Inicia programa judicial de tratamiento para el adicto

PANAMÁ. Por primera vez en la historia judicial del país se incorpora una nueva forma de tratar a los adictos que sean sorprendidos con una dosis ilícita de estupefacientes.

Hoy se celebrará en Coclé la primera audiencia de Suspensión del Proceso sujeto a condiciones como parte de un proyecto piloto que pretende masificarse a otras partes de la república, según los resultados y el personal que supervisará el plan.

Se trata del Programa Judicial de Tratamiento de Drogas (PJTD), que implementa la Suspensión del Proceso penal sujeto a condiciones.

La iniciativa, promovida por la Organización de Estados Americanos, ha sido instalada con éxito en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Chile. Su objetivo es disminuir los niveles de reincidencia en los adictos, mejorar el índice de reinserción social de los pacientes tratados, enriquecer la relación costo-efectividad y descongestionar a los tribunales penales para estas infracciones. De lograr los resultados esperados, podría extenderse a otro tipo de delitos no graves como violencia doméstica y/o hurto simple, siempre y cuando la pena no exceda los tres años de condena y la infracción no haya puesto en riesgo la vida de la víctima.

Las estadísticas de la Fiscalía de Drogas registraron 195 casos por posesión de sustancias ilícitas durante el año 2013. Ahora, con este programa se le brindará al drogodependiente que ha cometido un delito simple por primera vez, una oportunidad de elegir cómo desea resocializarse. Todo radica en una pregunta muy simple: cárcel o tratamiento.

FUNCIONAMIENTO

La procuradora de la Nación, Ana Belfon, manifestó que la idea abarca una evaluación de cada sujeto que decida incorporarse a un tratamiento para abandonar la adicción. Para ello contará con una valoración de cada caso a cargo de un equipo médico especializado y capacitado para este propósito, y el juez de la causa dará un monitoreo al cumplimiento de las condiciones impuestas.

Cuando una persona voluntariamente se hace partícipe de este procedimiento, el proceso penal que se encaminaba en su contra entra en estado de ‘pausa’ y se le brinda al sujeto la alternativa de cambiar su destino por medio de la rehabilitación. No obstante, de reincidir o abandonar el programa, el proceso penal se reactivará de inmediato.

PROCEDIMIENTO

El tratamiento se realizará a través de la supervisión de un juez y, las audiencias son públicas y el drogodependiente puede ser referido a uno de los distintos programas de salud mental del Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social, así como a cualquiera de los Centros de Tratamiento existentes en el país.

Todo ingresado debe cumplir con las condiciones que dicta el juez de la causa. Pero la clave de este programa; es decir, lo que dará al proyecto el éxito o el fracaso, consiste en el nivel de seguimiento y monitoreo de los asistentes. Una forma de referencia para cristalizar la efectividad del plan según Belfon, es que cada tres meses se reunirá el equipo interdisciplinario que a priori lo conforman representantes del Ministerio de Salud, la empresa privada, especialistas en salud mental, trabajadores sociales, un miembro del Órgano Judicial, un delegado de las organizaciones no gubernamentales y otro del Ministerio Público.

Eso sí, todo el equipo debe ser capacitado y acreditado por la Organización de Estados Americanos. No obstante, en este renglón aún hace falta personal con formación, pero que se perfeccionará conforme al curso del proceso.

Un hecho sustancial es que el adicto, previa evaluación, podrá calificar para recibir un ingreso económico que le permita subsistir mientras está bajo la tutela del tratamiento. Con esto se pretende que la persona se rehabilite con mejores resultados.

En otros países las vías alternas de intervención surgieron debido la tendencia a la absolución-desistimiento, que oscilaba de un 14% hasta un 83%, pues los jueces otorgaban sanciones mínimas a los infractores pero la génesis del problema, la drogodependencia, no se atacaba de raíz.

En Estados Unidos existen más de 2,700 tribunales de este tipo que iniciaron hace dos décadas debido a la epidemia de consumo de crack y los resultados han tenido un éxito comprobado, pues los adictos que participan en estos tratamientos son más propensos a dejar el alcohol o las drogas que si purgaran la pena en la cárcel.