Ejecutivo y Judicial, en debate por jueces de paz

¿Quién regulará a los jueces de paz? es la pregunta que, a pesar de que encuentra respuesta en el proyecto de ley 205 —que modifica la forma de administrar la justicia comunitaria— hace que esta propuesta entre en un debate cuyas conclusiones, todavía, no son claras.

Eliminar la figura de los corregidores y cambiarla por la de jueces capacitados para la resolución de conflictos de manera pacífica, como plasma el proyecto, sería responsabilidad de las alcaldías.

No obstante, su proponente, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, cree que es más conveniente que estos juzgados sean administrados por el Órgano Judicial.

‘Desde que se inició la discusión para elaborar el proyecto siempre estuve convencido de que este tipo de justicia debe ser administrada por el Judicial, pero hay argumentos de la sociedad civil que no lo creen así', afirmó el Ministro.

Por su parte, el presiente del Judicial, José Ayú Prado, considera que contemplar los juzgados de paz bajo el paraguas de este órgano del Estado representa un problema económico cuya estructura económica no podría asumir.

‘Estaríamos hablando de más de 600 nuevos despachos que tendríamos que contemplan en nuestro presupuesto, y son situaciones que no podemos asumir', manifestó Ayú Prado.

Aunado a esta disyuntiva está la cantidad de opositores al proyecto.

Los 13 alcaldes de la provincia de Chiriquí, quienes según el proyecto serán quienes nombren a los jueces, se han mostrado abiertamente opuestos al plan de justicia comunitaria tras considerar que no han sido consultados para la elaboración de la propuesta.

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NOMBRAMIENTO DE JUECES

El proyecto busca la no judicialización de los conflictos.

Si el proyecto es aprobado por la Asamblea Nacional, serán nombrados 621 jueces de paz.

El juez de paz será designado por el Alcalde de cada municipio luego de la elección de una terna.