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23 de Oct de 2019

Nacional

Magistrado Díaz pide a administradores de justicia mejor balance en sentencias

En una nota enviada a sus colegas, el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, apela a que antes de emitir sentencia se considere el costo al Estado, la proporcionalidad y los escasos programas de resocialización

Aplicar penas menos severas en casos muy puntuales, es lo que sugirió el magistrado Harry Díaz a sus colegas para lograr un balance en la aplicación de sentencias, luego de haber efectuado una gira por los centros penitenciarios La Joya, La Gran Joya y La Joyita.

En una nota enviada ayer a los administradores de justicia penal, Díaz solicitó encarecidamente a sus colegas tomar en consideración aspectos como proporcionalidad, costo estatal por reo y programas de resocialización, antes de emitir sentencia condenatoria.

‘Cuando se escuchan constantemente expresiones como: a Pablo pueblo se le aplica la rigurosidad de la Ley, valoremos las palabras del Santo Padre acerca de Panamá, que es un país ‘noble', no perdamos esta condición. Y para aquellos que nunca faltan y quieran criticar esta misiva, no se trata de no castigar los delitos, sino de darle mejor proporción a los delitos menos graves que puedan hacer la diferencia entre un delincuente de por vida y otro que rectifique los pasos, y esto para beneficio mancomunado de todos, en el aspecto humano y económico', se lee en la carta.

Lo hace a modo de recomendación para atender caso por caso, ‘las causas penales que guardan relación con la comisión de delitos cuyas repercusiones en la sociedad podrían ser consideradas menos lesivas (no contempladas en delitos graves como los que se clasifican contra la delincuencia organizada), pero con una visual macro, que les permita tomar las decisiones más beneficiosas para la sociedad', se lee en la nota.

El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia encasilló en esta recomendación a aquellos delitos que no conlleven afectación a la vida humana, la administración pública y reincidencia, entre otros factores.

Pidió a sus compañeros esforzarse por lograr un equilibrio que permita un mejor balance de la justicia.

En este sentido, invocó la proporcionalidad, una evaluación muy subjetiva de cada juez, que debe contar con un panorama amplio en la administración de justicia.

En este renglón, recalcó la constante crítica sobre la percepción de impunidad para los delitos de ‘cuello blanco' que acaban con la calidad de vida de los panameños, lo que contrasta radicalmente con penas severas para delitos menos graves.

Por otra parte, el magistrado subrayó el costo que representa para el Estado cada sentencia. Así indicó que si se sentencia a una persona a 11 años, ésta representa un costo de $124,465 a razón de $31 diarios.

Aunado a esto, señaló que sólo el 1% de los 16 mil privados de libertad participan en programas de resocialización, ‘por ende, las condenas que pudiésemos considerar excesivas, podrían traer como consecuencia no lograr una verdadera reinserción social, sino el efecto contrario, y muchas veces de forma irreversible', resalta.

Analizó que el problema de la resocialización se debe en mayor grado a una falta de presupuesto del Sistema Penitenciario que no ha permitido contar con mayor personal de custodios para garantizar estos programas.

Finalizó expresando que la aplicación de la justicia restaurativa y la paz social, son el fin ulterior de la administración de justicia, lo que no se logra necesariamente aplicando la mayor cantidad de años en la condena, ni por ello el juez o fiscal son mejores funcionarios'.

‘La constante crítica sobre la percepción de impunidad para los delitos de ‘cuello blanco' que acaban con la calidad de vida de los panameños, lo que contrasta radicalmente con penas severas para delitos menos graves'

HARRY DÍAZ

MAGISTRADO DE LA SALA TERCERA CSJ

========== POBLACIÓN PENITENCIARIA

ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Indican que hasta 2018

había 16,509 privados de libertad.

CONDENADOS

De la anterior suma, 8,597 habían recibido condena

mientras que 7,912 no habían sido juzgados. La sobrepoblación en las cárceles ha sido uno de los principales problemas así como mantener los servicios básicos como sanidad, atención médica y alimentación.