Garuz y Pérez irán a juicio por las escuchas

En marzo del próximo año comparecerán a juicio los exdirectores del Consejo de Seguridad Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, acusados de haber espiado ilegalmente a casi un centenar de personas.

El Juzgado Decimosexto de Circuito Penal de Panamá acogió este viernes la solicitud de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada y llamó a la audiencia definitiva, que ocurrirá entre el 7 y el 18 de marzo de 2016.

Además de Pérez y Garuz, el Órgano Judicial determinará la inocencia o no de los exagentes del Consejo de Seguridad Ronny Rodríguez Mendoza y Williams Pittí Navarro, identificados como los operadores de al menos tres máquinas de escuchas, que luego desaparecieron.

Por los aparatos, el Estado gastó unos $23 millones, según los cálculos hechos a raíz de las investigaciones de La Estrella de Panamá .

Rodríguez y Pittí están en paradero desconocido, mientras que Pérez y Garuz esperan el proceso en una celda de la prisión de El Renacer, en la localidad de Gamboa.

El Juzgado se mantuvo en su decisión de conceder casa por cárcel para Pérez y Garuz, postura que el Segundo Tribunal Superior de Justicia debe evaluar, luego de que el Ministerio Público y los abogados de cuatro de los afectados presentaran una queja.

El Órgano Judicial ha resaltado que el proceso se inició justo con el testimonio de un testigo protegido, que reveló que durante los dos últimos años, en el último piso del edificio 150 del Consejo de Seguridad, en Quarry Heights, antigua Zona del Canal, se estaban ‘pinchando' teléfonos de opositores políticos, dirigentes de la sociedad civil y de periodistas sin autorización judicial.

El expresidente Ernesto Pérez Balladares ha asegurado que el mandatario Juan Carlos Varela recibía los informes de las intervenciones telefónicas ilegales cuando era el vice de Ricardo Martinelli, y que la práctica sigue aun con el cambio de gobierno. En base a ello, los abogados Sofanor Espinoza y Ronier Ortíz (este último, parte de la defensa de Martinelli) han promovido una denuncia en la Asamblea.

Balbina Herrera, una de las espiadas, se mostró ‘complacida' del enjuiciamiento, aunque se dijo extrañada de que entre la audiencia preliminar y el juicio hayan siete meses de diferencia.

La excandidata presidencial ha pedido a la Asamblea aumentar la pena por ese delito, que es ahora de cuatro años. ‘Es muy poco para un delito tan grave como el de la violación a la intimidad', insistió.