Milei endurece reclamo por Malvinas con sanciones petroleras mientras Trump tensiona su relación con Reino Unido

El presidente de Argentina, Javier Milei, elevó el tono en la disputa por las islas Malvinas al anunciar nuevas medidas contra las empresas que participen, directa o indirectamente, en la explotación de recursos naturales del archipiélago sin autorización de Buenos Aires.

El pronunciamiento ocurre en momentos en que el proyecto petrolero Sea Lion, situado al norte de las islas y operado por Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, avanza hacia el inicio de su producción comercial.

Durante un mensaje transmitido en cadena nacional, Milei sostuvo que su Gobierno agilizará los procedimientos previstos en la legislación argentina para sancionar a las compañías involucradas en actividades hidrocarburíferas dentro del territorio reclamado por Argentina.

“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina”, manifestó el mandatario.

La decisión reaviva una disputa histórica entre Argentina y Reino Unido, pero incorpora dos elementos que aumentan la tensión diplomática: el potencial petrolero de la zona y las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la postura de Washington ante un eventual nuevo conflicto.

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El principal foco de las medidas anunciadas por Milei es Sea Lion, el primer gran proyecto de explotación comercial de petróleo previsto en las aguas cercanas al archipiélago.

Navitas Petroleum posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35% restante. Las compañías proyectan comenzar la producción en 2028, con una inversión calculada en aproximadamente $2,200 millones.

Argentina considera ilegales las licencias concedidas por las autoridades de las islas y sostiene que ninguna empresa puede explorar o explotar recursos en la zona sin su autorización. Tanto Navitas Petroleum como Rockhopper Exploration ya enfrentaban prohibiciones para operar en territorio argentino durante 20 años.

El nuevo decreto anunciado por Milei pretende acelerar la aplicación de esas penalizaciones. Además, el Ejecutivo buscará extender las consecuencias a accionistas, directivos, contratistas y proveedores relacionados con las operaciones.

El mandatario también enviará al Congreso un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que busca fortalecer el marco jurídico frente a las actividades que Buenos Aires considera una vulneración de su soberanía y ampliar las sanciones a otros sectores vinculados con la explotación de recursos naturales.

“Si no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de acceder al petróleo que yace bajo nuestro mar”, advirtió Milei.

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Las compañías involucradas rechazaron que las medidas argentinas puedan detener el desarrollo del yacimiento.

Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum señalaron que trabajan con licencias válidas concedidas por el Gobierno de las islas y con el respaldo de Reino Unido. También aseguraron que los anuncios de Buenos Aires no deberían generar un “efecto material” sobre el calendario de Sea Lion.

El proyecto contempla la extracción de más de 300 millones de barriles durante sus primeras fases, aunque las estimaciones sobre la totalidad de los recursos disponibles en el yacimiento ascienden a aproximadamente 1,700 millones de barriles.

La producción podría extenderse durante más de 30 años. Las autoridades isleñas recibirían regalías equivalentes al 9% de los ingresos y aplicarían un impuesto corporativo del 26% sobre las ganancias.

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Las declaraciones de Donald Trump fueron interpretadas por Milei como una señal favorable, aunque el presidente estadounidense no reconoció formalmente la soberanía argentina sobre las islas.

Washington mantiene históricamente una posición neutral frente a las reclamaciones contrapuestas, aunque reconoce la administración británica del territorio. Estados Unidos, además, brindó apoyo logístico y de inteligencia a Reino Unido durante la guerra de 1982.

Al ser consultado sobre una posible revisión de esa política, Trump respondió que siempre examina las posiciones de su Gobierno. Posteriormente, puso en duda que Estados Unidos respaldara a Londres si se produjera otro enfrentamiento con Argentina.

El mandatario estadounidense vinculó su postura con la falta de apoyo británico a las operaciones lideradas por Washington contra Irán y cuestionó la capacidad actual de Reino Unido para defender nuevamente el archipiélago.

Milei celebró esas palabras y aseguró que existen “vientos de cambio” alrededor de la causa argentina. Sin embargo, hasta ahora la Casa Blanca no ha anunciado una modificación oficial de su política ni un respaldo expreso a Buenos Aires.

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El Gobierno del primer ministro británico, Andy Burnham, rechazó el planteamiento argentino y calificó de “inabalable” su compromiso con el territorio.

Desde Downing Street indicaron que Londres desea fortalecer sus relaciones diplomáticas y comerciales con Argentina, pero respaldará el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos naturales.

El ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, afirmó que Reino Unido defenderá firmemente la autodeterminación de los isleños. Por su parte, el secretario de Defensa, Wes Streeting, sostuvo que las islas “son británicas y seguirán siéndolo” porque así lo desea su población.

En un referéndum celebrado en 2013, el 99.8% de los votantes apoyó mantener el estatus de territorio británico de ultramar. Argentina desconoce esa consulta y sostiene que la población implantada por Reino Unido no puede decidir sobre una controversia territorial previa.

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Además de las sanciones económicas y legales, Milei anunció mayores recursos para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las telecomunicaciones y la presencia argentina en el Atlántico Sur.

El mandatario insistió en que las medidas no representan una amenaza militar inmediata, sino una estrategia para reforzar la capacidad defensiva y logística del país.

Argentina y Reino Unido se enfrentaron en 1982, después de que la dictadura militar argentina ocupara las islas. La guerra se prolongó durante 74 días y concluyó con la recuperación británica del territorio.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que existe una disputa de soberanía y ha solicitado a ambos gobiernos retomar las negociaciones. Londres, sin embargo, sostiene que no abrirá conversaciones sobre el futuro del archipiélago mientras sus habitantes no lo soliciten.

El avance petrolero, las amenazas de sanciones y las dudas introducidas por Trump colocan nuevamente a las islas Malvinas en el centro de la agenda internacional, aunque ninguna de las partes ha planteado formalmente abandonar la vía diplomática.

Argentina agilizará las inhabilitaciones y buscará penalizar también a accionistas, directivos, proveedores y contratistas vinculados con proyectos no autorizados.

Argentina reclama la soberanía de las islas Malvinas, administradas por Reino Unido desde 1833. Ambos países libraron una guerra en 1982 y la disputa continúa sin resolverse.