación a Maduro fue presentada por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, actualmente asilada en Colombia. En el año 2015 se hace una investigación a los representantes de la empresa Norberto Odebrecht, en Venezuela, donde a esta empresa, que ha tenido contratos en varias partes de Latinoamérica, se le ha descubierto un particular modus operandi de corrupción.

En Venezuela, la fiscal Ortega Díaz logra determinar en la investigación obras que fueron contratadas y muchas no concluidas, y otras tantas que ni siquiera se iniciaron. La sumatoria de lo que pagó el gobierno venezolano a la empresa Norberto Odebrecht, según la denunciante, equivale a 2.5 billones de dólares, lo que es igual a 2.5 mil millones de dólares.

La fiscal presenta una inspección de las obras en las que se muestra que muchas de ellas, simplemente, nunca se hicieron, como, por ejemplo, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, en el estado Zulia, donde ni siquiera están los pilotes, así como el tercer puente sobre el río Orinoco, donde tampoco está ni la primera piedra, pero sí los pilotes.

‘La Estrella de Panamá' tuvo la oportunidad de conversar con el magistrado ponente de este caso, un joven abogado que habla con voz grave, pero con cautela, y que está consciente del camino minado por el que le ha tocado caminar, pero aun así sigue adelante hasta lograr que una verdadera justicia, democracia y libertad existan en su país.

MAGISTRADO GIL, ENTONCES EL CASO YA PASARÁ DE SER UN ANTEJUICIO A UN JUICIO AL SEÑOR MADURO…

Efectivamente, porque ya la Asamblea Nacional dijo que hay mérito para proceder con un juicio en este caso.

¿CUÁNDO COMIENZA LA AUDIENCIA?

Nosotros debemos fijar audiencia para que la fiscal presente el resto de los elementos de prueba; luego, este tribunal deberá estudiar y determinar si hay los delitos de corrupción y legitimación de capitales, que fue lo que la querellante solicitó.

¿LEGITIMACIÓN DE CAPITALES?

Eso significa cuando una persona recibe fondos, y los pasa a ser legítimos a través de un proceso de lavado de dinero…esa fue una de las acusaciones de la fiscal a Maduro.

¿DÓNDE SE HARÁ EL JUICIO?

Tenemos la lucha por hacerlo en Caracas…esperamos que se den las condiciones para que nos permitan hacerlo allá.

TODO PARECE INDICAR QUE AL APROBARSE UN JUICIO CONTRA EL SEÑOR MADURO, YA NO DEBERÍA SER EL PRESIDENTE DE VENEZUELA...

Lo que procede es que la Asamblea Nacional convoque al vicepresidente de la República y lo juramente para que asuma la presidencia, mientras el señor Maduro enfrente el juicio.

LA LEY ESTABLECE QUE MIENTRAS ÉL ESTÉ EN UN JUICIO NO PUEDE SER PRESIDENTE, ¿ES ASÍ?

No puede estar en ningún cargo público. Eso lo prevé el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se señala que él debe separarse del cargo.

EN ESTE PROCESO HAY UNA ACUSACIÓN EN LA QUE ESTÁN INVOLUCRADOS MILES DE MILLONES DE DÓLARES…¿SE COBRÓ TANTO DINERO?

Sí. Se cobró. Hay una denuncia importante certificada por la fiscalía de Brasil, donde el presidente de la sucursal Odebrecht, en Venezuela, Euzenando Prazeres, se declara culpable y confiesa que el actual presidente Maduro, que entonces era canciller, le solicitó para su campaña y para la de Hugo Chávez, del año 2012, unos recursos que ascendían a 50 millones de dólares. Prazeres le entregó a Nicolás Maduro, a través de una tercera persona, 35 millones de dólares, con el compromiso de que su empresa se viera beneficiada si él ganaba la presidencia de la República. Esa confesión es parte de los elementos de prueba que este máximo tribunal estudió para dar causa probable a que hay elementos que indican que sí hay delito por corrupción; por eso se admitió el Antejuicio de Mérito para ir a un juicio penal, el cual se le informó a la Asamblea Nacional, que es la que debía autorizar la continuación o no del juicio. Ya la asamblea el día ayer (lunes 25) , con 105 votos a favor y 2 en contra, aprobó el juicio a Maduro. Nos corresponde ahora a nosotros fijar la audiencia para que se presenten las partes, la querellante y el defensor el defensor de Maduro.

