MEF pide analizar bien proyecto que penaliza la evasión

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió ayer que solicitar que se eleve de $300.000 a $500,000 el monto de defraudación fiscal para ser considerada como delito penal, en el proyecto de ley 591, ‘no demuestra seriedad en combatir el blanqueo de capitales'.

El MEF reaccionó de esta manera luego de que la Cámara de Comercio, Industrisas y Agricultura de Panamá (CCIAP), sugiriera elevar el monto a $500.000 para que sea constituido como delito de defraudación fiscal.

En tal sentido, el MEF instó a considerar todos los esfuerzos que como Gobierno y sector privado se han invertido en buscar documentos robustos en torno a los proyectos de ley 591, que busca convertir en delito la evasión fiscal, y el proyecto 692, que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de la República de Panamá, que ya se encuentran en discusión en la Asamblea Nacional.

‘Existen pocas diferencias de opinión entre lo que los gremios esperan, pero consideramos que la ley que busca criminalizar la evasión fiscal promueve la transparencia, que es fundamental para elevar nuestra institucionalidad en el pago de tributos al Estado.

Igualmente, constituye un compromiso o deuda de Panamá con la comunidad internacional', manifestó Eyda Varela de Chinchilla, titular del MEF.

En una nota de prensa de esta entidad, divulgada ayer, se indica que las penas propuestas, se basan en un monto de defraudación por $300,000, mientras que en otros países se establecen montos aun más bajos, con más alcance a la población. Comparativamente hablando, más alta que Suiza.

Este solo hecho excluye a la mayoría de los panameños, puesto que evadir impuestos en $300,000 por año es una condición de muy pocas personas, asegura el MEF.

‘Igualmente, hay algunos puntos que a los gremios les gustaría sean modificados, lo cual debilitaría el proyecto de ley a tal punto que ya el objetivo de la misma se perdería, Panamá necesita una propuesta robusta.

El Ministerio de Economía y Finanzas reitera que la propuesta presentada y aprobada por el Ejecutivo, a finales de 2017, ha sido ampliamente debatida, por más de un año y cuatro meses antes de ser presentada al Consejo de Gabinete en 2017; y nueve meses después de su presentación, durante el año 2018.