Semana de tensión

El coctel de protestas que se espera para la próxima semana tensará nuevamente el ambiente nacional. El escenario sigue complicado en la lucha de poder que mantienen los órganos del Estado (Asamblea Nacional, Ejecutivo, Judicial) y recientemente asomó la nariz el Tribunal Electoral. Todo esto se complica por la cercanía de las próximas elecciones generales y el desgaste de un gobierno a un año de abandonar el poder.

Dos frentes gremiales medirán fuerzas con la empresa privada y el Gobierno: el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) con la Cámara de la Construcción (Capac); y el Frente Amplio de Colón (FAC) con el Gobierno. Aunado a esto, el 27 de abril, los maestros concentrados en la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE, el movimiento más nutrido del sector) calientan motores con una marcha para exigir la inversión del 6% en el sector y condiciones aptas en infraestructura escolar y alimentación.

Tanto el FAC como los profesores reclaman entre sus consignas que no están siendo escuchados por los representantes del gobierno. El primero tiene una serie de alegatos en torno a la mesa de negociaciones que instaló el presidente Juan Carlos Varela después de la huelga, a principios del pasado marzo.

No hay que olvidar que entre el FAC y el Suntracs prevalece un lazo de solidaridad. El FAC nació de dos sectores del movimiento sindical: Frenadeso (un brazo político del Suntracs) y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato). A pesar de las diferencias que los dividían, unieron fuerzas en 2012 en rechazo de la mal llamada, pero mejor conocida ‘ley chorizo', que trató de imponer el entonces presidente Ricardo Martinelli. Desde allí, no es raro ver alianzas en tiempos de protestas.

SUNTRACS PRESIONA

El Suntracs medirá fuerzas con la Capac desde el 18 de abril a las 7:00 a.m., con un llamado a huelga nacional que pretende un aumento de 60% del salario y la exoneración del pago de impuesto sobre la renta.

EXIGENCIAS

Educadores llaman a marcha

La Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) hizo un llamado a marcha para el 27 de abril, partiendo desde la Escuela República de Venezuela hasta la Presidencia de la República. Los educadores buscan que con esta medida de protesta el gobierno ponga atención a los problemas de educación que engloban tecnología, infraestructuras adecuadas, insumos, una red de nutrición estable, y mejorar la situación sanitaria de algunas escuelas.

Los profesores argumentan que tienen voluntad para apoyar a la toma de decisiones con el Ministerio de Educación (Meduca), buscar soluciones viables entre la institución y los profesores, pero afirman que no se sienten escuchados debido al distanciamiento que ha ocurrido en las mesas de negociación con el Meduca.

Juan José De La Lastra, secretario General del gremio, se queja de la falta de acción del Meduca: ‘Mientras no existan políticas públicas, estaremos en el mismo escenario cada quinquenio'. AEVE argumenta que han entregado al presidente y a la ministra de Educación, Marcela Paredes, propuestas basadas en estudios técnicos que no se han tomado en cuenta.

Meduca no se opone a la medida de protesta fuera del horario escolar. Con respecto a la designación del 6%, Meduca alega que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas dar respuesta.

A la Cámara de Comercio le preocupa la calidad de la educación del país y su impacto en directo en la competitividad. Esto, dice su vocería, ‘se evidenció a finales del año pasado cuando caímos ocho puntos en el ranking de competitividad que presenta anualmente el Foro Económico Mundial. El estudio se centra en la medición de doce pilares. De esas grandes variables, las que más lastran a Panamá son la educación superior y capacitación, la salud y educación primaria, así como la eficiencia laboral, ocupando la posición 88, 79 y 76, respectivamente, entre 137 economías evaluadas'.

Capac y Suntracs han llegado a un punto crítico en las negociaciones después de seis meses de diálogo.

Eduardo Rodríguez, director general de la Cámara de la Construcción y vocero de la mesa negociadora, prevé una huelga larga y espinosa con el Suntracs, porque la propuesta de la Cámara dista mucho de las expectativas de los líderes sindicales. En esta relación contractual, el Ministerio de Trabajo solo es un mediador, con la atenuante de que el Gobierno teme por la fuerza que tiene el sindicato en las calles.

Rodríguez explicó que durante estos meses de conversaciones se restituyeron 150 cláusulas, elementos conceptuales de la convención, días libres, relación laboral integral y con Capac, etc. Eso se superó sin mayores inconvenientes. Pero después se puso crítica la discusión, en lo referente a los salarios y las cláusulas indirectas. ‘El sueldo de un ayudante general es de $771, pero sobre eso les dan otras prestaciones que alcanzan los $1,350. El obrero calificado recibe mensualmente un salario de $1,165 y con las prestaciones es de $2,100', describe Rodríguez.

