Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria argentina, inicia periodo de seis años de arresto domiciliario

La exmandataria que se posicionó en la silla presidencial argentina por dos periodos, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó a cumplir hoy su arresto domiciliario. La justicia federal, que la sentenció a seis años de reclusión y la inhabilitó de manera definitiva para ejercer cargos públicos, le otorgó el beneficio de arresto domiciliario. La medida se hizo efectiva este martes, mediante una notificación escrita que evitó su comparecencia presencial ante los tribunales, programada originalmente para el miércoles. Con ello, los magistrados desactivaron lo que sus aliados habían anunciado como “la manifestación popular más grande de la historia”.

El justicialismo, principal contrapeso del actual Gobierno encabezado por Javier Milei, había convocado a sindicatos, dirigentes territoriales y agrupaciones sociales a una movilización masiva. El recorrido planeado cubriría los cinco kilómetros que separan el domicilio de la exmandataria, ubicado en el barrio porteño de Constitución, del edificio judicial de Comodoro Py.

“Queremos que no tenga inconvenientes con su prisión y vamos a ser garantía con una movilización permanente en las calles, hasta que vuelva a estar en su casa para cumplir la injusticia de esta condena”, declaró ante medios internacionales Teresa García, secretaria general del Partido Justicialista. Pese a que Kirchner no abandonará su residencia, los convocantes confirmaron que la movilización sigue en pie.

Además de marcar un hito judicial, la resolución sirve como catalizador político para el peronismo, cuya estructura atraviesa tensiones internas. La medida, en el fondo, también busca enviar una señal tanto al Ejecutivo como a las distintas facciones del movimiento fundado por Juan Domingo Perón. Cristina Kirchner aspira a conducir el proceso de reestructuración tras la derrota electoral de 2023, pero se enfrenta a sectores que claman por renovación, como el liderado por Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. La detención ha puesto en pausa temporal las disputas internas, aunque no está claro cuánto durará esta tregua.

La exmandataria fue hallada culpable en el marco del expediente conocido como “causa Vialidad”, que examinó presuntas irregularidades en la asignación de contratos de obra pública en Santa Cruz, bastión histórico del kirchnerismo. Se señaló como beneficiario a Lázaro Báez, exbanquero convertido en empresario de la construcción, ya encarcelado por corrupción. La semana pasada, la Corte Suprema ratificó el fallo y desestimó todos los recursos, cerrando la posibilidad de futuras apelaciones.

La defensa de Fernández de Kirchner sostiene desde el inicio que se trata de un caso de persecución judicial. Su abogado, Carlos Beraldi, anunció que acudirán a instancias internacionales: “Es un fallo que afecta al sistema democrático. La Corte ha establecido como criterio de imputación que se condene a un presidente por actos en los que no intervino, por estar separados de sus funciones”, como es la ejecución de obra pública, dijo.

Debido a su edad (tiene más de 70 años), la ley le permite solicitar el cumplimiento de su pena desde su domicilio, aunque el beneficio no es automático. En el sistema federal argentino hay 12 mil reclusos, de los cuales solo 900 son mujeres. Apenas una cumple condena en una prisión común. Beraldi anticipó que no tolerarán “ningún tipo de humillación ni falta de respeto hacia una exmandataria y además mujer”.

“Esperamos un trámite breve y que vuelva a su domicilio”, añadió.

La resolución judicial que establece los términos de su detención consta de 19 páginas. Allí se estipula que Kirchner “deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”. Además, se le exige que “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

La defensa había solicitado que se le permitiera seguir utilizando el balcón desde el cual suele saludar a sus simpatizantes. El fallo no prohíbe expresamente esa práctica, pero deja sujeta su continuidad a la calma del entorno barrial.

En un plazo de 48 horas, la exmandataria deberá presentar una lista con las personas que conforman su núcleo familiar, su equipo médico, su custodia y su representación legal. Estas podrán ingresar al inmueble sin necesidad de autorización judicial. Sin embargo, cualquier dirigente político que desee reunirse con ella tendrá que pedir permiso a los magistrados.