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19 de Nov de 2019

Nacional

Justicia española investiga a FCC por supuestas coimas en Panamá

El magistrado juez, Ismael Moreno Chamorro, investiga los contratos de la Ciudad Hospitalaria y las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá que se otorgaron a la constructora. En España es imputada por blanqueo de capitales y corrupción en transferencias internacionales

La Ciudad Hospitalaria, un proyecto de $517 millones, licitado y adjudicado en la administración Martinelli.Archivo | La Estrella de Panamá

La justicia española acusó a la constructora FCC de pagar $91.8 millones en supuestas dádivas a funcionarios y políticos de Panamá.

El magistrado juez, Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, imputó cargos a la sociedad por corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales. Los supuestos sobornos pagados por la española habrían sido para quedarse con la construcción de la Línea 1 y Línea 2 del Metro de Panamá y de la Ciudad Hospitalaria de la Caja del Seguro Social (CSS), según un auto del juez de la causa.

El documento establece que las sociedades (FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias) constituyeron un consorcio con Odebrecht para quedarse con contratos de infraestructura pública en Panamá. Altos directivos de las constructoras española y brasileña, diseñaron un esquema de corrupción que consistió en sobrecostear el suministro de acero para el Metro.

A través de la sobrefacturación y del aumento en la cantidad del mismo material, se obtuvieron los fondos para pagar las dádivas a empleados y dirigentes políticos. El plan, según el juez, fue financiar la compra de acero de Global Quality Steel, S.A. al productor internacional Gerdau, conociendo FCC que los precios se iban a inflar y sobrefacturar.

FCC a través de su directivo, Julio Casia, participó en operaciones de préstamo, en inflación de precios y en el posterior desvió de dinero a cuentas de Sces Stell y de Odebrecht, para pagar dádivas, según el auto.

En cuanto a los supuestos pagos de sobornos de la Ciudad Hospitalaria, se hicieron a través de sociedades de Cort (Arados de Plata, Cort Bussiness Broker & consultor Inc., External Financial Consultant Inc, Neecel Corp. S .A, Ingeniería de Plata y Fundación MCJJ). Según el documento, todas las compañías del abogado eran offshore, en su mayoría, que transfirieron fondos para pagar dádivas.

La investigación se originó en 2017 por una querella contra un asesor de la constructora Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal, hechos cometidos entre 2009 y 2015 .

A las sumarias se le incorporo información de la Fiscalía de Lugano, que recabó datos valiosos de un banco que advertía de riesgos en las operaciones de personas investigadas que gestionaban cuentas de sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos, sin recursos ni trabajadores, y que ejecutaban un millonario volumen de facturas.

FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por acuerdos suscritos con el abogado Cort para que la constructora se adjudicara obras en Panamá. La constructora aportó 38 facturas y transferencias que suman 82.768.849 euros, que al cambio actual representarían $91.8 millones, entre los años 2010 y 2014, por servicios no prestados, que escondían el pago de supuestas coimas.

Las facturas eran simuladas por “servicios integrales de estudios técnicos, diseño urbanístico y arquitectónico, construcción, financiamiento y equipamiento de la Ciudad Hospitalaria, en Clayton, Panamá ...”.

En el caso del Metro de Panamá, las facturas simuladas describían como servicios ficticios “proyecto de ingeniería de diseño, construcción de obras civiles, instalaciones auxiliares de la Línea y estaciones, suministro e instalación del sistema integral ferroviario ...”. Ninguno de los servicios se prestó y solo se facturaron para obtener los fondos para pagar las coimas, establece el Auto del Juez.

Según el documento, la responsable de asesoría jurídica de la constructora afirmó en su comparecencia a la fiscalía, en julio pasado, que los documentos que adjuntaba a la denuncia habían servido de cobertura formal para la salida de fondos de la compañía a abogado Mauricio Cort como testaferro de (Ricardo) Martinelli, expresidente de Panamá, para pagar comisiones exigidas por este para permitir a FCC operar en el país. El exgobernante, a través de su equipo de voceros, emitió un comunicado desvinculándose de las acusaciones en el extranjero.

Cort, supuestamente, desviaría el dinero a los destinatarios finales, que eran empleados y dirigentes políticos panameños, según el diario El País de España. El desvío de las supuestas coimas se habría hecho a través de sociedades fantasma administradas por directivos de FCC y Odebrecht.

En Panamá, FCC también se adjudicó la construcción del Hospital Luis “Chicho” Fábrega de Veraguas ($142 millones), la sede del Tribunal Electoral ($31 millones) y la rehabilitación del Puente Centenario ($29 millones) entre 2009 y 2014.

La española también construyó el Corredor Vía Brasil (tramos I y II a un costo de $306 millones), que fue objeto de sobreprecios. A la empresa, además, se le adjudicó la Ciudad Hospitalaria ($517 millones) en octubre de 2011, y el gobierno analiza si finalizará dicha construcción con la empresa.

La Estrella de Panamá conoció que FCC intentaba alcanzar un acuerdo de colaboración con las autoridades panameñas. La información que trascendió es que las autoridades barajan aplicarle una multa de $20 millones a la empresa que contrató obras por más de mil millones.

MP imputó cargos a 14 por sobrecostos de FCC

Caso Panamá

Después de conocerse que la justicia española había imputado cargos a FCC, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que establece que imputó a 14 personas en una investigación por supuestos sobrecostos y pago de comisiones ilegales, calculadas en más de $100 millones, en una obra adjudicada a la constructora española FCC.

La oficina de instrucción explicó que se trata de la obra “Diseño, Construcción y Financiamiento del Corredor Vía Brasil Tramo II”, adjudicada a FCC donde se produjo un sobreprecio de $41.7 millones que equivale a un 19.3 %, suma a la que falta agregarle el dinero proveniente del pago de la coima, que superaría los $100 millones. Las acusaciones a las personas imputadas son por delitos contra la administración pública (peculado y corrupción) y blanqueo de capitales".