Alberto Vallarino y su ruta a la playa Juan Hombrón

PANAMÁ. Wilson Charles Lucom murió en 2006 creyendo que sus $50 millones y su finca Santa Mónica, en Farallón, serían para los ‘niños pobres de Panamá’. Su utopía, siete años después, es un símil de la noticia de que el país es el segundo más rico de América Latina: la hacienda está en manos de un grupo de empresarios de élite, que ahora fijan sus miradas en las playas del sur, las de Juan Hombrón.

En el pueblo, que dejó de ser apacible desde que estalló el escándalo de tierras, pocos saben que el Grupo Verdeazul concretó un acuerdo de compra-venta de la mayoría de las acciones de la Hacienda Santa Mónica.

Verdeazul es la compañía con la que el exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, maneja sus negocios del sector hotelero. Es decir, Vallarino es la figura tras Santa Mónica, la hacienda que completaría la idílica cadena Farallón-Playa Blanca-Juan Hombrón.

Juan Manuel Henríquez, gerente general de Santa Mónica confirmó ayer a La Estrella que la compra se concretó a finales de 2012, cuando terminó el juicio de sucesión de los niños pobres a Hilda Piza (la viuda de Lucom).

‘Santa Mónica está en una rama del Grupo Verdeazul’, insistió Hernández en una corta entrevista telefónica, que prometió ampliar hoy a primera hora.

EL PLEITO MILLONARIO

‘Hay golosos como Alberto Vallarino que se quieren aprovechar de sus vínculos con el presidente’, sostiene el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal. Él es más osado que todas las voces, al señalar sin titubeos la figura detrás de la trama.

Bernal ha ido al Canal 2, TVN, a denunciar la forma en la que el Gabinete decidió expropiar 14 fincas de playa en Juan Hombrón, sin indemnizar a los que las poseían. Por eso interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

En ese escenario se ha colado Santa Mónica. Intervino en el proceso para reclamar lo que, dice, es suyo. Juan Hombrón.

‘La intervención de Hacienda Santa Mónica en la demanda que atiende la Corte Suprema de Justicia, relacionada con dichas expropiaciones, busca proteger sus legítimos e históricos derechos como propietaria de la finca 7022’, plantea la compañía, en un comunicado. (Léase facsímil) La exmagistrada Esmeralda de Troitiño cree que sería una aberración que la Corte decida el futuro de la playa de Juan Hombrón en un proceso como éste. ‘No puede. Si es por inconstitucionalidad, debe ver eso. Si Santa Mónica quiere las tierras, debe interponer recursos en ese sentido’, explica.

El asunto da vueltas alrededor de un mismo eje: el poder, Martinelli y Alberto Vallarino. La tesis de Troitiño apunta a que se busca empañar el panorama, con estrategemas judiciales y de gobierno sin mayor razón. El anuncio, extraño, de una base aeronaval en las tierras expropiadas es un ejemplo.

‘Aquí quieren tomar decisiones conflictivas para que a la hora de resolver todo quede en el limbo’, empuja la exmagistrada.

¿Por qué Santa Mónica hace estallar su supuesto dominio sobre las playas de Juan Hombrón en un recurso de inconstitucionalidad? ¿Por qué ahora, apenas Vallarino tomó poder de la Hacienda? Vallarino ha guardado silencio. Desde su círculo más cercano se filtró que pretendía desvincularse ayer del Grupo Verdeazul, pero nunca hubo comunicación.

La compañía reconoce que ‘esperaban la ejecución del fallo final de la Corte Suprema de Justicia que les reafirmaba sus derechos (sobre la herencia de Lucom) para poder pronunciarse sobre el caso’.

EL FONDO DEL DEBATE

‘Como consta en el Registro Público y en el título original de la propiedad, Hacienda Santa Mónica se extiende hasta el Océano Pacífico como lindero Sur, sin mención alguna de terrenos baldíos nacionales o de propiedad particular en ese sector’, sostiene la compañía.

Santa Mónica iniste. En un escrito con argumentos, presentado el 4 de abril último ante el magistrado Hernán De León, asegura que las tierras que reclama le pertenecían desde 1914, cuando la Constitución entonces vigente permitía que los privados dominaran ribera de playa, derecho que la reforma constitucional de 1941 les arrebató veinte años después de haberse aprobado.

La hacienda insiste en que desde principios de siglo ha ocupado las tierras y sus accesos naturales a la playa.

La exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez duda de los argumentos de Santa Mónica. ‘Los terrenos son de la Nación y son inadjudicables’, interviene, con la tajancia de una experta en leyes. ‘Lo dice la Constitución’, explica, basándose en las razones que aplicó el gobierno para su expropiación.

A su juicio, cualquier interés en indemnizaciones debería ser resuelto por un Tribunal y nada más. ‘Menos de eso no se puede. Intentar cualquier pretensión distinta no es válido’, agrega, respaldada por los planteamientos de la exmagistrada Troitiño, quien apunta a que la Constitución ordena el interés público de las zonas de playa.

Santa Mónica pretende la excepcionalidad. Accesos privados a la playa. Entradas que el gobierno de Ricardo Martinelli pretende constituir como de interés público y adornar con una base aeronaval en un territorio de 54 hectáreas.

Mientras todos elucubran sobre las tierras la lucha de poderes sigue su proceso, que se empezó a gestar en el mismo seno del Gabinete, cuando Vallarino y el exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu eran compañeros, colegas y sostenes del gobierno ‘del cambio’. Ambos querían dominar la entidad que decidiera de quién son las tierras. (Léase nota: ‘La pelea Vallarino-Papadimitriu’) Hacienda Santa Mónica no cederá ni mirará en las opiniones de los demás. El que más importaría, Lucom, no está. Este ya no es un asunto de los pobres de Panamá. Los ricos son los protagonistas.