Una renuncia no es ‘borrón y cuenta nueva’

Durante la actual administración, funcionarios como el exministro de Salud, Franklin Vergara; el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez; y el director del Programa de Ayuda Social (PAN), Giacommo Tamburelli, fueron señalados por supuestos actos de corrupción. Renunciaron a sus cargos y desaparecieron de la vida política sin dejar rastros. Nunca respondieron por las denuncias en su contra.

A pocas horas de su proclamación, el presidente de la República electo, Juan Carlos Varela, ha pedido la renuncia a funcionarios como la contralora, Gioconda de Biachini; el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza y otros.

La pregunta que salta tras la solicitud es si será suficiente con la renuncia o también deben enfrentar la justicia ante cualquier delito en el que pudieron haber incurrido por acción u omisión en su gestión.

La Estrella de Panamá conversó con algunas personas y la mayoría coinciden en que por el bienestar de la institucionalidad y por el de estos mismos funcionarios, lo correcto es que sean procesados y, en el caso de que se demuestre que no incurrieron en ninguna falta o delito, se le diga al país, pero si existe delito, que se les sancione como lo establecen las leyes.

NO SE PUEDEN IR SIN RENDIR CUENTAS

La solicitud del presidente de la República electo ya empezó a tener eco en la sociedad civil.

La exprocuradora de la Nación y diputada electa por la libre postulación, Ana Matilde Gómez, sostiene que en la actual administración ‘hay muchas personas que deben rendir cuentas’ y no deben salir de las esferas públicas sin realizarlo.

La exprocuradora, que fue enjuiciada por la Corte Suprema de Justicia y que fue removida del cargo, agregó que ‘los funcionarios no pueden olvidar que hay rendición de cuentas’.

Le recomendó al presidente electo nombrar auditores forenses para conocer cada detalle de la información que hay dentro de las instituciones públicas y poder hacer las investigaciones a ministros, directores y todos los funcionarios sobre los que hay sospechas.

Dijo que hay que tener cuidado porque en dos meses —tiempo que dura la transición de gobierno— se pueden eliminar evidencias.

Insistió que los funcionarios salientes deben ser procesados por la justicia y pidió pensar en las denuncias y verificar si se cometieron o no esos delitos y esperar que terminen sus periodos.

Ante la solicitud de renuncia al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gómez no está de acuerdo porque existen denuncias en contra de José Ayú Prado.

Si el presidente de la Corte renuncia al cargo, la Asamblea Nacional, como se establece en el artículo 160 de la Constitución Política, no podrá procesarlo.

Las opiniones de la exprocuradora son apoyadas por el también exprocurador Rogelio Cruz.

Cruz señala que la renuncia de algún funcionario no le impide a la justicia ‘investigarlo y hasta sancionarlo’.

Agregó que todo funcionario, antes de salir de su puesto, debe presentar una declaración de sus bienes .

NO PODEMOS SER SELECTIVOS

Otro que tiene una opinión al respecto es el abogado Miguel Antonio Bernal, quien es de la tesis que la petición de rendición de cuentas no puede ser selectiva para algunos funcionarios. Cada uno debe rendir cuentas y las investigaciones deben ser exhaustivas, afirmó Bernal.

El presidente de la República electo solicitó la renuncia de funcionarios que fueron nombrados por la actual administración y que han estado envueltos en escándalos por corrupción.

Bernal sostiene que el presidente electo no puede venir con actitud de venganza y persecución. Lo que corresponde es hacer cumplir las leyes, acotó.