Estatuas salieron como un picadillo

PANAMÁ. Bajo la penumbra de la medianoche, un bulto cargaba a un cuerpecito inmóvil, se trataba de uno de los niños de los “Juegos de Antaño”. Sin poder gritar, los 20 pequeñines fueron cercenados y las 22 palomas capturadas sin que su aleteo despertara la menor preocupación durante dos años. Algunos ya lo habían visto, incluso en el depósito una pierna fue vista separada de su cuerpo.

Evidentemente la anatomía de las 42 piezas de la obra Juegos de Antaño fueron “picadas”, y cargadas poco a poco durante el 2006 y 2007 hasta que acabaron con el último pedazo de bronce en el año 2008.

El fiscal segundo Anticorrupción, Ramsés Barrera así lo confirmó ayer, al ser abordado por los medios de comunicación.

Siete personas fueron indagadas sobre el asunto y el rompecabezas cada vez parece completarse. A cinco de los implicados se le formularon cargos por hurto, por el cual se pagan cuatro años de cárcel.

Las investigaciones preliminares apuntan a que la causa de la desaparición de las estatuas fue asunto de una repartición entre: tres funcionarios del Parque Recreativo Omar encargados de mantenimiento, dos unidades de Servicio de Protección Institucional (SPI), un ex pandillero integrante del programa Contigo Juventud del despacho de la primera dama y una última persona de la cual se desconoce su procedencia.

Algunos testigos señalan que las palomas junto a las demás estructuras pertenecientes al monumento, fueron sacadas del parque en camiones recolectores de chatarras por lo que se sospecha que hayan sido fundidos. En el Ministerio Público se ha recurrido a la utilización de retratos hablados para dar con el paradero de los responsables del despiadado hecho, el autor del monumento Héctor Lombana, quien murió recientemente dedicó 5 años de su vida para darle forma a la alegría de los pequeñines, sumado a un costo de 1.5 millones de dólares.

El fiscal no descartó la posibilidad de formular otros cargo a la administración, debido a que “hubo escasos controles que se brindaron para la protección de bienes estatales”.