'La casa se está convirtiendo en el lugar más violento para una mujer'

Dammy Ortega propinaba un golpe atras otro a su pareja, cegado por sus celos maritales. Sus ataques no cesaron hasta que quemar su vagina con una plancha. Esta es una de las 16,851 situaciones que desencadenaron en una denuncia por violencia doméstica, presentadas en el Ministerio Público (MP) durante el 2019 en todo el país.

La región metropolitana es donde más se presentaron los casos en el MP durante el año pasado, desglosándose 3,855 en Panamá, 4, 117 en Panamá Oeste, 1,303 en San Miguelito, y 1,838 en Colón.

La fiscal de Circuito de Familia, María Moreiro explicó a La Estrella de Panamá que al suceder este tipo de hechos los “más importante” es que las mujeres interpongan una denuncia por los actos de violencia “desde el primer momento”.

Moreiro, advirtió que “primero existe la violencia verbal o psicológica y al momento de permitir y de no hacer nada, irá en aumento y puede terminar en un golpe o en un femicidio” aunque “la violencia doméstica no necesariamente termina en femicidio”, matizó

Sin embargo existen querellantes que no continúan el proceso. Existen casos en que la mujer coloca la denuncia y luego se retracta, porque tiene una dependencia emocional o económica.

La exfiscal Superior de Homicidios y Femicidios y actual fiscal superior coordinadora de la sección de Asistencia a Juicio de Delitos Comunes, Maruquel Castroverde, detalló a este medio que “los femicidios íntimos o en contexto de violencia doméstica son los más frecuentes”. Durante los últimos cinco años, se registraron 107 femicidios.

“Se dan pero con menos frecuencia los femicidios no íntimos sexuales. Las víctimas mueren en la dinámica de la violación o con posterioridad porque el sujeto no quiere que lo identifique y acuse”, apuntó Castroverde.

La también escritora confirmó que la espiral de violencia dentro de las relaciones “van desde conductas controladas, es decir hay una escalada de violencia psicológica y física que puede también conllevar agresión sexual”. Luego, agresiones más graves e incapacitantes hasta conducirla al suicidio o provocarle la muerte.

Para la trabajadora social y líder de la organización comunitaria Ni una menos Chiriquí,Yuri Pittí, “la casase está convirtiendo en el lugar más peligroso para una mujer. El femicidio forma parte de un ciclo de violencia repetitivo, los niveles de hostilidad aumentan tanto que se da el delito de femicidio”.

De acuerdo con Pittí, cuando la víctima sufre ataques el Estado tiene tres responsabilidades: la primera, explicó, es ofrecer educación a la mujer y a la población.

“Eso incluye las medidas de protección, implica darle los mecanismos que le ayuden a tener estabilidad emocional y económico para que pueda dejar a l maltratador y por último la certeza de justicia”.

Pittí criticó que existen varios tratados firmados por el país para combatir este flagelo, uno de esos compromisos fue la creación del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), sin embargo “es una institución con recursos muy limitados y ni hablar de las fiscalías de las familias, hay poco personal y pocos psicólogos”.

“Cuando la mujer coloca la denuncia, ¿hay suficientes alberges?, ¿a dónde vuelve a dormir?, ¿se les está brindando seguridad a ella?, ¿es rápida la atención?, ¿existe personal?, son medidas que el Estado debe cumplir”, cuestionó la activista durante una entrevista en las oficinas de La Estrella de Panamá.

El Inamu brinda en todo el país, 1,565 atenciones por violencia doméstica mensualmente. La entidad cuenta con dos albergues y su presupuesto es $6, 267.622.00, el cual se distribuye en $5. 747.864 para funcionamiento y $519, 758.00 en proyectos de inversión.

Panamá cuenta con la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, la cual “adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer”.

Sobre esta norma, Tania Urriola, de la oenegé Fondo de Seguridad Social Mujer y Niñez, criticó que no se cumple. “Hace falta mucho, inclusive se crearon los centros de atención y muchas mujeres desconocen su existencia y otras nos dicen que la atención es deficiente”. No hay recursos para las víctimas y tampoco para los victimarios.

La socióloga Juana Camargo remarcó que el problema “es que aquí no hay atención para los victimarios, Aquí no hay una atención real para que el hombre pueda reeducarse”.

Y el hecho de que la legislación vigente no se pueda aplicar porque el Inamu requiere de recursos para la atención de semejante problema, “estamos hablando de que todo ese machismo está en todo el patriarcado y tiene sus garras en toda la institucionalidad del Estado”.

Para erradicar la violencia hacia la mujer, la abogada Deika Nieto recomendó la creación de centros de atención para las víctimas. “Los presupuestos deben ser adecuados, con actividades adecuadas, que las instituciones no sean tomadas de manera política sino por trabajadores especializados”.

Por su parte, la psicóloga Lesbia González recalcó que el país requiere de “una política criminológica”, que combata la violencia. “Necesitamos mejores personas, con esto se eliminaría el machismo y la violencia hacia la mujer”, afirmó.

La diputada pereedista Zulay Rodríguez impulsa un proyecto de ley que busca “aumentar las penas del femicidio y en la que se incluyen medidas de prevención y en donde la policía incluso deber arrestar al agresor por más de 24 horas para evitar que ese agresor no esté ahí”.

Rodríguez manifestó también que desarrolla “un proyecto de ley que creará un fondo, como un patronato, para los niños que se quedan sin sus madres” víctimas del femicidio.