Golpe judicial a los aranceles de Trump: declaran ilegales sus medidas y dan 10 días para desactivarlas

Donald Trump recibió este miércoles el mayor revés legal de su segundo mandato en materia comercial. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, órgano especializado en disputas aduaneras y comerciales, declaró ilegales los aranceles generalizados a las importaciones impuestos por el presidente en virtud de una ley de poderes de emergencia. La decisión, que podría desarmar la estrategia de guerra comercial iniciada por Trump, fue celebrada por los mercados, que temían que esas medidas desencadenaran una recesión y presionaran al alza los precios.

Aunque la sentencia tiene efecto inmediato, el tribunal emitió una resolución complementaria otorgando un plazo de 10 días para implementar las directrices administrativas que permitan ejecutar el fallo. No queda claro si en ese período el Gobierno insistirá en mantener los aranceles ya invalidados. Mientras tanto, las negociaciones comerciales en curso con otros países quedan en pausa, al menos temporalmente. Durante su mandato, Trump utilizó los aranceles como una herramienta de presión geopolítica.

El equipo legal de Trump ya anunció que apelará la decisión, emitida por un panel de tres jueces. El caso probablemente escalará al tribunal federal de apelaciones y podría llegar a la Corte Suprema, dominada por una mayoría conservadora de seis magistrados frente a tres progresistas.

La resolución judicial responde a dos demandas que denunciaban que Trump había asumido competencias del Congreso, excedido su autoridad y gestionado la política comercial según sus impulsos, generando un clima de incertidumbre económica. El fallo invalida la mayoría de los aranceles decretados por Trump, incluidos los del 25% sobre productos de Canadá y México, y del 20% sobre importaciones chinas, que se justificaban por motivos como el tráfico de drogas y la migración. También fueron anulados los llamados “aranceles recíprocos” que el presidente presentó como símbolo de independencia económica durante el Día de la Liberación, pero que luego redujo bajo presión del mercado y concediendo una tregua de 90 días.

Los jueces fueron categóricos: “Las medidas impugnadas quedan revocadas y su aplicación será prohibida de manera permanente. No se trata de una suspensión limitada, sino de una eliminación definitiva. Si estas órdenes son ilegales para algunos, lo son para todos”. El fallo fue unánime y estuvo firmado por tres jueces: Timothy Reif (nombrado por Trump), Jane Restani (designada por Ronald Reagan) y Gary Kazman (propuesto por Barack Obama).

En su sentencia de 49 páginas, el tribunal abordó el fondo del asunto: “La cuestión clave es si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) otorga al presidente la facultad de establecer aranceles sin límites a productos de casi todo el mundo”. Según el fallo, la ley no contempla tal amplitud de poder, y por eso se anulan los aranceles impuestos bajo ese pretexto.

No obstante, el tribunal aclara que esta decisión no se refiere a otros aranceles, como los del 25% aplicados al acero, aluminio, vehículos y partes automotrices, que fueron dictados bajo otras disposiciones legales. En teoría, Trump aún podría intentar establecer nuevos gravámenes amparándose en marcos jurídicos diferentes. El fallo reconoce que el presidente puede fijar aranceles por un tiempo limitado (hasta 150 días) y con un tope del 15% en respuesta al déficit comercial, conforme a otras normativas. Pero la ambigüedad normativa abre la puerta a más conflictos legales.

Los magistrados recalcaron que la potestad de imponer aranceles pertenece, en términos generales, al Congreso, no al presidente. La IEEPA permite al Ejecutivo regular importaciones y exportaciones en contextos de emergencia, siempre que se trate de amenazas “inusuales y extraordinarias” no vinculadas a conflictos armados.

Trump, sin embargo, emitió varias declaraciones de emergencia nacional y luego las utilizó como base para imponer aranceles, en una interpretación muy controvertida de la ley. Ningún otro presidente, en los casi 50 años desde que se promulgó la IEEPA, había recurrido a esa herramienta para justificar una política arancelaria tan amplia.

Las demandas contra los aranceles fueron presentadas por una coalición de doce estados gobernados por demócratas —liderada por Nueva York— y por el Liberty Justice Center en nombre de un grupo de empresas afectadas económicamente, entre ellas V.O.S. Selections, Genova Pipe, MicroKits, FishUSA y Terra Cycling. El fallo resuelve ambos casos de manera conjunta.

En su razonamiento, los jueces diferenciaron entre los aranceles globales y los llamados “de represalia”, impuestos como castigo a otros países, y aquellos fundamentados en la lucha contra el narcotráfico o la migración.

Respecto a los primeros, afirmaron que la ley permite al presidente tomar medidas comerciales en situaciones de emergencia, pero que esa facultad no puede interpretarse como carta blanca para imponer gravámenes sin control. “Cualquier interpretación que delegue un poder ilimitado al Ejecutivo para fijar aranceles globales o de represalia es inconstitucional”, afirmaron.

En cuanto a los aranceles vinculados al fentanilo o la inmigración, el tribunal sostuvo que dichas amenazas no cumplen con el criterio legal de “urgencia extraordinaria” exigido por la IEEPA. Además, señalaron que gravar productos legalmente importados no contribuye a resolver los problemas de fondo. “No basta con usar los aranceles como una forma indirecta de presión sobre gobiernos extranjeros. Deben estar directamente vinculados con la amenaza que buscan abordar”, escribieron. Si se admitiera lo contrario, “cualquier medida quedaría justificada”, concluyeron.

En su parte final, el tribunal sentenció de manera explícita: “La IEEPA no autoriza ninguna de las órdenes arancelarias cuestionadas, ya sean globales, punitivas o asociadas al tráfico”. La invalidez de estas medidas, añadieron, permite dictar sentencia de forma directa y sin mayores trámites.

Esta decisión representa posiblemente el mayor traspié judicial que ha enfrentado Trump en su segundo mandato, marcado por una serie de decisiones que han puesto a prueba los límites del poder presidencial y que reflejan una deriva autoritaria preocupante.

Una de las demandas fue presentada en abril por los fiscales de varios estados demócratas. Argumentaban que Trump impuso subidas de impuestos disfrazadas de aranceles sin contar con la aprobación del Congreso.

“Demandamos a la administración Trump por su política arancelaria absurda... ¡y GANAMOS!”, celebró en redes sociales la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. “Un arancel es simplemente un impuesto encubierto. Nueva York sigue luchando para que ese dinero vuelva al bolsillo de la gente”, añadió.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también celebró el fallo: “Esta es una gran victoria para las familias trabajadoras, para las empresas y para el respeto al Estado de derecho. El presidente no puede saltarse la Constitución para imponer cargas fiscales masivas a los ciudadanos”.

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai defendió la postura del gobierno, afirmando que “no corresponde a jueces no electos determinar cómo se debe manejar una emergencia nacional”. Según su comunicado, el trato desigual que otros países dan a Estados Unidos ha generado déficits comerciales persistentes que han dañado industrias y comunidades locales. “El tribunal no cuestionó esos hechos”, afirmó Desai, citado por Bloomberg.

Trump, por su parte, se mantuvo activo en su red social Truth Social con publicaciones variadas, pero evitó comentar la sentencia durante la jornada.