Denuncian al alcalde y al director de la Policía por recientes desalojos

Una denuncia penal contra el alcalde de Panamá, José Isabel Blandón, el director de la Policía Nacional (PN), Omar Pinzón, la corregidora de Pedregal y otros funcionarios, por supuesto abuso de autoridad y extralimitación de funciones, fue presentada por el abogado Rubén Castrejo, en representación de las 600 familias que fueron desalojadas de terrenos privados de esa localidad, hace una semana.

Castrejo explicó que la querella se origina por la presunta arbitraridad con que actuaron estos funcionarios, toda vez que previo a la acción de lanzamiento, ya existía un amparo de garantías constitucionales que suspendía la orden de desalojo emitida por la corregiduría de Pedregal

Sin embargo, explicó, haciendo caso omiso e irrespetando el recurso de amparo, tanto el alcalde como la corregidora y el director de la PN procedieron a lanzar a las 600 familias del asentamiento Nueva Visión en Pedregal.

"Esto violenta el debido proceso y violenta los derechos humanos", precisó el legista, por lo que solicitaron al Ministerio Público se investigue a estos funcionarios por infractores de la ley.
La violación de los derechos humanos, sostuvo, se dio por la forma intimidatoria con que estas familias fueron expulsadas, destruyendo sus viviendas, lanzando a la calle sus enseres y obligándoles a dormir a la intemperie.

Jorge Guzmán, del Movimiento Comunal Nacional, Federico Britton (Mocuna), aseguró que se contrataron antisociales de San Joaquín, armados de machetes, para apoyar a los policías en la tarea de sacar a la fuerza a los asentados.

Tras efectuarse el lanzamiento, el director Pinzón rechazó ante los medios que le abordaron que se hubiera procedido con violencia contra los precaristas, y señaló que para ello se había presentado con trabajadoras sociales respetando sus derechos humanos.

Sin embargo, Abel Leguísamo, vocero de los propietarios del terreno en Los Nogales, Pedregal, señaló en su momento que estas familias invadieron la propiedad privada, tumbaron cercas y afectaron la floresta, y que pese a hacerles la advertencia de que abandonaran el predio no obedecieron, motivo por el cual hubo de recurrirse a la autoridad. A ello agregó que ya existen inversionistas interesados en los terrenos, por lo que era necesario que liberaran la propiedad.

Tanto el presidente Juan Carlos Varela, como el alcalde capitalino, José Isabel Blandón han manifestado su decisión de no permitir las invasiones a terrenos privados. Específicamente, Varela ha señalado que para ello el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) implementa un plan de 100 mil viviendas bajo el programa Techos de Esperanza.

La denuncia penal fue presentada el pasado fin de semana en la sede del Ministerio Público teniendo como fondo las consignas que gritaban los afectados apostados en la plaza Porras, mismos que son apoyados por el Sindicato de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) y el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales (Frenadeso).

Hubo negociación

Vale indicar que previo al lanzamiento, el Miviot realizó un censo en los asentamientos que luego fueron desalojados. Estos fueron Cristo Rey (120 familias aproximadas), Nueva Visión (180), La Hacienda (130), Alta Brisa (40) y Alto Norte (28).

Ya en marzo pasado, se había instituido en el Miviot la Mesa Interinstitucional de Negociación, que venía abordando las solicitudes del Mocuna, que planteaba la legalización de las comunidades desde 2015.