Panamá no es un paraíso fiscal

El Gobierno estudiará la implementación de políticas de retorsión contra los países que incluyan a Panamá en listas de paraísos fiscales, tras conocerse la trama de corrupción mundial a través de sociedades offshore creadas por la firma Mossack Fonseca.

La medida apunta en primera instancia contra Francia, que anunció que incluiría a Panamá en una lista discriminatoria, dado que, según el ministro de Economía galo, Michel Sapin, el país no ha cumplido con compartir información fiscal, como se había comprometido en un acuerdo bilateral.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, fue el primero en responder. ‘Panamá tiene leyes para responder a estos atauqes con medidas de retorsión y vamos a estudiarlas', dijo en una rueda de prensa este martes, junto con el minsitro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia; el canciller encargado, Luis Miguel Hincapié, y Gian Castillero, asesor legal de Relaciones Exteriores.

La aplicación de una norma de retorsión, establecida en la Ley 58 de 2002, es un proceso que bien se podría extender seis meses, dado que debería ser consultada con el Estado al que se sancionará.

ÁLVARO ALEMÁNMINISTRO DE LA PRESIDENCIA

‘No podemos acusar a un país o a un medio de comunicación de que esté propiciando una campaña contra Panamá, pero no se descarta'

Una vez decidido, debe ser aprobada, en primera instancia, por los ministerios de Comercio e Industrias, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas, y en segunda instancia, por el Consejo de Gabinete y el presidente de la República.

La medida implica que las empresas francesas no puedan participar en licitaciones públicas panameñas. Si es en sociedad, las empresas galas no podrían tener más del 10% del consorcio que postula por un contrato.

Así las cosas, compañías como Alstom, que provee de trenes a la Línea 1 del metro de Panamá, serían inhibidas de competir nuevamente.

Una eventual medida de este corte afectaría más el flujo del comercio de Francia a Panamá que viceversa. De acuerdo con la Contraloría, el país importa 109 veces más lo que exporta a París.

En los tres primeros trimestres de 2015, se vendieron productos a los franceses por el valor de apenas $1.5 millones, mientras que el comercio desde Francia hacia Panamá representó $163.8 millones.

Antes de tomar la decisión, el Ejecutivo convocó al embajador de Francia Phillipe Cassenova, a una reunión en Cancillería este miércoles, para confirmar si la intención de su gobierno es real.

‘No se trata de citar ni de convocar', replicó la Embajada a través de redes sociales, lo único que cabe es el diálogo, añadió.

GIAN CASTILLEROASESOR DE CANCILLERÍA

‘Esto no trata sobre Panamá, sino sobre 21 jurisdicciones, de las cuales posiblemente Panamá sea parte. Esta es una responsabilidad compartida'

Por lo pronto, el Ejecutivo no sólo convocó a Francia, sino a todo el cuerpo diplomático acreditado en Panamá para atender el tema.

Evidentemente molesto, el ministro de Economía y Finanzas desestimó la argumentación de su homólogo parisino. Según él, de 32 solicitudes de intercambio de información fiscal, 30 han sido resueltas (aunque nunca aclaró si a favor o no), y solo las dos restantes, que ingresaron en enero, siguen pendientes. El Gobierno aseguró también que el escándalo —cuyo nombre, ‘Papeles de Panamá', cuestionan— no motivará cambios en la política fiscal del país.

‘Cada país es soberano de establecer sus leyes fiscales... y Panamá no es un paraíso fiscal, tres cuartas partes de los ingresos del Estado provienen de los impuestos que pagan nacionales y extranjeros residentes en el país', insistió De La Guardia.

El Gobierno insiste en que Panamá no es el único involucrado en la denuncia periodística. ‘Se mencionan otras 21 jurisdicciones que no son cuestionadas. Esto no se trata sobre Panamá. Esta es una responsabilidad compartida entre todas', replicó Gian Varela, quien representa a Panamá en las negociaciones con la OCDE, que reclama mayor colaborción.

Los principales partidos políticos de oposición urgieron al Gobierno a responder con firmeza, y a abrir camino para la investigación que el Ministerio Público ha empezado contra Mossack Fonseca.

Cambio Democrático instó a unas pesquisas ‘profundas' y descartó que la investigación internacional sea un ataque contra el Centro Financiero, mientras el PRD exigió a la administración Varela a dejar a un lado sus vínculos políticos con Ramón Fonseca Mora y aclarar el caso.

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ADOLFO LINARES

‘El camino correcto es mantenerse firmes'

'Es un asunto de soberanía', expresó el abogado Adolfo Linares, quien en forma tajante indicó a La Estrella de Panamá que el istmo no debe doblegarse ante las presiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Adolfo linares

‘El punto es que hay que defenderse porque al final la diplomacia es reciprocidad. Escuchar al director de la OCDE decir que Panamá no ha cumplido con ninguna norma, cuando tenemos más de 20 años tratando de ser cooperadores -a pesar de que no nos sirva la información que recibimos- te das cuenta de que no estamos siendo valorados por nuestro esfuerzo, sino simplemente por intereses mezquinos de ellos mismos. Los países no tienen amigos', dijo el abogado.

Linares criticó la actuación de potencias como Francia y el Reino Unido, países que, asegura, son los que presionan a la OCDE porque sus políticas fiscales han fracasado.

A Panamá no le conviene doblegarse como lo hizo Suiza, que tuvo que desclasificar nombres de los cuentahabientes de varias nacionalidades que guardaban sus fortunas en ese país.

Linares calificó la postura de la OCDE como un ataque al corazón del sistema financiero panameño.

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RESPUESTA

Fonseca Mora: ‘el único delito aquí es que se violó información confidencial'

Ramón fonseca mora, socio de Mossack

El abogado Ramón Fonseca Mora demeritó ayer la investigación mundial que revela las miles de sociedades offshore que su firma, Mossack Fonseca creó para políticos, empresarios, artistas y deportistas de todo el mundo, y aseguró que el único delito demostrado ‘es el de violación a la privacidad' de su compañía.

Según Fonseca Mora, la mayor parte de las sociedades a las que hacen mención los reportajes fueron creadas antes de 1980, cuando aún no estaba contemplado por ley el protocolo de ‘due dilligience' o conozca a su cliente. De todos modos, dijo en una entrevista con la estadounidense CNN en Español, ninguna autoridad le ha solicitado información sobre las compañías que ha creado. Su planteamiento fue respaldado por el Colegio Nacional de Abogados, que consideró como ilegal la ‘sustracción' de información de la firma del exasesor del presidente Juan Carlos Varela.

En un comunicado, el gremio exigió al Gobierno interponer procesos penales y civiles contra los Estados que hayan participado en este ‘crimen' contra la imagen del país.