Corte salvadoreña admite confesiones de Saca en juicio

El Tribunal Segundo de Sentencia de la capital de El Salvador admitió ayer las confesiones del expresidente Elías Antonio Saca y cinco de sus excolaboradores como prueba en un ‘juicio abreviado' por el desvío y lavado de más de $300 millones del presupuesto estatal.

El presidente del referido tribunal, Jose Luis Gianmattei, señaló que las declaraciones rendidas entre jueves y viernes ‘cumplen con los requisitos de una confesión judicial', por lo que se continuará con el procedimiento ‘abreviado'.

En un movimiento legal inesperado, Saca y cinco de sus excolaboradores aceptaron confesar la forma en la que extrajeron y lavaron más de $300 millones del presupuesto estatal a cambio de penas mínimas, mientras que solo un exempleado de la Presidencia decidió enfrentar un ‘juicio común'.

Los jueces advirtieron en días anteriores que si las confesiones no reunían los requisitos establecidos por la legislación, no reconocerían el acuerdo con la Fiscalía y los imputados enfrentarían el proceso ‘normal'.

El martes pasado, los fiscales del caso pidieron a los juzgadores admitir una serie de ‘declaraciones extrajudiciales', pero los jueces se negaron porque las mismas debían ser dichas ante ellos para ser admitidas en el ‘juicio abreviado'.

CORTE PENAL

Confesó ante una corte penal la forma en la que organizó y ejecutó el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.

Declaró que solo $50 millones fueron a parar a su patrimonio y al de sus allegados.

El acuerdo estipula que Saca y el exsecretario privado Elmer Charlaix purgarán 10 años de prisión, y el exgerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga recibirá cinco años de cárcel por los delitos de peculado y lavado de dinero.

Por su parte, el exjefe de la Tesorería del Gobierno salvadoreño Jorge Alberto Herrera aceptó recibir tres años de cárcel por peculado, mientras que los exsecretarios de Comunicaciones y Juventud, Julio Rank y César Funes, acordaron la pena de cinco años por el mismo delito.

Solo el exempleado del Gobierno Pablo Gómez decidió no acogerse a este beneficio judicial, por lo que podría recibir hasta 30 años de prisión.

El expresidente salvadoreño relató el jueves que para respaldar el desvío de los fondos emitió un reglamento que le daba la facultad de catalogar como secreto de Estado la información relacionada con los movimientos de dinero

‘Dicha normativa me permitía asegurar la aparente legalidad en el manejo de los fondos públicos, aprovechar su uso y apropiármelos en beneficio personal y de otras personas', sostuvo el ex jefe de Estado.

Explicó que la misma era una copia de un reglamento emitido por su antecesor, Francisco Flores (1999-2004), a la que solo le fueron modificadas las fechas y los nombres de funcionarios y con la que se manejaban secretamente los recursos de la inteligencia estatal.

Relató que inicialmente no se planteó el uso de este mecanismo para desviar el dinero, pero que la falta de controles más rigurosos por parte de la Corte de Cuentas lo motivaron.

‘Me aproveché de la organización (del Gobierno) y de los escasos dispositivos de control para trasladar fondos a otras personas sin relación con la Presidencia', dado que las auditorías se hacían ‘de forma superficial', añadió.

Subrayó que el dinero fue transferido durante sus 5 años de gestión a 13 cuentas particulares de su exsecretario privado Elmer Charlaix y otros dos empleados de la Presidencia, y que buena parte se retiró en efectivo.

Añadió que para lavar el dinero pactó ‘sin licitación y de manera ilegal' con tres agencias de publicidad el pago mensual de unos $100,000, y que las empresas se quedaban con el 20% y el 80% era trasladado a empresas de radiodifusión en las que poseía entre el 50 y 90 por ciento de las acciones.

El exmandatario apuntó que, para que este dinero llegara a su patrimonio personal y ‘cubrir el origen ilícito', dichas sociedades le pagaban un salario mensual de entre $4,000 y $60,000.

Entre los años 2005 y 2006, aseguró Saca, se propuso ‘extraer mayores cantidades de dinero y que no fuera rastreado', por lo que mediante ‘testaferros' fundó varias sociedades para que ‘fingieran' prestar servicios de publicidad al Gobierno y compraran inmuebles con el dinero malversado.

Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en enfrentar un juicio por delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores, fue enviado a esta etapa en 2015, pero falleció antes de que se instalara.