La frustración de Ricardo J. Alfaro

El 60 aniversario de Declaración Internacional de Derechos Humanos, este 10 de diciembre, es la ocasión ideal para recordar los aportes de uno de los hombres más ilustres que haya tenido la República de Panamá, el abogado Ricardo J. Alfaro.

Fue Alfaro quien, como delegado de Panamá ante la primera Asamblea General de las Naciones Unidas, en San Francisco, 1945, pidió la palabra para proponer verbalmente a la naciente organización que se adoptara una convención que obligara a los países miembros a reconocer y respetar los derechos de sus ciudadanos.

Con las heridas todavía sangrantes del genocidio de judíos realizado durante la Segunda Guerra (1939-1945), la idea fue acogida con interés y asignada al Comité de Derechos Humanos, presidida por la exprimera dama estadounidense Eleonor Roosevelt.

Se necesitarían tres años de discusiones para que esta pudiera ser aprobada en la Asamblea General en París, 1948, por 48 votos a favor y ocho abstenciones. En su forma final, el documento incorporaría la mayor parte de las sugerencias incluidas en el borrador presentado por Panamá en 1946.

‘La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana', decía el primer párrafo del documento, que sentaba el espíritu de la convención que ha sido traducida a más de 500 idiomas.

HOMBRE UNIVERSAL

Es probable que las Naciones Unidas ha tenido pocos delegados de la talla de Ricardo J. Alfaro. Al inaugurase el organismo en 1945, él era ya un consagrado abogado de 60 años, que había sido presidente de la República (1931 – 1932), embajador de Panamá en Estados Unidos (1922-1930 y 1934-1939), negociador de los tratados del Canal y uno de los tres redactores del borrador de la Constitución panameña de 1946 .

Como un reconocimiento a su capacidad, la organización lo nombró en 1948 miembro permanente de la importante Comisión de Derecho Internacional, desde la cual continuó haciendo aportes significativos al cuerpo de justicia internacional: la Convención contra el Genocidio, los principios de Nuremberg, la Juridicción Penal internacional (antecedente de la Corte penal internacional, creada en 1998) y la Definición sobre Agresión (1954).

En 1964 Alfaro culminaría una larga y exitosa carrera como magistrado en la Corte Internacional de la Haya (1959 – 1964), de la cual llegó a ser vicepresidente. Es uno de los pocos latinoamericanos y el único panameño nombrado en esta instancia.

Al final de su vida y como reconocimiento de sus altos valores cívicos y sus servicios a la patria y la humanidad, en marzo de 1970, el Gobierno Nacional lo declaró ‘ciudadano distinguido de la República, en quien se reconocen atributos y virtudes de Hombre de Estado, dignas de servir de ejemplo a las generaciones panameñas del presente y del futuro'.

FRUSTRACIÓN

Pero, el abogado, exministro, expresidente de tantos éxitos y reconocimientos internacionales, guardaba una pequeña frustración, una sana ambición que no pudo concretar: que la organización de Naciones Unidas aprobara su Declaración de los Deberes y Derechos de los Estados.

Este documento, que presentó como anteproyecto ante la segunda Asamblea General de la organización, en 1946, junto con el de los Derechos Humanos, es, de acuerdo con su nieto, Ricardo Alfaro, una versión de esta última, pero aplicable a los Estados.

Su objetivo era, según el propio Alfaro reconociera en la introducción del proyecto, que este documento comprendiera ‘todos los grandes principios de donde emanan los derechos y deberes con que los Estados deben arreglar sus relaciones mutuas', y sirviera como ‘cimiento' para el derecho internacional (ver proyecto completo en el libro Idealismo Universal, de Rafael Pérez Jaramillo).

A diferencia del anteproyecto de derechos humanos presentado a las Naciones Unidas, redactado por el ‘Comité de Filadelfia' —un grupo de 25 juristas de variadas culturas convocados por el American Law Institute— tras dos años de estudios y debates, el de los derechos y deberes de los Estados era producto del sesudo trabajo individual de Alfaro.

