Día candente en la Asamblea

PANAMÁ. El debate en la Asamblea Nacional promete hoy ser de carrera.

Pese a las críticas, la aplanadora oficialista se apresta a darle el último “golpe de curul” al proyecto que reforma la carrera legislativa, un tema que tiene dividido el Palacio Legislativo.

La Asociación de Funcionarios de la Asamblea aduce que está en juego la estabilidad de unos mil 200 servidores acreditados entre 2008 y 1998.

Pero ¿cuáles son los cambios que se harán?

Unas propuestas presentadas en el último momento por oficialistas y que no fueron entregadas a la prensa indican que los secretarios técnicos o asesores, jefes de departamentos, unidades y todos los cargos de jerarquía serán de libre nombramiento y remoción.

La medida alcanza al director de recursos humanos.

Los funcionarios acreditados en 1998 serán desacreditados de manera paulatina si no cumplen con los requisitos; mientras que los que ingresaron al sistema en el 2008 serán desacreditados “inmediatamente” y serán servidores de libre remoción y nombramiento.

Los oficialistas retrocedieron de la propuesta de incluir a José Luis “Popi” Varela, presidente de la Asamblea, en el Consejo de Carrera Legislativo; sin embargo, dejan en manos del secretario general, Wigberto Quintero, la potestad de conferir la calidad de “servidor de carrera” a los funcionarios que cumplan con evaluaciones.

VOCES

Miembros de la asociación denuncian que son alrededor de 100 asesores, con más de 10 años, que serán destituidos.

Incluso, manifiestan que al final de todas las acreditaciones quedan en manos de dos personas: “Popi” y Quintero.

En cambio, el diputado oficialista Hernán Delgado opinó que es un proyecto para revisar los requisitos tendientes a poder acogerse a este nuevo ordenamiento jurídico.

Para el diputado opositor Raúl Pineda, es una ley para exterminar al funcionario legislativo acreditado.

“Es una burla que se hace. Lo que se busca la administración es destituir a todos los servidores”, dijo Pineda.

La posición de muchos oficialistas es que se acreditaron personas allegadas sin los méritos que exige la ley.