Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección ante bloqueo judicial al despliegue militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que podría invocar la Ley de Insurrección —una normativa de 1807— para autorizar la intervención directa del Ejército en territorio nacional, en caso de que los tribunales continúen bloqueando su intención de desplegar a la Guardia Nacional en ciudades bajo administración demócrata como Chicago y Portland.

Desde el Despacho Oval, Trump describió la situación en Portland, principal urbe del estado de Oregón, como una “insurrección”. “Portland está en llamas desde hace años”, declaró, asegurando que la violencia nocturna se ha concentrado en torno a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo clave en su política migratoria. El mandatario responsabilizó a grupos antifascistas —a los que su gobierno considera terroristas— y señaló a una “jueza descarriada” por impedir el despliegue militar.

Consultado por la prensa, el republicano sostuvo que recurrirá a la Ley de Insurrección solo “si es necesario”, aunque insistió en que “existe por una buena razón”. Dijo que la aplicaría “si muere gente y los gobernadores o jueces impiden actuar”, subrayando que su deber es “garantizar que las ciudades sean seguras”.

La Ley de Insurrección permite al presidente usar las Fuerzas Armadas o asumir el control de la Guardia Nacional —normalmente bajo mando estatal— para responder a levantamientos internos o disturbios graves. Trump ya había insinuado su uso en el pasado para contener protestas violentas durante su campaña.

Su postura ha generado una nueva ola de choques entre la Casa Blanca y autoridades demócratas. Los estados de Illinois y Oregón han presentado demandas judiciales para impedir la movilización de tropas, argumentando que la medida vulnera la Décima Enmienda de la Constitución y las leyes federales que restringen la participación del ejército en asuntos locales.

El conflicto escaló cuando la jueza federal Karin Immergut, designada por el propio Trump, prohibió temporalmente el despliegue militar en Portland por al menos dos semanas, alegando que la decisión violaba la autoridad estatal. Ante la orden, la Administración trató de enviar efectivos desde California, pero la magistrada amplió su resolución e impidió cualquier refuerzo, sin importar su origen.

Simultáneamente, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, acudió a los tribunales para detener el envío de la Guardia Nacional a Chicago. La jueza encargada del caso aún no se ha pronunciado, indicando que requiere más tiempo para evaluar los argumentos.

La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, calificó la decisión de Immergut como “desconectada de la realidad” y confirmó que el Gobierno apelará el fallo, defendiendo que las instalaciones federales en Portland “han estado bajo asedio durante meses”.

Por su parte, el asesor presidencial Stephen Miller acusó al poder judicial de protagonizar una “insurrección legal” contra la Administración: “Los jueces de distrito han dictado resoluciones abiertamente inconstitucionales”, afirmó.

Mientras tanto, figuras del movimiento Make America Great Again (MAGA) respaldaron con entusiasmo la posición del presidente. La activista Laura Loomer instó públicamente a la Casa Blanca a “ignorar los fallos judiciales” y cumplir las promesas electorales, mientras el comentarista Matt Walsh sostuvo que “un juez federal no tiene autoridad para decidir si se pueden desplegar tropas”.

En medio de este pulso institucional, la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial norteamericano se intensifica, abriendo un debate sobre los límites del poder presidencial y el equilibrio entre seguridad nacional y autonomía estatal.