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- 23/12/2013 01:00
PANAMÁ. La Defensoría del Pueblo pretende una inspección ocular este lunes a los hangares construidos en 21 hectáreas de Diablo Heights,...
PANAMÁ. La Defensoría del Pueblo pretende una inspección ocular este lunes a los hangares construidos en 21 hectáreas de Diablo Heights, a orillas del canal, que están en el centro de una disputa legal entre los ocupantes y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
La intervención ocurriría luego que los usuarios de Diablo llevaran su protesta a las oficinas de la defensora. Reclaman que la ACP les indemnice, porque han estado utilizando los hangares hasta por 45 años, para comercios y residencias.
En la pugna, la Autoridad del Canal sostiene que ninguna entidad dio títulos de propiedad. Sólo hay permisos de ocupación vencidos, con los cuales se levantaron desde comercios hasta viviendas de lujo.
En el conflicto, desatado en abril pasado por una orden de desalojo de la ACP, la Defensoría del Pueblo ha decidido mediar, dada la denuncia de los vecinos de que la corregidora de Ancón, Carolina Arango, fue prepotente al ejecutar el lanzamiento.
‘Actuó más como si fuera funcionaria del Canal que de la Alcaldía capitalina’, insistieron los quejosos.
En función de ello, elevaron el caso a Asesoría Legal del Municipio, en donde dicen haber presentado pruebas sobre sus acusaciones.
LA QUEJA LEGAL
Los ocupantes de Diablo Heights formularon la semana pasada una denuncia criminal en el Ministerio Público contra el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, por el desalojo.
La queja fue presentada una día después de que el caso llegara a la Defensoría del Pueblo. El secretario de la entidad, Rodrigo García atendió a diez de los ocupantes, quienes le aseguraron que tenían papeles para sustentar sus cuestionamientos a la ACP.
La operadora del Canal, de todos modos, no se detiene. Aseguró que seguirá con su intención de despejar el área, que —dice— es de todos los panameños.
Esa es la razón que esbozan para negar la de la construcción de un nuevo puerto de contenedores en Diablo, un negocio al que la institución querría entrar, con la oposición del vecino Puerto de Balboa, operado por Panama Ports Company.
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