Sus 24 artículos fueron tomados de distintas declaraciones, resoluciones, tratados públicos y otros instrumentos o actos multilaterales, sobre todo del sistema Panamericano: la Convención de Montevideo sobre los Derechos y Deberes de los Estados (1933), la Declaración de México (1945), La Declaración de Principios Americanos de Lima (1938), las convenciones y resoluciones de la Conferencia de buenos Aires sobre mantenimiento de la paz (1936) y otros del mundo anglosajón o europeo.

Pero, mientras todos ellos esbozaban complicadas doctrinas y postulados, él las convertiría en un resumen claro y sencillo de derechos y deberes.

‘Lo que quería era consignar de manera específica, concreta, directa y positiva lo que propiamente puede llamarse un derecho o un deber', señaló.

EXPERIENCIA AL SERVICIO D LA HUMANIDAD

Pocos como Ricardo Alfaro tenían la experiencia para reconocer la importancia este documento.

Al momento de la independencia de Panamá, el joven de 21 años se involucró activamente desde varias posiciones a la vida pública para construir los cimientos del nuevo Estado. En 1905 fue traductor de las Cortes del Canal; entre 1905 y 1908 fue subsecretario de Relaciones Exteriores. En 1922 ya era el enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panamá en los Estados Unidos, cargo que ostentaría por primera vez hasta 1930 y que volvería a ocupar entre 1933 y 1936.

Eventualmente, de acuerdo con Rodrigo Miró (Revista Lotería No. 184), se convirtió en ‘el que más sabía de todo lo relacionado a las relaciones entre Panamá y Estados Unidos'.

Como negociador del fallido Tratado Alfaro-Kellogg, de 1926, y como embajador de Panamá ante Estados Unidos, Alfaro vivió en carne propia ‘la creciente complejidad de la vida entre los Estados', y ante los abusos del Coloso, ‘buscó en la justicia internacional apoyo' para la legítima defensa de los intereses del país (Miró).

Alfaro penetró los secretos de esa especialidad del Derecho, continúa el ensayista e historiador, con ‘el deseo de establecer una política de cooperación y mutuo entendimiento entre los Estados'.

De acuerdo con el doctor César Quintero (Revista Lotería No. 317), la Declaración de Derechos y Deberes de los Estados contenía ‘principios importantes como el de la igualdad jurídica de los Estados, el de la jurisdicción exclusiva, el del arreglo pacífico de las controversias, el de la legítima defensa de los Estados y de la dignidad de oportunidades de los mismos en materia económica', que habrían servido perfectamente a Alfaro en la defensa de los intereses panameños ante instancias de derecho internacional apropiadas.

Cuando el documento fue presentado a sus colegas de Naciones Unidas, obtuvo el elogio de casi todos los sectores.

En julio de 1949, fue aprobado por la Comisión de Derecho Internacional con algunos cambios y presentado a las diferentes delegaciones para que emitieran sus observaciones. Sin embargo, todavía en 1951 los Estados miembros no habían completado sus observaciones, por lo que se decidió posponer la consideración del proyecto.

Esta vacilación para aceptar este documento, de acuerdo con Quintero, ‘demuestra, por una parte, el carácter avanzado de ellos y por otra, que todavía siguen influyendo en los destinos de la comunidad mundial hombres que no han podido colocarse a la altura de los tiempos'.

Quintero predice que los ideales y principios contenidos en proyectos como este llegarán a cristalizar en derecho internacional positivo ‘el día que prevalezcan en el mundo los dirigentes capaces de pensar y de sentir en función universal'.

‘A ese día se han adelantado hombres como Ricardo J. Alfaro, quienes, por ser educadores natos, poseen el raro don de actualizar el porvenir y de vivir en inextinguible entusiasmo, con la mente siempre abierta a todas las innovaciones constructivas y a todas las inquietudes superiores del espíritu', sostiene el eminente jurista.

Celebremos el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, con la conciencia plena del valor de los aportes de nuestro ‘ciudadano universal'.

‘Alfaro vivió en carne propia ‘la creciente complejidad de la vida entre los Estados', y ante los abusos del Coloso, ‘buscó en la justicia internacional apoyo' para la legítima defensa de los intereses del país'.