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23 de May de 2022

Nacional

Arbitraje de MiBus y el Estado durará 10 meses

El proceso de mediación de árbitros para solucionar la controversia apenas está empezando

Arbitraje de MiBus y el Estado durará 10 meses
El Metrobús empezó operaciones el 28 de diciembre de 2010, con las rutas Don Bosco, Los Caobos, San Pedro y Pedregal.

Un grupo de abogados defenderá al Estado panameño y a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en la demanda que presentó, a finales de junio, la empresa MiBus, encargada de los autobuses Metrobús, por supuesto incumplimiento del contrato de concesión No. 21-10 del 5 de agosto de 2010.

En la sesión del Consejo de Gabinete, del martes último, los ministros de Estado autorizaron al titular de Gobierno, Milton Henríquez, contratar servicios legales para llevar a cabo el arbitraje con la compañía colombiana que administra el sistema de transporte público en los distritos de Panamá y San Miguelito. El empleo de la firma legal fue avalado a través del proyecto de Resolución No. 150-14.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, informó que se acordó poner en conocimiento al Ministerio Público, mediante el proyecto de Resolución No. 151-14, para que en el uso de sus facultades constitucionales, participe en este proceso y contribuya intercediendo a favor de los intereses del Estado.

MiBus, mediante su agencia de comunicaciones Stratego, aseguró que esperan que el trámite tome curso para emitir una posición formal, pues ‘el proceso está iniciándose’. La operación del servicio del transporte público no se verá perjudicada, aseguraron.

QUÉ DICE LA NORMA

La cláusula trigésima novena A del contrato de concesión No. 21-10, referente al arbitraje, indica que toda controversia relativa a la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del contrato que no puedan ser resueltas directamente por las partes, deberá resolverse por medio de un arbitraje en derecho, de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

El arbitraje deberá llevarse a cabo en la ciudad de Panamá, en idioma español, aplicándose las leyes vigentes.

El Tribunal Arbitral estará integrado por tres árbitros, cada parte nombrará a un réferi y estos, a su vez, designarán a un tercero para que presida esa corte. En caso de que los dos dictaminadores designados por las partes no lleguen a un acuerdo sobre la selección del tercero, dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de al última designación del árbitro por una de las partes, ese tercero será seleccionado de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

Según el documento, las decisiones del Tribunal de Arbitraje serán finales y de forzoso cumplimiento, y las partes aceptan de forma irrevocable la jurisdicción donde se encuentren las partes o sus propiedades.

MALA ADMINISTRACIÓN

El abogado Víctor Martínez —que mantiene tres demandas interpuestas contra MiBus— explicó que el proceso arbitral dura entre 9 y 10 meses, pero el laudo arbitral (sentencia) es apelado ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de nulidad de arbitraje.

Manifestó que el Ministerio Público interviene debido a que hay una fiscalía especial que atiende asuntos y bienes del Estado, en material civil y administrativa.

El experto adujo que la empresa MiBus ya tiene que haber contratado a sus abogados, por lo que piensa que está comenzando el litigio.

‘Los que han incumplido y no llenaron las expectativas son los de la empresa MiBus, a tal punto de que dieron origen a los buses piratas, taxis piratas y los usuarios sufriendo’, añadió.

El abogado acusó a la administración de la ATTT, en manos de Roberto Moreno en el pasado gobierno, de crear un ‘monstruo’ del transporte y permitir que desatendiera sus compromisos con los usuarios de un servicio ‘seguro, cómodo y confiable’.

‘Vinieron a enriquecerse aquí a costilla de los pobres usuarios’, denunció.

Si se condena al Estado panameño en un arbitraje, ¿qué funcionario público va a responder?, se pregunta Martínez.

Incluso, consideró que los directivos de la ATTT y el gobierno pasado son los únicos responsables y no tuvieron la ‘valentía’ de rescindir el contrato y buscar otras alternativas de transporte público.

RESCINDIR

El abogado, profesor y consultor Ernesto Cedeño coincide con Martínez en que la compañía administradora del Metrobús incumplió el contrato, sobre todo en el aspecto de la frecuencia de las rutas en las diferentes paradas, que establece un tiempo máximo de espera de 15 minutos.

El 14 de marzo del 2013, este sistema de buses desplazó a los famosos ‘diablos rojos’, y desde el primer momento recibieron el rechazo de los usuarios.

Precisamente, la baja frecuencia de los 1,236 metrobuses es la queja más frecuente de los usuarios.

‘Se demoran en recoger a los pasajeros, porque lo ven como un negocio y no mandan un bus a trasladar a cinco personas, pero lo envían cuando hay 40 usuarios o esperan a que se llene’, explica Cedeño, quien plantea además que el gobierno puede resolver el contrato de concesión, mientras enfrenta el litigio arbitral.

La causal para la rescisión del contrato de concesión, según el abogado, sería por incumplimiento de algunas de las cláusulas y/o la reiteración de faltas graves.

‘MiBus no ha puesto de su parte y un sector importante de la población sufre inmisericordemente a diario’, criticó.

El sistema moviliza entre 300 mil y 350 mil personas y dependiendo de la cantidad, se subsidia a la empresa.