¿CÓMO FUNCIONA EL TRIBUNAL EN EL EXILIO?

Estos magistrados constituyen el Poder Judicial de la República en el exilio por estado de necesidad, pero amparados en el artículo 333 de la Constitución. No hemos dejado de trabajar. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo nos permite el uso de la tecnología para las reuniones que hacemos de plenaria, e inclusive de junta directiva. Utilizamos esa herramienta (Skype) y nos reunimos, discutimos y trabajamos normalmente, pero desde diferentes lugares del mundo.

LEÍ QUE USTEDES HABÍAN ACTIVADO LA CONVENCIÓN DE PALERMO CON MOTIVO DE ESTE CASO, ¿CÓMO FUNCIONA ESTO?

La Convención Internacional del Crimen Organizado, llamada Convención de Palermo, en su segundo y tercer artículos establece que cuando un delito es cometido en dos o más países, se activa esta convención, se pone en ejecución la ley transnacional, porque una persona no puede cometer delito en un país y ser inocente en otro. Con el caso Odebrecht, se ha repetido este delito en varios países, entre esos vemos a Perú, donde un presidente democrático renunció por una investigación que se le está cursando por 13 millones de dólares y no 2.5 billones, como es el caso de Venezuela.

¿CÓMO PIENSAN APLICAR ESA CONVENCIÓN EN EL CASO MADURO?

Ya fue aplicada por Estados Unidos a través de un juez y la Ley Rico (herramienta antilavado), en Nueva York, que fue lo que destapó la corrupción de la FIFA. En ese caso, varios países involucrados con una sola institución tenían un modus operandi de extorsión, compra, etcétera, que trajo como consecuencia la activación de la Convención de Palermo. Entonces, de forma similar lo vamos a canalizar nosotros y, como abogados y parte del sistema judicial de un país, nos sentimos obligados a estar dentro de la ley, con la ley y para la ley.

¿CUÁNTO TIEMPO PODRÁ DURAR ESE JUICIO?

Dependerá de las pruebas que presente el Ministerio Público. Lo que sí le puedo asegurar es que todo lo estamos haciendo con respeto a ley, a la Constitución, el debido proceso y derecho a la defensa.

ESTA MAÑANA ESCUCHÉ QUE USTED SE REFERÍA A LA GENTE QUE SALE DE SU PAÍS, PORQUE NO TIENEN QUÉ COMER…

Lo que está ocurriendo en Venezuela no es una migración, sino un desplazamiento por hambre. Esta situación está tipificada en la Convención de Palermo como un delito, porque la migración es obligada. Esto ocurre cuando la arquitectura administrativa de un gobierno no cubre las necesidades básicas de sus ciudadanos, lo que hace que tengan que migrar obligatoriamente. Nuestras fronteras se han abarrotado de venezolanos en busca de comida, no es la migración programada del joven que obtuvo un mejor empleo, que se enamoró afuera, que quiere hacer un posgrado en otro país, y sale. No, lo que tenemos son jóvenes desplazados, porque no hay futuro en Venezuela y eso es importante tenerlo claro.

FICHA BIOGRÁFICA

Rommel Gil Pino tiene 40 años y nació en Maracay, Venezuela

Es abogado de la Universidad Santa María, con 21 años de ejercer como profesor en el mismo centro de estudios y en la Universidad Alejandro Humboldt, en Caracas. Cuenta con un postgrado en Administración de Empresas y una maestría en Derecho Constitucional Internacional Comparado, títulos obtenidos en la Universidad Abierta de España, donde también obtuvo un doctorado en Derecho Constitucional. Tiene, además, una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Metropolitana de Caracas.