Con el aumento, en medio de una industria en decrecimiento, el salario de un peón alcanzaría los $2,200 y el de un obrero calificado, los $3,355.

‘En la convención colectiva lograron un incremento de 32% en cuatro años, y eso tenía como justificación que la industria estaba en pleno desarrollo, había un número importante de macroproyectos y las empresas habían elevado el precio de los trabajadores respondiendo a la oferta y demanda. Sueldos por encima de la convención colectiva', añadió Rodríguez.

La actual es una época distinta. La industria está a la baja porque el número de trabajadores es menor. Los préstamos para compra de vivienda se han reducido sensiblemente; el precio de los materiales de construcción ha subido y los indicadores vaticinan que la industria continuará en descenso con una sobreoferta de inventario.

Rodríguez se pregunta si un peón está mal pagado con $800 al mes, más prestaciones, o si un obrero calificado está mal retribuido ganando más que otras profesiones.

Hay otro elemento a tomar en cuenta. Históricamente, la industria ha tenido la capacidad de trasladar el aumento al consumidor. Pero en esta ocasión, el costo de la vivienda sería imposible. ‘Nosotros estamos dispuestos a hacer un ajuste que saldrá al calor de las negociaciones', dijo Rodríguez, sin especificar una cifra.

‘En una huelga todos pierden, pero acceder a las exigencias del sindicato es asfixiar al sector, la idea es dar un incremento cónsono', concluyó Rodríguez.

El Suntracs se nutre del 2% de todos los salarios de sus miembros. Además, en proyectos calificados como ‘megaproyectos' los obreros reciben un 11% de incremento al salario regular. Por tanto, el sindicato recibe una mayor entrada.

Una mirada a los ajustes anteriores históricos revela un 1.5% a 2% anual al salario de los trabajadores, según las convenciones verificadas.

ATLÁNTICO AGITADO

La queja principal que tiene Edgardo Voitier, coordinador del FAC, es que el Gobierno no tiene voluntad de arreglar la situación en la provincia.

Para el jueves 19 de abril convocaron una huelga general por 24 horas que contempla una movilización masiva, pero pacífica. Según Voitier, la contraparte no accede a establecer en blanco y negro un decreto ejecutivo y/o ley con las medidas a tomar en Colón, a fin de lograr continuidad de los planes adoptados.

Desde la paralización de principios de marzo pasado, el gobierno instaló varias mesas para solventar los puntos críticos: educación, salud, desempleo —a causa de la caída de la Zona Libre de Colón, que prescindió de 16 mil empleados—, transporte —relacionada a carreteras y la terminal de buses que se encuentra en mal estado— y la mesa de rehabilitación. En fin, ‘una variedad de asuntos que van más allá de la renovación urbana', señala Voitier.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, apela al diálogo como mejor herramienta para alcanzar consensos. El problema es que los colonenses no le creen, porque dicen que los hechos no son cónsonos con las intenciones de Alemán.

‘El gobierno no tiene voluntad para disponer recursos; se requieren al menos $200 millones en inversión', dijo el dirigente colonense.

Aun así, insiste en que no se irán de la mesa de negociaciones. ‘Ayer nadie del gobierno llegó, en cambio hablan de reprimir con energía la huelga y mantener los puentes de diálogo abiertos. Nosotros queremos quedarnos con hechos; hoy tenían que instalar la mesa de transporte y no han venido. A este gobierno uno lo entiende con los hechos, no con las palabras', indicó.

Alemán no respondió las llamadas de este diario, pero recientemente su despacho emitió un comunicado tratando de disuadir la huelga proponiendo un diálogo.

Con la medida de fuerza, los colonenses pretenden que el gobierno comprenda que ‘esta vez el pueblo no se dejará engañar, o permitirá que se dilate la situación'.

Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, esgrime que este tipo de acciones tienen consecuencias.

‘Colón debería continuar el diálogo para no afectar el clima de negocios', planteó.

Se tiene que llegar a un punto medio entre Capac y Suntracs para que los incrementos sean razonables. ‘Siendo un año preelectoral, este tipo de negociaciones afecta porque estas protestas tienen un matiz de no solo una solicitud de ajustes, sino de generar inestabilidad política', concluyó Cotes.